Con información de Dulce Olvera y Samantha Macías Lagunas.// sinembargo.mx
El médico de profesión se convirtió en el rostro público del movimiento de las autodefensas en Michoacán, esta tarde, a días de la detención del General Salvador Cienfuegos, opinó: “Luchábamos contra el mismo Estado”
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- José Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas en Michoacán, aseguró que durante su lucha contra los cárteles del narcotráfico en la entidad también luchaba ante el Estado mexicano.
El señalamiento del también médico surge luego de que se diera a conocer la detención del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) con Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Zepeda.
Mireles recordó que su detención se dio con el pretexto de recuperar el municipio de Lázaro Cárdenas para liberar el puerto en favor de quienes traficaban droga y minerales. Mireles pasó dos años y 11 meses en prisión federales, luego de que se le acusara de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Fue hasta el 2017 cuando logró su libertad bajo fianza, y el 17 de julio de 2018 obtuvo su libertan absoluta.
El médico de profesión se convirtió en el rostro público del movimiento, que tuvo su origen en el municipio de Tepalcatepec, y se vio enfrascado en una serie de polémicas con otros integrantes del grupo, por lo que fue apartado del mismo.
Mireles decidió un 24 de enero de 2013 tomar las armas desde su rancho en Michoacán. Harto de que el cártel de Los Caballeros Templarios, derivado de La Familia Michoacana, les quitara sus cosechas, violara a sus hijas y esposas; armó a los suyos y emprendió una marcha pueblo por pueblo para expulsar a los criminales.
Ni las autoridades locales, altamente corrompidas; ni la Policía Federal, y ni aun el Ejército mexicano había logrado lo que un sólo hombre, el doctor Mireles, logró: unir a la gente de bien para enfrentar a los criminales.
Pero la rebeldía de Mireles se extendió, según algunos observadores, más de la cuenta. Un día decidió no desarmarse como se lo exigía el Gobierno federal, y eso le trajo la desgracia.
El 27 de junio de 2014, elementos federales lo detuvieron cerca del Puerto de Lázaro Cárdenas y lo acusaron de distintos crímenes, entre ellos el de posesión de droga.
A la par, las autoridades federales, encabezadas por el excomisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, montaron una campaña en contra del líder de las autodefensas.
Por ejemplo, Castillo acusó a Mireles de pensar en “tomar Morelia, después el país y después América Latina”.
El excomisionado dijo que Mireles empezó a actuar por él mismo, sin consultar a las autoridades. “Confundieron la confianza en las instituciones”, refirió Castillo esta mañana.
Mireles pasó meses incomunicado. Su primera abogada, Talía Vázquez, dijo en aquel momento que sus derechos fueron violados y que la droga que las autoridades dijeron encontrar en su camioneta fue colocada ahí ex profeso.
Para muchos fue una venganza del Gobierno por no someterse a sus exigencias. Muchos consideraron inverosímil que Mireles, quien se levantó contra un cártel de las drogas, ahora traficara.
Activistas, legisladores y distintos miembros de oposición consideraron siempre a Mireles un preso político, por su negativa a inclinarse a Alfredo Castillo, un funcionario leal al Presidente Enrique Peña Nieto, lo mandó incomunicado a una prisión federal después de ser públicamente humillado: se le rapó y su foto fue difundida.
Durante casi un año, las fuerzas de seguridad federales dejaron actuar a los grupos armados pero después de que el presidente Enrique Peña Nieto iniciara un gran despliegue en el estado para intentar recuperar la calma, el gobierno —que incluso había realizado operativos conjuntos con las autodefensas— inició un proceso de legalización para que pudieran seguir portando armas y combatiendo al narco de forma legal y controlada.
Parte de las autodefensas aceptaron pero otros, entre ellos el médico armado, se negaron a integrar el nuevo cuerpo de policía rural creado en mayo de 2014 con el argumento de que no eran confiables. Entonces, las autoridades iniciaron una serie de detenciones de quienes no aceptaron regularizarse, entre ellas la del médico. En 2015 había unos 300 miembros de las autodefensas encarcelados en Michoacán.
El médico y sus seguidores denunciaron entonces que las fuerzas federales ya no estaban luchando realmente contra el cartel de los Templarios y que se habían aliado con criminales para aparentar que apaciguaban el estado. La violencia en Michoacán vinculada al crimen organizado ha continuado desde entonces.
