Por Miguel Varela
• FGR manda oficio “urgente” al Fiscal Manuel Medel Hernández de la Fiscalía Estatal y lo emplaza.
• “No se han remitido a esta Fiscalía General, la información y/o documentación que satisfaga lo requerido por las autoridades británicas de procuración de justicia”, indica el Fiscal Federal.
Miguel Ángel Ortega Sánchez, Fiscal Federal adscrito a la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República reclamó el pasado 12 de marzo de 2020 —a través del oficio No. DEX/0508/2020— a la Fiscalía General del Estado de Veracruz el no haber entregado “la información y/o documentación que satisfaga lo requerido por las autoridades británicas de procuración de justicia”, respecto a las acusaciones en contra de Karime Macías Tubilla.
El documento, sellado de recibido a las 20.55 horas de ese día, indica que esta solicitud es “en seguimiento al expediente de extradición internacional iniciado en contra de Karime Macías de Duarte o Karime Macías Tubilla, quien cuenta con orden de aprehensión decretada por la Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, dentro de la causa penal 150/2018, por su probable intervención o participación en la comisión del delito de fraude específico”.
La FGR le dice a Manuel Medel Hernández, Fiscal en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito en Xalapa, que sí recibió su oficio número 017/2019 del 4 de febrero del 2020, en donde indica que “se encuentra realizando diversas diligencias”, pero lo emplaza a ese mismo 12 de marzo de 2020, de manera “urgente”, a enviar “datos de prueba que permitan robustecer los hechos delictivos instruidos en contra de Karime Macías Tubilla”.
De manera contundente, el Fiscal federal añade: “Me permito informarle que la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, hizo del conocimiento a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se sostuvo una reunión con funcionarios de la Fiscalía británica, en la cual expresaron nuevamente la necesidad de obtener mayor información y/o documentación que permita lograr con éxito la extradición de Karime Macías Tubilla”.
Karime Macías Tubilla, ex presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Veracruz, ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, se encuentra en manos de las autoridades británicas de justicia, con un brazalete de seguridad, siguiendo el proceso legal, bajo fianza, en su departamento londinense.
La fiscalía británica —indica la transcripción de la FGR— pide “la información y evidencia necesaria para probar una conducta deshonesta” de Karime Macías; “información de cuentas bancarias”; “evidencia que la relacionen con las empresas y con los pagos realizado”; “declaraciones de testigos que la vinculen con la conducta ilícita de la petición, es decir con las empresas, así como con el proceso de otorgar contratos”.
Además, piden información y evidencia para probar que abusó de su posición como presidenta del DIF Veracruz. Con lo aportado la extradición no es procedente, ya que de acuerdo a documentos oficiales y reglamentos es notorio que la señora Macias Tubilla desconocía el mecanismo de los contratos y pagos y aparentemente o legalmente no tuvo vinculación alguna con las empresas fantasmas.
En ese sentido, las autoridades británicas solicitaron el marco legal de funciones del puesto que tuvo la ex presidenta del DIF estatal de Veracruz.
“Hicieron notar, por ejemplo, que la declaración ministerial de Tarek Abdalá Saad no prueba una conducta deshonesta o indebida por parte de Karime Macías Tubilla, pues la única referencia de dicha declaración es que era ella quien en varias ocasiones decidía a quién se le daban contratos y que él, Tarek Abdalá, tomó conocimiento sobre diversas empresas fantasmas”.
“No obstante, indican que la defensa podría argumentar que eso era parte de las funciones de su puesto, es decir, tomar decisiones para realizar asignaciones de contratos, además de que no demuestra que ella no tenía conocimiento de que ‘dichas empresas fueran fantasmas’. En este tenor, cualquier información del marco legal para realizar licitaciones y asignaciones directas que prueben un abuso de su posición, podría ser de ayuda para la Fiscalía británica”, añade el oficio referido.
Además, piden, “clarificar si la persona requerida era considerada ‘funcionario público”. Por ello, la FGR pide “información del marco legal (Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado de Veracruz, Leyes Orgánicas, Leyes que regulan a los servidores públicos, etcétera) que demuestre que Karime Macías Tubilla era considerada un funcionario público con responsabilidades y que demuestre que se trate de un delito y no una extradición por motivación política”.
Información proporcionada a este reportero indica que en ese sentido, las declaraciones bajo tortura realizadas a Juan Antonio Nemi Dib, tampoco acreditan actos delictivos de Karime Macías Tubilla. También, que el amparo presentado por Macías Tubilla contra la orden de aprehensión no acepta como prueba las declaraciones que ante Notario Público hizo el ex director del DIF estatal y los Tribunales no han resuelto una situación que típicamente debería ser resuelta con urgencia, ya que está de por medio la presunción de inocencia y derechos humanos del reclamante.
