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Ciudad de México.– Activistas y familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa vandalizaron este miércoles la Embajada de Israel, a cuyo Gobierno exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.
A días del octavo aniversario del hecho, cientos de personas se congregaron frente a la sede diplomática israelí en la capital mexicana, donde realizaron pintas con las leyendas «extradición a Tomás Zerón», «ni perdón ni olvido» y «43».
Aunque la protesta, en la que participaron padres de los desaparecidos, inició de forma pacífica, jóvenes encapuchados comenzaron a pintar las paredes y a golpear las cámaras de seguridad del recinto.
Los manifestantes acompañaron sus reclamos con gritos de «Palestina libre» y «viva Palestina» e, incluso, pintaron «Palestina vive» y «muerte al sionismo» en las paredes.
La protesta paralizó por cerca de una hora el tránsito en la zona de Lomas de Chapultepec, una de las más acaudaladas de la capital mexicana.
México anunció desde septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Pero el proceso se complicó porque ambos países no tienen acuerdo de extradición y The New York Times publicó en julio que Israel desatendió la petición como presunta represalia al voto de México en la ONU a favor de investigar la crisis en Palestina.
Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en octubre el contenido de una carta que envió al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para solicitar la extradición de Zerón.
Esta es una de las protestas con las que activistas y familiares exigen justicia cuando faltan días para que se cumplan ocho años del crimen.
La polémica se ha reavivado este año tras el informe de la Comisión de la Verdad, creada por López Obrador, que concluyó el 18 de agosto que fue «un crimen de Estado», que no hay indicios de que estén vivos y reconoce la participación de elementos de las Fuerzas Armadas.
La comisión rechazó la «verdad histórica», la versión del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
La Administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
