El Gobierno argentino publicó este martes un decreto que dispone que no sean renovados unos 5 mil contratos firmados desde enero en la Administración del Estado y la apertura de una etapa de evaluación para definir qué puestos asignados antes de esa fecha serán mantenidos.
El Poder Ejecutivo estableció estas medidas con el fin de lograr “un mejor funcionamiento de la administración pública”, señaló el decreto publicado en el Boletín Oficial.
El Gobierno había anunciado su decisión de recortar la cantidad de personal público poco después de la asunción del Presidente Javier Milei el 10 de diciembre en el marco del plan para educir el abultado déficit fiscal para enderezar la economía y atajar la inflación que se espera que trepe a 200 por ciento a fin de año.
Respecto a la no renovación de las contrataciones, el decreto establece que están exceptuadas aquellas “derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, las del personal que haya estado prestando tareas con fecha previa a enero y haya cambiado su modalidad de contratación y aquel “que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para su funcionamiento”.
Para las contrataciones previas al 1 de enero las autoridades de cada área deberán hacer una revisión exhaustiva y, en el caso de que decidan renovarlas, “deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.
Al mencionar la medida que abarca a la administración nacional y a organismos descentralizados, el portavoz presidencial Manuel Adorni señaló que “hay algo más de 5 mil contratos que son altas del año 2023 que no van a ser renovados y el resto de los contratos entra en un proceso de revisión”.
Desde que el economista ultraortodoxo llegó a la presidencia el gobierno dispuso, entre otras medidas, una devaluación del peso de más de 50 por ciento y el anuncio del despido de empleados públicos, la suspensión de la obra pública y la reducción de los subsidios al transporte y a la energía con el consecuente aumento de las tarifas.
En paralelo, Milei firmó un decreto que apuesta a realizar una profunda reforma del Estado y desregular de forma radical la economía -fuertemente intervenida por el Estado- que ya ha generado las primeras denuncias en contra en el ámbito de la justicia.