DIF ESTATAL DICE QUE KARIME NO TENÍA FACULTADES
Ante la presión de la FGR, el Fiscal Manuel Medel Hernández giró un oficio con fecha 13 de marzo de 2020 a la actual administración del DIF estatal que preside la morenista Rebeca Quintanar Barceló, para solicitar que informe a la Fiscalía “si la C. Karime Macías Tubilla y/o Karime Macías de Duarte, quien fungió como Presidenta del organismo descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Veracruz, del periodo que comprenden del 01 de diciembre de 2010 al 12 de octubre del 2016, derivado de su cargo:
a) percibió de dicho organismo descentralizado algún pago u honorarios, por su labor desempeñada durante el periodo antes citado.
b) se proporcione en el marco legal cuáles eran sus funciones o facultades con las que contaba, como parte de su cargo de PRESIDENTA.
c) si la misma derivado de su cargo como PRESIDENTA, tenía la facultad de decidir sobre la designación de contratos o tenía cualquier tipo de intervención en los mismos”.
Le pide que adjunte en su respuesta “las documentales que así sustenten la misma y en caso de no ser posible rendir dicha información, informe a esta fiscalía lo conducente”.
Medel Hernández le da 24 horas al DIF estatal, para responder a esas preguntas.
El 17 de marzo del 2020, la Directora Administrativa del DIF Veracruz, Alicia Corina García Moyano Romero, informa al Fiscal Manuel Medel Hernández, que de acuerdo a su solicitud, durante el periodo que fungió como presidenta del DIF estatal, del 01 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016, Karime Macías Tubilla “NO percibió de dicho Organismo Descentralizado algún pago u honorario”.
Además de exponerle todo el marco legal de sus funciones y atribuciones, indica que “NO tenía facultad de decidir sobre la designación de contratos o cualquier otro tipo de intervención en los mismos”.
De esta manera, la funcionaria del actual gobierno estatal morenista contesta al oficio FGE/FIM/906/2020 en donde Manuel Medel pregunta puntualmente si percibió de dicho organismo algún pago; el marco legal para determinar sus funciones y facultades como Presidenta y si tenía la facultad para decidir sobre la designación de contratos o podía intervenir en los mismos.
TAREK ACUSA DIRECTAMENTE A JAVIER DUARTE
En la declaración ministerial de Antonio Tarek Abdalá Saad, realizada en la Ciudad de México, a las 19 horas con 25 minutos del 23 de mayo de 2018, ante Nely Magali Nabor Alvarado, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Fiscalía de la Unidad de Investigación “A” CGI, e integrada a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0001653/2016, quedó asentado que todas las instrucciones de contratos a empresas y pagos las recibía de Javier Duarte de Ochoa.
En esa declaración —que le valió ser testigo protegido de la FGR—, hasta antes de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz le armara otro expediente y un juez le liberara una orden de aprehensión, por la cual se encuentra prófugo de la justicia, Tarek Abdalá cita por nombre las 32 empresas fantasma que operaron durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y señala el papel que jugaron en la operación financiera Mauricio Audirac Murillo y Juan Manuel del Castillo.
“Igual de ilegal es dar dinero a una empresa real por concepto de un soborno que a una fachada: yo no podía distinguir. A mí no me tocaba cuestionar las instrucciones recibidas al no formar parte del Comité de Adquisiciones. Para realizar pagos no era necesario hacer una revisión exhaustiva de los expedientes. Aunque aquello no era mi responsabilidad, hoy reconozco que pudo haber sido una falla de mi parte”, reconoce.
En la foja ocho de dicha declaración, Tarek Abdalá indica: “Para poder determinar el destino último del dinero, todos los pagos y recursos eran aprobados forzosa y directamente por el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Yo acordaba con él generalmente en las noches y él me indicaba qué transferencias realizar fuera de las cuentas concentradoras. Esto se hacía así ya era más fácil perder el rastro de las operaciones. Además de ese tipo de indicaciones, las instrucciones del Gobernador las recibía personalmente por BlackBerry o por la línea de gobierno que era el teléfono rojo usado para la red de comunicación interna. Es decir, yo jamás decidía qué pagos realizar ni a quién, sino que fungía como un funcionario de tercer nivel que pagaba cuando así se le indicaba”.
NO HAY NADA, DICE CNBV
Sobre las cuentas de Karime Macías Tubilla le correspondió a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales que preside Marcela Aguilera Landeta, realizar las pesquisas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En un oficio de fecha 14 de febrero de 2020, Humberto Ríos Ruiz, Director general adjunto de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, de la Dirección General de Atención a Autoridades, le hace llegar a Marcela Aguilera Landeta fotocopias de los escritos que les dirigieron Scotiabank Inverlat SA y Banco Santander (México) SA, con la respuesta a la información solicitada.
“Asimismo y derivado de la investigación realizada por las instituciones de Crédito y Casa de Bolsa que se encuentran bajo la supervisión de esta Comisión nos permitimos comunicarle que 84 de 86 manifestaron: ‘NO EXISTE INFORMACIÓN’, lo anterior en relación con su solicitud”.
