*No ha entregado recursos del gobierno federal aterrizados en abril de este año
Catemaco,Ver/Luís Manuel Toto Polito
Es investigado por la fiscalía general del estado de Veracruz el comisariado ejidal de la localidad de Maxacapan de Catemaco; Marco Antonio Campos Herrera por la comisión de los presuntos delitos de daño patrimonial y fraude, en agravio de siete de 36 de sus compañeros después que no ha hecho entrega de 479 mil pesos a cada uno como parte de una resolución presidencial que el gobierno federal emitio el mes de abril como parte de una indemnización.
Historia
Después que 36 ejidatarios fueron beneficiados con la ampliación de tierras ejidales en 1938, y al no poder entregarseles 8 hectáreas en total, el gobierno federal tuvo que indemnizarlos apenas a principios en este año 2021.
La resolución presidencial
El tribunal agrario número 40 con sede en San Andrés Tuxtla dio a conocer en consecuencia que el pago de la superficie ejidal para los 36 ejidatarios ascendió a 34 millones 500 mil pesos, otorgándoseles en dos anualidades: la primera el día 28 de abril de 2021 por un monto de 17 millones 250 mil pesos, y el resto en el 2022 por una cantidad igual.
Después que se entregó el monto millonario al comisarido ejidal Marco Antonio Campos Herrera, el secretario Leonardo Martínez Bárcenas y el tesorero Maximiliano Gutiérrez el día 28 de abril de 2021, correspondía a las mismas autoridades hacer el desembolso a los 36 ejidatarios beneficiados.
Lo reciente
El pasado mes se agosto inició la entrega de los 479 mil pesos a algunos ejidatarios, sin embargo el comisariado ejidal ha sido señalado de no cumplir con el correspondiente pago a: Leodoro Campos Herrera, Hugo Chontal Hernández, José Luis Domínguez Campos, Rufina Baxin Hernández, Juan Abraham Miros y Víctor Vidal Domínguez. Se han quejado de no o haber recibido ni solo centavo por parte del comisariado ejidal hasta este mes de octubre por lo que se tuvo a recurrír a las autoridades de la fiscalía general del estado abriéndose la carpeta de investigación UAT/D-XIX/F2/732/2021.
El agente municipal de Maxacapan Azael Miros Hernández también ha externado esta inquierud y ha girado un oficio al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador señalando el fraude cometido por el comisariado ejidal Marco Antonio Campos Herrera.
Entre los afectados, resalta la declaración del mismo ejidatario Leodoro Campos Herrera quien reconoció no saber porque el comisariado ejidal ha tomado esa postura de no entregar el recurso económico otorgado por el gobierno federal, siendo que la autoridad ya ha reconocido que el es uno de los beneficiarios.
Por su lado, el señor Hugo Chontal Hernández, también ejidatario, expresó que su estado de salud es delicado debido a tantos problemas que han surgido por este dinero, y es que ha recibido hasta amenzas por parte de otra ejidatarios ya beneficiados y a punto han estado de golpearle.
Norberto Chontal Martínez, otro de los afectados por el comisariado ejidal, resaltó que lo importante es que se entregue el recurso a la brevedad ya después de dos meses no han recibido un solo peso, por lo que pidió que el próximo pago del 2022 se haga de forma individual para que no existan estos problemas.
De acuerdo a los declarantes, el comisariado ejidal ha sometido al pleno del consejo general la votación para la no entreguen de los 479 mil pesos a los siete antes descritos sin que exista una razón real para este hecho, hecho que no se ha consumado gracias a los demás ejidatarios.
Otro factor que debiera investigarse por las autoridades del tribunal agrario es saber que responsabilidad tiene el comisariado por estos hecho, ya que tampoco se ha esclarecido a dónde se encuentra el recurso no entregado del gobierno federal.
Pidieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador observen el desempeño de está autoridad ejidal para revisar su proceder y se logre un final benefico para todos, ya que a nadie conviene convivir en estas circunstancias en una misma comunidad.
Acusan a comisariado ejidal de Maxacapan por presunto daño patrimonial por 3.3 mdp