CASTILLO, EL VERDUGO
Alfredo Castillo fue nombrado, en enero de 2014, Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. El funcionario llegó a esa entidad en medio de una crisis de inseguridad, que el gobierno del entonces Gobernador Fausto Vallejo Figueroa fuera incapaz de frenar, detonada por los enfrentamientos entre grupos de autodefensas y el cártel de “Los Caballeros Templarios”.
Su arribo a Michoacán, significó el punto más alto de su carrera: Alfredo Castillo tenía como enmienda pacificar una de las entidades más violentas del país. Sin embargo, su salida de la entidad fue más un “rescate” del Gobierno federal, que la finalización de una gestión productiva.
Como comisionado, Castillo Cervantes se vio inmiscuido en más de lo que aparentaba su cargo. Grupos del crimen organizado estaban haciendo del estado una guerra civil entre bandos del crimen con grupos de autodefensa que pronto se unieron para conjugar otro grupo de choque. Unos, los buenos, protegían a los habitantes de los poblados arrasados por el hambre y la violencia desmedida, el otro, formados por las células diseminadas por los cárteles de la droga, se mantenían inamovibles, pues su principal fuerza, según afirmaron los propios habitantes, era el Gobierno estatal.
Después de haber dimitido como sacerdote de La Ruana, Michoacán, el sacerdote José Luis Segura Barragán, acusó al ex Comisionado de haber legalizado a los grupos delictivos para operar en la zona, tal como fue el caso del cártel de “Los Caballeros Templarios”.
A principios de 2013, el doctor Mireles Valverde se levantó en armas para echar a los “Caballeros Templarios” de Michoacán. A la llegada del Gobierno federal a la entidad, Mireles y grupo colaboraron para recuperar territorios en manos del crimen organizado, pero no aceptó pegarse a la Fuerza Rural que proponía el entonces Comisionado federal Alfredo Castillo. Lo que, para muchos, le costó la prisión en junio de 2014.
Mireles Valverde fue enviado a prisión luego de también haber denunciado públicamente la colusión entre el crimen organizado y el Gobierno priísta de Michoacán, encabezado entonces por Fausto Vallejo Figueroa.
Manuel Mireles, quien fue líder y vocero de las autodefensas en en el municipio de Tepalcatepec, fue acusado por delitos contra la salud y presunta portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
En mayo de 2014 se creó la Fuerza Rural Estatal como parte de un cuerpo de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y se inició el proceso de transición a la legalidad de las autodefensas ciudadanas. No obstante, muchos presuntos infiltrados del crimen organizado se sumaron a este brazo policial: uno de ellos fue Luis Antonio Torres, “El Americano”, o Estanislao Beltrán, alias “Papá Pitufo”, ligados a un grupo denominado como “Los Viagras”.
Hipólito Mora fue quien desde un inicio informó a las autoridades de los posibles nexos entre “rurales” y criminales, pero a cambio obtuvo un enfrentamiento en Apatzingán, en diciembre de 2014. La refriega dejó como saldo 11 muertos, entre ellos su hijo Manuel Mora.
En sus últimos meses en el cargo, Castillo se tuvo que enfrentar a varios conflictos como el de La Ruana, donde murieron 11 personas entre ellas el hijo del fundador de las autodefensas Hipólito Mora, y otro ocurrido en Apatzingán: un enfrentamiento que terminó con 9 personas muertas y señalamientos de detenciones arbitrarias.
Para el 22 de enero de 2015, luego de un año de haber presidido la función, Castillo Cervantes volvió a ser removido de su cargo. Esta vez en medio de una serie de acusaciones por haber cobijado a los cárteles en la entidad y por cientos de reclamos por el encarcelamiento de Mireles. Fue el propio Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien anunció la dimisión de Castillo y la desaparición de la figura del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral.
“Porque es indudable que los logros alcanzados han marcado, como dijo el señor Gobernador [entonces Salvador Jara] un antes y un después, logros que están a la vista de todos y que son reconocidos por los michoacanos, quienes piden que la labor del comisionado en el estado continúe, pero también ha habido voces de distintos partidos, candidatos, aspirantes, que de cara al proceso electoral han buscado politizar su permanencia y opacar los resultados, precisamente por ello y porque el presidente de la República confiere la mayor importancia a las instituciones democráticas, a sus procesos y tiempos ha tomado la decisión de que el comisionado Alfredo Castillo concluya su encomienda para incorporarse a nuevas responsabilidades en el gobierno de la República”, dijo en su momento Osorio Chong.
