Norma Piña y López Obrador: no son ustedes; es el país, es el Estado…
José Luis Ortega Vidal
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Este martes, el choque entre el poder ejecutivo representado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el poder judicial encabezado por la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, volvió a escalar…
¿Hasta dónde nos puede preocupar, a los ciudadanos y al país, está circunstancia de choque político -al más alto nivel- entre dos fuerzas del Estado, detrás de las cuales sólo está el Estado?
La pregunta, de momento, no tiene respuesta.
Lo deseable es que dicha respuesta nunca llegue.
Para evitar la necesidad de responder a un cuestionamiento de ese grado, la pregunta debería borrarse de la agenda política nacional y guardarse como una mera anécdota.
Ayer, empero, hubo declaraciones cuya fuerza y contexto nos hacen preguntar hasta dónde el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a elevar el nivel de confrontación respecto a la Suprema Corte de Justicia del país, su único contrapeso.
¿Y debemos preguntar, también, hasta cuándo el poder judicial es capaz de reconocer las severas cuarteaduras de su estructura dañada por la corrupción, el clasismo, la impunidad y la deuda histórica con México?
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El subsecretario de seguridad y protección ciudadana, general Luis Rodríguez Bucio, ventiló en la sección Cero Impunidad de La Mañanera, la existencia de jueces que favorecen a delincuentes.
Directamente, el militar adscrito al servicio civil en el gobierno federal dio a conocer una queja contra la Jueza de Distrito en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, por un caso de desaparición forzada.
La víctima es el ciudadano José Francisco “N”, de oficio pepenador, detenido en diciembre del 2018 por elementos adscritos a la escolta del exgobernador Martín Orozco Sandoval.
La jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez “ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco ‘N’”, sostuvo el subsecretario de seguridad.
Añadió: “tenemos el caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, secretaria ejecutiva de disciplina del CJF”.
La ministra Piña y la magistrada Rolón desecharon el 17 de mayo una queja contra la jueza Beatriz Álvarez, quien “ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco ‘N’”, afirmó el general Rodríguez Bucio.
En resumen: la desaparición de un ciudadano de Aguascalientes a manos -presuntamente- de guardias de un exgobernador, estaría envuelta en elementos de corrupción por parte de una jueza de distrito.
Y para el criterio discursivo del gobierno federal, el tema merece ser expuesto a nivel nacional como una prueba contra la mismísima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dada su negativa -y la de una magistrada en cuyas manos está el caso- a la aplicación de una queja administrativa contra la enjuiciadora responsable…en Aguascalientes.
No aparece dato relevante alguno para justificar la exposición del subsecretario de seguridad pública federal en el principal escenario de difusión de mensajes del presidente de la República, de un proceso vivo de aplicación de justicia en un distrito judicial de una entidad federativa, donde interactúan fiscales, abogados defensores, instancias de investigación, querellantes, cuerpos policiacos, para atender las condiciones del destino de una víctima y la determinación de culpabilidad o inocencia de los detenidos o las personas por detener en torno al caso.
Durante su exposición, el general Luis Rodríguez Bucio nos contó frente a la opinión pública del país sobre la detención de cuatro presuntos culpables por este caso de desaparición forzada y añadió: uno de los detenidos se suicidó bajo condiciones de sospecha, en el año 2019.
Etcétera…
Pregunto: ¿Qué tiene que ver la magistrada Lucía Norma Piña Hernández con ese suicidio?
Cuestiono: ¿Desechar una queja administrativa de una jueza federal pone en entredicho el sistema judicial federal de todo un país?
Resulta obvia la construcción de un discurso de linchamiento mediático contra la magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia del País, sea ésta o no eficiente y ética en el desempeño de su labor que no puede visualizarse lo suficiente desde un tema meramente administrativo, cuyo fondo de estricta aplicación de justicia remite a un juzgado distrital.
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El sistema judicial de México en sus niveles estatales y federal está podrido desde hace décadas.
Los juzgados, los juicios, la aplicación y la procuración de justicia apestan, hieden a corrupción e impunidad desde siempre.
Jueces y fiscales nunca han estado a la altura del país al cual sirven, de ahí que tenemos cárceles llenas de inocentes y culpables amparados por la impunidad en la calle.
Todos lo sabemos.
La democracia en México se ha logrado y avanza al margen y a pesar de nuestro sistema de procuración y aplicación de justicia; lo cual la convierte en una democracia coja.
Ahora bien: ¿Tal problemática profunda y de alcance histórico en un país con profundos rezagos sociales, económicos y de justicia, se soluciona con luchas plagadas por intereses políticos?
Ese no es el camino y contra la SCJN, y Norma Piña en particular, se construye un contexto de linchamiento a partir del rechazo -por mayoría de votos de los magistrados- de reformas planteadas por el Ejecutivo y avaladas en fast track por un Legislativo vuelto sumiso y obediente.
Parar la Reforma Electoral “B”, ordenar nombramientos de nuevos consejeros en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), rechazar el llamado “decretazo” por el cual se convierten en asuntos de seguridad nacional las mega obras del gobierno federal, forman una lista de rechazos por parte de la SCJN a propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Frente a ellos, las respuestas han sido verbalmente estridentes y vestidas con acciones que preocupan desde el gobierno federal y gobiernos estatales.
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Recordemos que se ha propuesto modificar la elección de Magistrados del Poder Judicial; pasaría de ser un proceso técnico, judicial y legislativo, para convertirse en una decisión popular y electoral.
El poder judicial realiza un golpe de Estado técnico al frenar obras federales y eliminar la opacidad respecto a los recursos aplicados, se queja AMLO.
Semanas atrás el secretario de Gobierno veracruzano, Erick Patrocinio Cisneros Burgos, patrocinó ataúd y muñeco cadavérico con máscara de Norma Piña en aras del rescate de la justicia para su pueblo -frente a la SCJN- y el presidente aplaudió el mitin que acuerpó aquel acto violatorio de la ley, encabezado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
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Ayer se llevó a cabo la comparecencia del gabinete de seguridad ante la Comisión Bicamaral del Congreso para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.
La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, rindió su informe de trabajo ante diputados y senadores.
La acompañaron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el de Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval; y el de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán.
En ese evento, Adán Augusto López sostuvo:
“No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del poder judicial que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente.”
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Hay muchos más elementos para analizar respecto de la coyuntura actual entre los poderes ejecutivo y judicial en México.
Abundan las declaraciones de funcionarios, propuestas de reformas, intereses electorales de personajes y grupos.
Por lo pronto quedan sembrados los punzantes aguijones de “un golpe de estado técnico”, del cual se queja el presidente respecto a la SJCN y el calificativo de lastre con que el secretario de Gobernación responsabiliza al poder judicial respecto a la impunidad de la delincuencia y la inseguridad en México.
Son señalamientos de calado profundo, con base en información y hechos, sí, pero de un chillante color y peso político, también…
Ambos han sido mensajes fuertes desde el ejecutivo empoderado con el control del legislativo, hacia un poder judicial.
Aguardemos por el diálogo, los planes inteligentes y los resultados desde ambas partes.