Raúl Rodríguez Cortés
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está en llamas. Dos chispas prendieron una pradera que se secaba velozmente: 1. Que un juez de Control del Reclusorio Norte ordenase ampliar las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal del magistrado presidente José Luis Vargas; y 2. Que éste llamara “manada” a cinco de sus pares, al referir que como tal votaban las resoluciones de la Sala Superior. Fue así que se prendió un incendio cuyas consecuencias son hasta ahora impredecibles no solo para el Tribunal sino también para el sistema electoral y el Poder Judicial de la Federación (PJF).
En los diez meses que lleva la gestión de Vargas, se han tomado decisiones y resoluciones polémicas que lo confrontaron con los cinco magistrados que el miércoles pasado lo depusieron: Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. Aseguran que si ellos lo eligieron (artículo 99 de la Constitución), ellos lo pueden remover. Vargas aduce al mismo artículo para decir que solo puede ser removido mediante juicio político del Congreso y ya interpuso una controversia ante la Corte. Es claro que no se le destituyó (lo que ameritaría el juicio político), sino que se le removió de la presidencia de la Sala Superior.
En ese mismo periodo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto presentó ante la FGR dos denuncias contra Vargas y su esposa Mónica Bauer (alta ejecutiva de PepsiCo), por operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos de corrupción estimados en más de 140 millones de pesos.
El presidente del TEPJF siempre ha presumido ser cercano a la 4T y se ha escudado en su cercanía con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, cantada relación que no fue suficiente para mantenerlo en el cargo. Además, las investigaciones de la FGR y de la UIF han encontrado ingresos y gastos que faltan por explicar, como la compra de un departamento en Miami y la utilización de empresas en México y Estados Unidos para mover dinero a su familia. Vargas, por lo anterior, es muy frágil ante la presión institucional, lo que lo hacía cómodo para algunos operadores de la 4T, pero muy incómodo para el resto de sus colegas magistrados.
Fue en este escenario que los cinco magistrados rebeldes designaron para presidirlos a Reyes Rodríguez Mondragón, vinculado –según se sabe– al despacho del exsenador panista Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón y exesposo de la consejera electoral Carla Humphrey, ahora prometida del titular de la UIF. Llama la atención que, por otra parte, y en medio de esta crisis constitucional, haya operado frenéticamente el exministro de la Corte José Ramón Cossío, de quien se asegura, quiere organizar desde el Poder Judicial Federal un frente anti-4T.
Durante las últimas horas hay intensas negociaciones para determinar qué sucede con el TEPJF. Fue tema en el desayuno que sostuvo AMLO ayer con el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien después convocó a una reunión a los cinco magistrados electorales que depusieron a Vargas.
Se dijo ahí que la designación de un tercero en discordia podría ser opción para amainar el conflicto. Fuentes que ahí estuvieron aseguran que Zaldívar no ve con malos ojos que Vargas deje la presidencia del Tribunal Electoral, sólo si lo sustituye la magistrada Janine Otálora, quien dimitiera de ese encargo el 23 de enero de 2019, luego de la conflictiva resolución que ratificó el triunfo en Puebla de Marta Erika Alonso, trágicamente muerta junto con su esposo Rafael Moreno Valle en un accidente de helicóptero ocurrido un mes antes.
Pero la situación es tal que, de existir un acuerdo entre la clase política, los siete magistrados electorales podrían ser removidos mediante la reforma en materia electoral que AMLO ha dicho promoverá y para cuya aprobación solo necesitaría unos cuantos votos del PRI o del MC para lograr las dos terceras partes de los votos legislativos necesarios. Por lo pronto, lo que está en juego, no es solo la legalidad y la legitimidad de quienes van a calificar las elecciones del pasado 6 de junio, sino las elecciones del año entrante y la consulta sobre la revocación de mandato del Presidente de la República.
El ministro Arturo Zaldívar ha hecho público que el magistrado Vargas no ha sido alguien de su total agrado, no solo por venir del Cisen, sino por estar vinculado con el exministro Eduardo Medina Mora y por estar inmerso en escándalos de corrupción. A Zaldívar y al resto de los ministros de la Corte no les conviene que siga el desprestigio del PJF, ya que la crisis de marras no solamente podría derivar en la remoción de todos los magistrados del TEPJF, sino también la de todos los ministros de la Corte. En el Palacio Nacional –se dice– hay ánimo para ello y que, si no ha sucedido, es por el respeto que López Obrador le tiene al ministro Zaldívar y a su interlocución con todo tipo de fuerzas políticas y empresariales.
A partir del próximo primero de septiembre vendrán fuertes momentos contra el TEPJF y contra el INE. En buena medida qué suceda con ambos pasará por el presidente de la Corte. Todo está en juego en el TEPJF y en el sistema electoral mexicano.
Instantánea:
¿SINDICATO DE LA 4T? ¿Será que ya se les olvidó a los dirigentes de Morena y a la 4T que Juan Díaz de la Torre y Alfonso Cepeda Salas, del SNTE, apoyaron al candidato José Antonio Meade, a quien le levantaron la mano en público? Estos personajes, que dieron la espalda al magisterio y apoyaron con entusiasmo (y seguro con una valiosa recompensa) la Reforma Educativa de Peña Nieto y aliados, son los mismos que ahora se venden como el “ejército intelectual”, ¿leales y confiables?, de la transformación que busca AMLO. Maestros, pero del trapecio político, ofrecieron millones de votos del magisterio para el proceso electoral de junio pasado para garantizar la mayoría en Diputados de Morena, pero se quedaron cortos, cortísimos.
Lo que sí se sabe es que Nueva Alianza, o lo que queda de esa franquicia, perdió su registro en todo el país y solamente se quedaron con un puñado de posiciones en algunos estados, con las cuales andan tratando de asustar “con el petate del muerto”. Seguramente, volvieron a ofrecer millones de votos para la llamada consulta popular y también vimos los resultados. ¿En dónde quedarían los votos del SNTE? Ahora, el Presidente los quiere sacar de su obscuro e inútil letargo para pedir su apoyo en el sensible tema del regreso a clases de manera presencial, pues son muchos los sectores que se oponen, quizá por desinformación y miedo.
El caso es que entre los maestros no tienen ni el arrastre ni la presencia que dicen tener. El puesto lo mantienen “a billetazos”, pero hasta sus más cercanos ya están buscando salvoconductos para desaparecer de la escena política y desentenderse de las carpetas de investigación que se están preparando y que esperan salir a la luz en el momento justo.
En medio de esto son fuertes las presiones para cumplir con los acuerdos internacionales firmados e iniciar una verdadera democratización sindical. Sería muy bien visto por nuestro vecino del norte que no quita el dedo del renglón.
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