Manolo Victorio
Un hombre, una mujer, una persona humana, para alcanzar la felicidad sólo requieren un trabajo que les guste y otra persona que los quiera, diríase la adaptación del concepto clásico, aderezado con la inclusión lingüística que los nuevos tiempos paritarios exigen.
En la vida colectiva, se agregaría que, en aras del bien común, fin de todo gobierno, la población gobernada requiere además una policía que cuide en su integridad física y bienes, que todo veracruzano y veracruzana tenga sus dos vacunas, un hospital a donde ir y su calle pavimentada, su terreno, parcela o lote regularizado y la colonia alumbrada.
Esto es el resultado de la política, el arte de los posible, esto es la gobernanza, alcanzar el bien común en la colectividad; un sano, delicado y frágil equilibrio entre gobierno y gobernados.
Cuitláhuac García Jiménez se permitió una licencia en la severa austeridad predicada por la cuatrote como norma juarista y sacó a su gobierno a una itinerancia festiva que incluyó paseo fluvial por el río Papaloapan a bordo del catamarán ‘El Cuenqueño’ y muestreo en turibús pueblerino llamado ‘El Torito’. ¡Faltaba más!, diríase en el pueblo cuando alguien hace fiesta en ostentación de poder o riqueza material.
El escenario de fiesta jarocha, montado ex profeso en Tlacotalpan, sirvió para que el alcalde saliente, Christian Romero Pérez, efervescente como chambelán en fiesta de quinceaños, ofreciera una bocanada de economía a este pueblo mágico llamado la Perla del Papaloapan, lo que prestadores de servicios y pobladores agradecieron con la puesta en escena del tercer informe del maestro universitario Cuitláhuac García Jiménez.
Más allá del escenario blanquísimo, donde se filmó ‘El coronel no tiene quien le escriba’, adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, está la connotación política.
Una vez hecha la tarea, Cuitláhuac García Jiménez cumplió sus primeros tres años de gobierno en un escenario redondo, inmejorable, con el poder en la mano y la extensión mayoritaria de la cuatrote en municipios, Congreso y demás instituciones que en la letra son autónomas, pero en la realidad reciben luz verde del inquilino de Palacio de Gobierno para operar.
No se mueve una hoja de papel bond en cada oficina del aparato de gobierno en Veracruz sin que Cuitláhuac García Jiménez no lo sepa, diríase en tropicalización del aforismo político o adaptación de las leyes universales.
La fiesta tlacotalpeña tuvo brochazos en las formas con el viejo y detestado sistema priista que campeó en el país por ocho décadas, odiado en forma y fondo, al menos en el discurso, por la cuatrote.
Hubo baño de pueblo, querencia en corto, abrazos, destapes adelantadísimos hacia la enviada presidencial Rocío Nahle García, quien trae los parabienes y la bendición del ‘macucón’ de Macuspana y cuenta con la simpatía alineada y consensuada en carro completo de quienes hoy acompañan a Cuitláhuac García en el gobierno.
Una vez sembradas las posiciones, acomodadas las personas afines en el funcionariado legislativo, judicial y en órganos desconcentrados, el martes 16 de noviembre marca la bisagra sexenal del disfrute de lo ganado, con fiesta y reflectores en la cuenca donde se puede cargar a la virgen y tirar los cohetes de varilla al mismo tiempo que se fuma un puro de Los Tuxtlas.
Cuitláhuac García Jiménez está en su fiesta mientras los adversarios se lamen las heridas y los enemigos se refugian en el anonimato.
La guinda del pastel fue el anuncio de los 135 mil millones de pesos que ejercerá Veracruz para el 2022, un año sin los avatares de elecciones, ida la presión del bicho del SARS-COV2 y la embarcación gobernada.
Se vale hacer fiesta, haiga sido como haiga sido la historia que llevó a la cuatrote a embucharse todas las canicas.
… de otro costal.
En los quehaceres de la vida cotidiana, en el día a día ajetreado en la búsqueda del volován, los porteños se olvidaron de la elección del domingo 6 de junio, jornada en la que casi 6 de cada diez electores sí fueron a la urna, en ejercicio de la responsabilidad de elegir alcalde o alcaldesa para los próximos 4 años a partir del 31 de diciembre inmediato; sin embargo, la certeza de la elección aún no se transparenta legalmente.
Quienes ejercieron su derecho, pero también cumplieron su obligación de depositar su voto en la casilla de Ayuntamiento, quieren que este instrumento valga, que no se escamoteé en triquiñuelas y chanchullos para apropiarse del poder en forma inmoral, a costa de la mayoría de voluntades reflejadas en sufragios.
Los tribunales son las instituciones que califican una elección, le dan certeza jurídica, inapelable del resultado del proceso en el municipio de Veracruz.
Y los tribunales están por emitir sentencias.
Se dice que la justicia a veces tarda, pero llega. El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Exsome Zapata no dejó de luchar por legitimar el voto de la ciudadanía porteña, desde el mismo día de la elección, plagada de irregularidades, intervención, coacción al voto y demás conductas constitutivas de delitos electorales.
El triunfo no se genera en medios de comunicación, ni sembrando de la idea de un falso triunfo en reuniones camarales grupales o académicas, la victoria se sustenta en el imperio de la ley, emanada, aplicada por los tribunales estatales y federales.
El ambiente lo empezó a calentar jurídicamente el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV), quien resolvió este lunes por la noche, fundada la queja – que desde el conteo de la elección de la Ciudad de Veracruz -, presentaron distintos partidos, con respecto a la solicitud de remoción del presidente del OPLE en dicho municipio, Roberto Castillo Gutiérrez.
No es una sino muchas las irregularidades en el actuar parcial de dicho funcionario, pero una muy clara es que ante las ausencias de las actas y paquetes originales, firmadas por ciudadanos y ciudadanas que dieron su domingo en colaboración de la democracia participativa, decidió aceptar copias certificadas que le entregó el PAN, lo que está totalmente fuera del reglamento y desliza la duda razonable respecto a un trastupije fraguado en un bunker de la alianza PAN-PRI-PRD, ‘Va por Veracruz’.
En est callejón jurídico, el OPLE estatal está prácticamente obligado a sancionar, en un plazo no mayor a 10 días, ya que de lo contrario sería cómplice de la parcialidad del funcionario.
Las señales son claras: tiene que transparentar la elección municipal en Veracruz; todo parece indicar que se va cambiar de cancha el triunfo electoral en Veracruz que se pintará de guinda.
Como decía el Tío Santiago cada vez que la duda filosófica carcomía su capacidad de raciocinio lógico y lineal: ¿Serááá?