Un joven de 24 años de edad, preso por el delito de ultrajes a la autoridad, fue hallado muerto en una celda del Centro de Reinserción Social de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, ubicado en la región central de Veracruz.
De acuerdo con los primeros informes de las autoridades penitenciarias, el joven presuntamente se suicidó, según publicó hoy el diario Excélsior.
Según la versión periodística del diario capitalino, el reporte señala que el miércoles la dirección de la penitenciaría informó que habían encontrado al interno colgado con una sábana amarrada a las rejas de la celda donde se encontraba.
El supuesto suicida fue identificado por sus familiares como Lisandro Flores.
DEROGACIÓN INCOMPLETA
Por otra parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, expuso ante el Pleno de la Cámara alta del Congreso de la Unión que la iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García a la LXVI Legislatura del estado de Veracruz para derogar el delito de ultrajes a la autoridad está incompleta.
El ex procurador general de Justicia y ex Jefe de Gobierno en la Ciudad de México hizo las siguientes observaciones:
“El Congreso de Veracruz aprobó una disposición de tipo penal, el de ultrajes a la autoridad, que aquí incluso ya la propia presidenta (Olga Sánchez Cordero) ha referido que sí, ella advierte que puede ser inconstitucional, que la Suprema Corte de Justicia ya lo ha dicho que es inconstitucional y que se sigue aplicando y que hoy ya conocimos que el gobierno de Veracruz está proponiendo su derogación.
“Pero quiero llamar la atención a este Pleno porque esa derogación está incompleta, por la siguiente razón: se está proponiendo derogar el artículo 331, que dice: ‘se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización diaria –fíjense en la descripción– a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas’ (…) Pero sigue vigente el artículo 371 Quinquies que, dice: ‘a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de una institución de seguridad pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas’. Es lo mismo.
“Entonces van a derogar el 331 y va a quedar el 371. La pregunta sería: ¿No lo están advirtiendo porque es que van a dejar que siga vigente una disposición espejo de esta otra que se creó?”.