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Boca del Río, Ver.- El corporativo Wal Mart acusa que el titular de la Procuraduría del Medio Ambiente Sergio Rodríguez Cortés del Gobierno de Cuitláhuac García le exige mas de 10 millones de pesos por concepto de presunta multa y pretende obligarlos a que se adhieran al Nuevo Programa de Certificación Verde y a comprar producto sanitizante que ellos están ofreciendo.
La PMA clausuró diversas tiendas del corporativo Wal Mart, el jueves y viernes, acusando que tiran la basura a cielo abierto.
El organismo reveló a través de un comunicado, que desde el año 2019, Sergio Rodríguez Cortés intenta obligar al corporativo se adhieran al programa de Certificación Verde «un auditoría presuntamente ambiental», que según el funcionario, tiene como propósito preservar el ambiente, pero proponen un pago de 70 mil pesos por cada una de las 110 tiendas del corporativo en el estado de Veracruz.
Como se negaron, Rodríguez Cortés ordenó varias clausuras desde el año pasado bajo el argumento de que estaba prohibido el uso y comercialización de materiales de plástico y unicel, además de un presunto mal manejo de residuos.
La empresa argumenta que no se requiere ninguna autorización especial para que puedan darle manejo a la basura, pues ya cumplen con las normas que se requiere desde que inician.
Lamentan que Sergio Rodríguez se haya molestado por no obtener el dinero, y de inmediato procedió a clausurar SAMS CLUB del norte del mismo grupo, argumentando que no cuidaban las medidas de protección contra COVID19.
También procedieron a clausurar en Boca del Río. Pero no es porque no respeten reglas para evitar contagios COVID, sino porque se niegan a entregar la cifra que les piden por tienda, 70 mil y hasta 100 mil son 110 tiendas en el estado, lo que haría un promedio de casi 10 millones de pesos.
Y amenazaron a grupo Wal Mart con clausurar las otras tiendas de todo el estado, tan solo porque no acatan su disposición de adherirse al nuevo programa de Certificación Verde.
El grupo pide la intervención directa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para evitar que tengan que dirimir esta situación en un tribunal de justicia.
Están dispuestos a llegar a un acuerdo justo para mejorar el trato de los desechos, pero no a pagar la cifra exorbitante que está solicitando el Procurador Estatal del Medio Ambiente pues no le ven alcance a lo que están proponiendo, ni pueden obligarlos a comprar producto sanitizante de ninguna clase. ya que ellos distribuyen productos que reúnen estrictas medidas de calidad y ningún funcionario puede ser vendedor al grupo.
