• Se tomaría como base el Gasto No Etiquetado del Presupuesto Estatal.
• Se ajustarían los porcentajes para la FGE y el Poder Judicial para no afectar su operatividad.
El diputado José Andrés Castellanos Velázquez presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que modificaría la asignación de los recursos de los organismos autónomos y del Poder Judicial, para que aquéllos sean calculados con base en el Gasto No Etiquetado del Presupuesto de Egresos del Estado exclusivamente.
En consecuencia, también se ajustarían los porcentajes de presupuesto correspondientes a la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial, para que reciban un presupuesto similar al otorgado en ejercicios anteriores, toda vez que disminuirían al ser calculados únicamente en este rubro y no en la totalidad del presupuesto estatal.
Esta propuesta contempla reformas a los párrafos: cuarto del Artículo 10, cuarto de la fracción XXVIII del Artículo 33, tercero del Artículo 60 y cuarto del Artículo 67, todos de la Constitución Política del Estado de Veracruz.
En su discurso, el Diputado del Grupo Legislativo de Morena aseguró que actualmente el cálculo para el presupuesto de los organismos autónomos representa un riesgo para el equilibrio presupuestal de la entidad, toda vez que incluye recursos del gasto etiquetado, los cuales, recordó, tienen un fin determinado.
Castellanos Velázquez explicó que en su iniciativa propone que el presupuesto para estos entes sea calculado a partir del Gasto No Etiquetado, siendo un recurso de libre disposición que puede ser utilizado para cumplir con la operatividad y demás funciones y obligaciones establecidas en la ley.
Actualmente, prosiguió el legislador, la Constitución Política local contempla porcentajes establecidos para la asignación presupuestal de la FGE y del Poder Judicial, por lo que, al tomar como base el Gasto No Etiquetado, se hace necesario establecer nuevos porcentajes, para que sus recursos no difieran de lo recibido en años anteriores, aumentando para la FGE del 1.5 al 2.3 por ciento y para el Poder Judicial del 2.0 al 3.0 por ciento, garantizando con ello un presupuesto suficiente para su operatividad.
Aclaró también que, para el caso de la Universidad Veracruzana, resulta innecesario modificar el porcentaje fijado, pues por mandato constitucional, el monto del presupuesto concedido no puede ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.
Finalmente, dijo que su propuesta está apegada a la realidad de los recursos disponibles del gobierno, garantizando con ello un equilibrio presupuestario, así como el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia que establecen las leyes en materia presupuestal.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Hacienda del Estado, para su análisis y dictamen.
