López Obrador dejará un país ingobernable. El desastre no se explica sólo por su ineptitud; la suya parece una política deliberada para desestabilizar a la siguiente administración.

Pablo Hiriart

Uso de Razón

Es tal la violencia y su expansión a prácticamente todo el territorio nacional, que el próximo presidente de la República –del color político que sea– estará tentado a seguir el camino de Nayib Bukele para revertir la vorágine criminal que desangra a la nación.

López Obrador dejará un país ingobernable.

El desastre no se explica sólo por su ineptitud, que es real.

La suya parece una política deliberada para desestabilizar a la siguiente administración, si es necesario.

El presidente de El Salvador vio crecer la ola criminal en su país y decretó el estado de emergencia (suspensión de garantías). De tener 108 homicidios por cada 100 mil habitantes, bajó esa tasa a 7.8 el año pasado y a 2.1 en lo que va del actual.

Acabó con los Maras, Barrio 18 y demás bandas criminales.

La extorsión bajó 80 por ciento.

Desde que se decretó el estado de excepción, El Salvador ha tenido 200 días con cero homicidios.

Nayib Bukele es, hoy, el presidente con mayor popularidad en el mundo: cerca de 90 por ciento de aprobación.

Honduras, el tercer país de América con mayor porcentaje de homicidios –después de Venezuela y Jamaica–, es gobernado por la izquierdista Xiomara Castro (esposa del expresidente Zelaya), que llegó al poder con la bandera de “frenar los abusos policiales”. A mediados de junio dijo basta.

Luego de una matanza, se dirigió a la nación desde San Pedro Sula, capital centroamericana del crimen: “He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo, entrenados y dirigidos por los cabecillas del narcotráfico que operan impunemente”.

Decretó el estado de excepción en 16 de 18 departamentos que tiene Honduras. Mano dura.

“En México se necesita hacer lo de Bukele en El Salvador, aunque paguen justos por pecadores, no hay de otra”, me dijo un empresario amigo.

-Y si entre esos justos que pagan por pecadores estuviera tu hijo, ¿también estarías de acuerdo? –pregunté.

Contestó con otra pregunta: “¿Y si tu hijo fuera víctima de la violencia criminal, seguirías oponiéndote a la mano dura?”.

El tema es profundo y no hay salidas fáciles para el descontrol que deja López Obrador.

Bukele y Xiomara Castro pueden tomar medidas duras porque no tienen acuerdos cómplices con los jefes criminales. El gobierno de López Obrador sí.

En México está el caso García Luna –si es que en realidad estaba involucrado en el narco–, pero era un secretario, uno, y no puede hablarse de que “el gobierno” de Felipe Calderón haya pactado con las mafias.

Ahora, en la actual administración, están a la vista los arreglos con los jefes de mafias criminales, que intervienen en las elecciones en favor del partido gobernante, balean a periodistas y opositores.

Hay un cártel favorito, que no necesita mencionarse.

Ni con mano dura ni blanda se les toca.

El cártel rival secuestra funcionarios estatales para obligar al gobierno a actuar contra su cártel amigo.

¿Qué va a hacer el próximo presidente, llámese Xóchitl, Claudia o Marcelo?

Ya no es un asunto sólo de “seguridad nacional”, que para la mayoría de la gente pudiera resultar una abstracción.

Es un problema de seguridad personal y familiar en 81 por ciento del territorio.

La extorsión y el crimen afectan a empresarios y a comerciantes callejeros, vendedores de paletas, niñas que van a la secundaria, jóvenes que con todo derecho se divierten por la noche los fines de semana.

Estamos ante un desastre mayor.

“Démosle una oportunidad a la paz”, decía el propagandista en jefe del gobierno al inicio de la administración, y esa oportunidad fue para los grupos delictivos.

En lugar de mejorar respecto a gobiernos anteriores, vamos peor. Mucho peor, porque el Presidente niega el problema.

¿La opción Bukele, con atención social a los sectores marginados?

Sería terrible lo primero.

En El Salvador había, hace dos años, 40 mil presos. Ahora hay 95 mil. El 2 por ciento de la población adulta está tras las rejas. Y de los reclusos sólo tres por ciento está por delitos de sangre.

Que los militares puedan detener a quien quieran, sin orden judicial, se presta a abusos humillantes que dejan huella de por vida.

“¿Prefieres el abuso de los delincuentes, con miles de muertos, coches-bomba, minas antipersonales –como hay en Michoacán–, degollados y un gobierno que niega la realidad?”, me preguntó ese estimado amigo.

El dilema en que ha puesto a los mexicanos –y a su sucesor (a)– el actual presidente de la República es indeseable en extremo.

Más aún cuando 66 por ciento de la población está descontenta con la democracia, según la reciente encuesta de Latinobarómetro.