La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina, A.C., Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A. C. y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., organizaciones peticionarias en el caso ante la CIDH, reconocemos la importancia de la reconsideración del Estado mexicano en torno al caso de la Señora Ernestina Ascencio, pero no en los términos en que lo ha hecho, en primer lugar, porque la Fiscalía General de Justicia de Veracruz ha demostrado encontrarse descalificada para reabrir la investigación entre otras razones, porque es una de las presuntas responsables de las violaciones denunciadas ante la CIDH y porque no garantizó una investigación imparcial, seria, profesional y efectiva. Durante la audiencia del pasado 4 de diciembre ante la propia CIDH, presentamos los aspectos que debe incluir una solución adecuada de este caso, a fin de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición, tanto para la Señora Ernestina Ascencio, como para las mujeres indígenas de México. Es por eso que damos la bienvenida al anuncio realizado el día de hoy por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en el sentido de que la postura adoptada en la mencionada audiencia no representa la posición del Estado mexicano, sin dejar de manifestar preocupación porque durante la audiencia se haya presentado una postura a nombre del Estado sin que fuera tal, lo cual constituye una falta grave ante la CIDH y ante las peticionarias. Por lo que solicitamos una aclaración sobre lo ocurrido y de ser el caso, se apliquen las medidas correctivas o sancionatorias que correspondan. Como fue planteado ante la CIDH en la pasada audiencia, a fin de garantizar la verdad, memoria y justicia, una solución satisfactoria del caso de la Señora Ernestina Ascencio, debe ser integral, que tome en cuenta las diferentes violaciones de derechos humanos que se encuentran bajo examen ante la CIDH y atienda las causas y contextos estructurales que originaron las mismas, como el de la múltiple discriminación y violencias contra las mujeres indígenas, agravadas por el contexto de militarización de los territorios indígenas, implementado con abierta violación del derecho de los pueblos a la libre determinación, en términos del Convenio 169 de la OIT. Por todo lo anterior, exigimos una investigación independiente con cargo al Estado, tendiente a conocer la verdad de lo ocurrido, que identifique a los responsables e imponga las sanciones correspondientes, además de garantizar que no se generen nuevas afectaciones a su familia y a su comunidad. En ese sentido esperamos la nueva posición anunciada el día de hoy.
Bienvenido el cambio de posición del Estado Mexicano sobre el caso de la Señora Ernestina Ascencio, pero no en los términos anunciados el día de hoy