Hasta el 21 de febrero, Marcela Aguilera Landeta le informa al Fiscal décimo segundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la comunicación que le envió Humberto Ríos Ruiz, “a efecto de que dicha información sea agregada dentro de la Carpeta de Investigación número FGE/FIM/CI/45/2017 y sus acumuladas, para que surta sus efectos jurídicos procedentes”, asienta en el oficio No. FGE/FIM/1656/2020.
ESTAMOS TRABAJANDO, DICEN MEDEL A FGR
Para tratar de satisfacer las exigencias de las autoridades de justicia británica y ante la presión de la Fiscalía General de la República, para tratar de sostener estas acusaciones que inició el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, con todo y el montaje mediático de aquella frase que quedó grabada en el imaginario colectivo de Veracruz y todo México, de “merezco abundancia”, el Fiscal Manuel Medel Hernández envió un oficio a Miguel Ángel Ortega Sánchez, Fiscal Federal adscrito a la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR.
Con fecha 17 de marzo de 2020, el veracruzano indica que “en cuanto a la obtención de otras testimoniales, esta fiscalía se encuentra trabajando, en la obtención de más datos de prueba, con el fin de demostrar plenamente, fuera de toda duda razonable, la probable participación de la hoy extraditable, en los hechos que nos ocupan, a fin de acreditar fehacientemente su participación en los mismos, hechos que afectaron gravemente al estado de Veracruz, principalmente a la población vulnerable de nuestro estado, objetivo principal de dicho organismo descentralizado”.
Medel Hernández señala que “muy contrario a lo que pudiera argumentar la hoy extraditable, concerniente, a que no sabía que las empresas que les fueron asignados los contratos que hoy ocupan nuestra atención, eran empresas fachada o fantasmas, lo cierto es que esta fiscalía, en su labor de investigación… les llevó a demostrar que la mercancía que supuestamente fue adquirida por el DIF estatal, por las personas morales PREFACO SA DE CV; ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV; CENTRO DE RECURSOS CERENE SA DE CV; RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV; GRUPO BALCANO SA DE CV Y ANZARA SA DE CV, esta no ingresó a los almacenes de dicho organismo, es decir, no existieron dichas mercancías”.
El fiscal sigue tomando como válidas las declaraciones que realizó bajo tortura el entonces director del DIF, Juan Antonio Nemi Dib. Además, trata de clarificar el carácter de “funcionario público” de Karime Macías Tubilla, fundado en el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el 20 de septiembre de 2016, bajo el número extraordinario 376.
Indica que según testimonios del propio Antonio Tarek Abdalá, “era la propia Karime Macías Tubilla, quien ordenaba priorizar los pagos a las empresas que a la postre fueron declaradas como fantasmas, lo cual hacía, sin existir o dar cumplimiento a la normatividad legal”.
Sin presentar todas las pruebas, solo sosteniendo su dicho, el Fiscal Manuel Medel Hernández concluye su escrito diciendo que su caso no se trata de una persecución política. “Esto no lo es, ya que ha quedado evidenciado, a todas luces, que el motivo de la extradición es porque la misma, cometió un hecho con apariencia de delito, durante su gestión como Presidenta del DIF estatal, durante el periodo que fungió como tal, ya que además no nada más solo son las empresas fantasmas que ocupan nuestra atención en esta carpeta de investigación y sus acumuladas, las que participan en estos atroces hechos, sino que fueron utilizadas un total de aproximadamente 400 empresas fantasmas, todas relacionadas al matrimonio de Javier Duarte de Ochoa y Karime Macías de Duarte”.
UIF: KARIME NO RECIBIÓ TRANSACCIÓN DE DICHAS EMPRESAS
A pesar de lo dicho por el Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera, en el Oficio No. 110/142/2020, enviado a la Fiscalía del Estado, para integrar a la carpeta de investigación, asienta que de las seis empresas fantasmas investigadas, ninguna realizó transferencias a Karime Macías Tubilla.
“En dicho contexto, en cuanto a su petición en el sentido de establecer si dichas personas morales realizaron alguna transferencia o movimiento financiero a favor de Karime Macías Tubilla y/o Karime Macías de Duarte, una vez que se realizó el análisis pertinente se obtuvo que las empresas señaladas no han realizado transacción alguna a favor de la mencionada”.
Aunque la UIF reconoce “un entramado esquema a través del cual se efectuaron operaciones mediante el uso del Sistema Financiero Nacional a través de la constitución de al menos 36 personas morales”, deja fuera a la hoy extraditable, Karime Macías Tubilla.
Con esta información recabada se puede concluir que los elementos presentados no son suficientes para acreditar la deshonestidad ni acreditar que la orden de aprehensión cumpla con la presunción de inocencia, respeto a los derechos humanos y debido proceso.
Karime Macías Tubilla tendría que haber sido citada a declarar como indiciada y no debió negársele el amparo.
Si las autoridades de la Fiscalía Estatal y la FGR no presentan pruebas contundentes, estarían avalando el montaje jurídico iniciado por el ex fiscal Jorge Winckler Ortiz, hoy también prófugo de la justicia.