Por Hernán Gómez Bruera //eluniversal.com.mx
- El principio de progresividad exige alcanzar una paridad efectiva y real
Una nueva reacción de quienes dominan los partidos políticos —hombres todos— se ha dejado venir desde que un grupo de consejeras del INE planteó que, en la elección de 2024 —en la cual se disputarán nueve gubernaturas—, los partidos deberán presentar cinco candidaturas de mujeres y cuatro de hombres.
No es casual que, una vez más, el rechazo venga de toda la partidocracia (salvo el PVEM), dominada como siempre ha estado por el interés patriarcal.
Su actitud, en el fondo, es muy parecida a la que los coordinadores parlamentarios tuvieron en abril pasado, cuando intentaron aprobar una reforma constitucional que le quitaba al Tribunal Electoral atribuciones para establecer acciones afirmativas, una agenda que le resulta incómoda a esos hombres blancos heterosexuales, de más de cuarenta años, que en general son quienes dominan la política en México.
Dejando fuera la discusión sobre si el INE tiene o no facultades para establecer cuotas (pues no es su atribución interpretar la Constitución), hay argumentos de peso para que, al ser nueve un número impar, se favorezca a las mujeres y no a los hombres, por tratarse de un grupo claramente subrepresentado entre quienes encabezan los gobiernos de las entidades federativas.
En 2019 se aprobó una reforma constitucional en México que estableció un principio pionero y de avanzada en materia de paridad de género en todos los ámbitos gubernamentales y de elección.
En el caso de los congresos estatales, eso implica que el número de legisladoras debía ser el mismo que el de legisladores. En el ámbito de las gubernaturas, sin embargo, el asunto es más complejo por tratarse de cargos unitarios.
Dada la omisión de la mayor parte de los congresos estatales que se han negado a legislar sobre el tema (solo Yucatán, Puebla y Jalisco lo han hecho), a partir de 2021 el Tribunal tuvo que emitir una serie de sentencias para forzar a los partidos a cumplir con el artículo 35, fracción II de la Constitución, donde se establece la paridad en todo.
En 2021, cuando se jugaban 15 gubernaturas, el TEPJF obligó a las fuerzas políticas a postular a siete mujeres y ocho hombres. En 2022, al estar en juego seis, se instruyó a postular tres hombres y tres mujeres. Algo similar ocurrió en 2023, cuando estuvieron en juego dos gubernaturas y los partidos o sus coaliciones tuvieron que postular un hombre y una mujer. En suma, la máxima autoridad en materia electoral hasta ahora ha obligado a los partidos a postular 12 hombres y 11 mujeres.
Siguiendo esa misma lógica, es razonable que para 2024, cuando se disputará el poder en nueve entidades, cinco candidaturas se asignen a mujeres y cuatro a hombres, especialmente porque en 2021 el número impar favoreció a los varones, sin mediar justificación válida. Si ahora se procede a la inversa, llegaríamos a una paridad absoluta en las postulaciones efectuadas desde la sentencia de 2024: 16 mujeres y 16 hombres.
Ciertamente, hay varios criterios a partir de los cuales consejeros, magistrados y dirigentes partidistas han entendido y aplicado hasta ahora la paridad en lo que hace a gubernaturas. Incluso las sentencias del Tribunal en la materia no son del todo consistentes.
En cualquier caso, más que buscar argumentos para ver de qué manera pichicatearle candidaturas a las mujeres, toca favorecer al grupo históricamente discriminado, especialmente porque hoy menos de un tercio de las gubernaturas son ocupadas por ellas, pues tenemos solo nueve gobernadoras en México.
Al final, lo que una acción afirmativa busca es establecer una medida temporal para revertir paulatinamente una situación de discriminación y desigualdad estructural. Lo que busca es compensar a un grupo social históricamente desfavorecido.
En ese sentido, es importante entender que el principio constitucional de paridad, que establece un techo del 50% de candidaturas para un solo género, aplica para los hombres, no para las mujeres, porque estas últimas constituyen el grupo discriminado y subrepresentado. Al mismo tiempo, el principio de progresividad —fundamental en materia de derechos humanos— exige que el número de espacios para ellas se incremente hasta alcanzar una paridad efectiva y real.
Operacionalmente la discusión es compleja y seguramente los actores políticos recurrirán a muchas maromas para beneficiar a unos o perjudicar a otros. Aun así, no hay que olvidar que —pese a todos los espacios que han logrado conquistar las mujeres—, aún están en desventaja. De hecho, aún si las cinco candidaturas a gobernadoras que hoy el INE pretende postular ganaran la elección, no serían suficiente para alcanzar 16, es decir, para lograr la paridad.
@HernanGomezB