La ley para erradicación de la violencia contra las mujeres debe ir acompañada de políticas públicas para construir la igualdad entre mujeres y hombres, para que el empoderamiento de las mujeres también elimine la discriminación; declaró la diputada local Nora Lagunes.
Por esta razón Nora Lagunes presentó durante la sesión ordinaria de la diputación permanente una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de actualizar conceptos jurídicos para armonizarlos con los que se han generado en materia de derechos humanos, así como puntualizar las obligaciones que tienen los poderes públicos y los organismos autónomos para avanzar en el logro de la igualdad de género.
Nora Lagunes recordó que la importancia del Poder Legislativo estriba en la generación de normas con perspectiva de género, con las que define el marco de actuación a todas las autoridades para garantizar la igualdad sustantiva.
Dijo que en muchos casos, juezas y jueces reproducen los estereotipos de género, lo que causa daño a las mujeres y atenta contra su dignidad humana, por ello se agregan en la ley las atribuciones del Poder Judicial.
También se enmarcan las atribuciones del Instituto Veracruzano de las Mujeres que, como ente rector de la igualdad, es la instancia responsable de promover la transversalización de la perspectiva de género en todos los organismos públicos y se propone agregar como integrantes del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a la Secretaria de Medio Ambiente y la Secretaria de Protección Civil,
La iniciativa fortalecerá la función de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como institución encargada de la observancia en el seguimiento y evaluación de políticas estatales y se propone una relación de coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, para efecto de que éste conozca de manera directa y puntual, los resultados de la observancia de las políticas de igualdad.
Por último, dijo que resulta urgente que el Poder Legislativo asuma su compromiso de otorgar recursos suficientes a la política de igualdad en el Decreto de Presupuesto de Egresos y que se pidan cuentas al Ejecutivo del impacto que esos recursos tienen en la vida de las mujeres y de los hombres.