Veracruz, Ver.- En medio de la reciente polémica desatada por el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de revocar la concesión a la empresa operadora del puerto de Veracruz, surgieron posturas que defienden y critican la gestión de la Administración Portuaria Integral (Apiver) y el correcto funcionamiento de la zona portuaria.
Sin embargo, los servicios de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos fijaron la mira en el puerto de Veracruz, con respecto a su papel y participación en el avance del crimen organizado en el país.
De acuerdo con el informe México: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations, del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en ingles), actualizado hasta julio de 2020, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se hizo con el control de la zona portuaria, desde su llegada al estado de Veracruz.
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El Servicio de Investigación del Congreso es un instituto de investigación de políticas públicas que se encarga de recabar e interpretar datos referentes a temas políticos y de seguridad interna e internacional, para informar a los miembros del Congreso de Estados Unidos.
El informe del CRS recoge datos del grupo de inteligencia geopolítica Stratford, que en su reporte Tracking Mexico Cartels de 2017, indicó que el CJNG obtuvo el control del Puerto de Veracruz en el Golfo de México, además de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico.
El control de dichos puertos, le da al Cartel de Jalisco la oportunidad de ingresar al país, desde China, los precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, así como otras drogas provenientes de países de América Latina.
El CJNG, se lee en el informe, es conocido por el gran volumen de drogas que trafica dentro del país, pero en especial hacia el norte de la frontera; las sustancia que este grupo mueve son el fentanilo, metanfetaminas y heroína.
De acuerdo con el reporte, las organizaciones mexicanas del narcotráfico representan una amenaza al país norteamericano, debido al alcance transnacional que tienen sus actividades delictivas.
“Para entender mejor el alcance internacional del CJNG, es importante considerar primero su expansión dentro de México”, dice el informe.
El documento explica que el grupo delictivo inició una campaña de expansión acelerada, luchando en varios frentes contra diversos grupos de la delincuencia organizada: En Veracruz, Tabasco y Guanajuato contra Los Zetas y el Cartel del Golfo, y contra el Cartel de Sinaloa en Chihuahua y la península de California.
GOBERNADORES CORRUPTOS
“El involucramiento criminal de gobernadores estatales con los grupos del narcotráfico y otros delincuentes es una ventana hacia la extensa corrupción en los niveles de gobierno y entre los partidos de México”, dice el documento del organismo.
El reporte del gobierno norteamericano indica que la colusión de al menos 20 gobernadores, varios de ellos afiliados al PRI, estuvieron bajo investigación o llegaron a la cárcel en 2018, tras ser hallados culpables de lavado de dinero y conspiración criminal.
Entre ellos, menciona a Javier Duarte de Ochoa, quien fue arrestado en Guatemala y extraditado a México en 2017, y que durante su mandato los casos de desaparición forzada en la entidad fueron más de 5 mil.
La información de inteligencia estadounidense se liga a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde hace unos días lleva a cabo una campaña de declaraciones con respecto a presuntas anomalías en el Puerto de Veracruz.
El martes 18 de agosto, el presidente indicó que buscarían revocar la concesión del Puerto de Veracruz a la empresa paraestatal Apiver, la cual tiene el control administrativo del puerto hasta el año 2094.
Mencionó que la concesión a la empresa del gobierno es una simulación, y que la pone en manos de particulares por un siglo.
Las declaraciones del presidente Andrés López Obrador fue criticada fuertemente por legisladores federales y organismos empresariales de la ciudad de Veracruz; la Coparmex, por ejemplo, lanzó una campaña viral en redes sociales denominada “Con el Puerto No”.
El presidente de la Coparmex en Veracruz, Alberto Aja Cantero, lamentó la postura del presidente porque el anuncio causaría incertidumbre entre los inversionistas, por lo que pidió actuar en caso de detectar actos de corrupción, pero sin causar afectaciones a la operación del puerto.
ASESINATO LIGADO AL PUERTO
El viernes 21 de agosto, Rodolfo Pallares Herrán, contraalmirante de la Secretaría de Marina y exdelegado de Tránsito en Veracruz, fue asesinado a balazos mientras circulaba en su vehículo por calles de Boca del Río.
El lunes 24, durante su conferencia matutina, el presidente volvió a tocar el tema del Puerto de Veracruz y añadió que el crimen del contraalmirante se debió por las anomalías que, acusa, plagan a la zona portuaria.
Indicó que Pallares Herrán trabajaba en una de las empresas contratistas en el puerto y que el crimen está ligado a que ahí suceden “otras cosas”.
Otro caso relevante que involucra a un grupo criminar y un empleado portuario ocurrió el 1 de junio del 2009, cuando el administrador de la Aduana Marítima de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, fue privado de su libertad en pleno centro de la ciudad.
El funcionario del entonces gobierno de Felipe Calderón fue interceptado por elementos de Tránsito del Estado, según lo difundido en un vídeo de seguridad de cámaras instaladas en el puente Morelos. Desde entonces se desconoce su paradero, pero el hecho fue atribuido al grupo de los Zeta.
López Obrador ha declarado en varias ocasiones que las investigaciones para conocer a fondo la situación del puerto, si situación con respecto a las concesiones y las actividades que suceden dentro de la zona, llegarán hasta las últimas consecuencias.