• Propone la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz modificar Código Penal; contempla prisión y multa económica.
La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 237 del Código Penal del estado, a efecto de sancionar ejemplarmente a las personas deudoras alimentistas que, con el fin de eludir sus obligaciones para con sus acreedores, renuncien a su empleo o soliciten licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio de obtener ingresos.
De acuerdo con su proponente, la Iniciativa plantea adicionar dos hipótesis al tipo penal previsto en el citado artículo. La pena para la persona que realice alguna de estas conductas podría ser de hasta nueve años de prisión y multa de hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), cuando el delito se cometa en contra de sus hijas o hijos, y de hasta siete años y 250 UMAs cuando las víctimas del delito sean personas distintas de los hijos.
La legisladora consideró también como una apremiante necesidad prever como sanción el pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el obligado, aunado a la pena privativa de libertad y la multa ya previstas, a fin de proteger de una manera más efectiva a las familias veracruzanas.
En Veracruz, señaló la integrante del Grupo Legislativo de Morena, la norma debe ser reformada, a efecto de otorgar mayor certeza y seguridad jurídica a las y los veracruzanos y, con esto, garantizar efectivamente sus derechos humanos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanan.
En razón de lo expuesto por la legisladora ante la Diputación Permanente, valoró necesario tipificar las conductas referidas en el Código Penal local, específicamente en el artículo 237, incluido dentro del Título de Delitos contra la Familia, ya que –apuntó- dicho numeral sólo considera la sanción para aquellas personas que “se coloquen dolosamente en estado de insolvencia”.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto, que contó con la adhesión de la diputada Florencia Martínez Rivera y de los grupos legislativos de Morena y mixtos PRI-PVEM y MC-PRD, fue turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
