Yamiri Rodríguez Madrid//La vuelta a Veracruz en un teclazo
El caso de Diego, un hombre indígena ñuhú de la Sierra Norte de Veracruz, desnuda con crudeza el sistema de justicia que aún en 2025 parece negarse a garantizar derechos elementales para los pueblos originarios. La Fiscalía General del Estado de Veracruz pretende cerrar anticipadamente la investigación por tortura que Diego denunció hace casi dos años, pese a que existen pruebas sólidas, peritajes oficiales y testimonios ratificados que acreditan los hechos.
En mayo de 2023, Diego fue llevado a declarar como testigo de un homicidio. Pero antes de ser escuchado, presuntamente fue torturado por policías ministeriales. Golpes, amenazas y presión para que incriminara a alguien —a quien nunca reconoció como culpable— forman parte del expediente. La declaración fue tomada en español, a pesar de que Diego habla ñuhú.
El caso, acompañado por el Centro Prodh y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, fue denunciado formalmente en junio de ese año. La carpeta de investigación XAL/FIM/FEIDT/219/2023 durmió el sueño de la impunidad por meses, hasta que un amparo judicial obligó a la Fiscalía a moverse. Ahora, sin agotar diligencias fundamentales, la autoridad pretende archivar el caso como si nada hubiese pasado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido insistente en pedir a la Fiscalía que atienda de manera seria y completa sus recomendaciones, pero ha encontrado oídos sordos.
Un reciente ejemplo de esto se dio el pasado 17 de abril. La CNDH emitió la Recomendación 46/2025 a la Fiscalía de Veracruz por rechazar la similar 004/2024, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHV), derivada de la acreditación de irregularidades en la investigación de una persona desaparecida el 13 de junio de 2014. El 12 de mayo de 2021, la persona recurrente había presentado ante la CEDHV escrito de queja por las omisiones y dilaciones de la FGE en la investigación. Al respecto, la CEDHV emitió la Recomendación 004/2024, la cual no aceptó la FGE señalando que los argumentos de esta resolución se encuentran alejados de los principios de la lógica, la experiencia, la legalidad y buena fe. Ante ello, la persona quejosa presentó Recurso de Impugnación ante la CNDH. Pero como esta hay toda una serie de recomendaciones que se niega a aceptar.
El caso de Diego tampoco es un hecho aislado. De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz es el segundo estado con más investigaciones por tortura y el primero en número de víctimas. Entre 2019 y 2024, se contabilizan 2,441 investigaciones y más de 4,000 víctimas. La Policía Ministerial encabeza la lista de autoridades señaladas.
Si la Fiscalía cierra esta carpeta sin agotar pruebas ni brindar una investigación con enfoque intercultural, no solo estará ignorando a Diego: estará enviando un mensaje peligroso de que la tortura sigue siendo tolerada y encubierta por las propias instituciones que deberían erradicarla.
Y eso, en cualquier democracia, es inaceptable. A la Fiscalía veracruzana le gusta vivir en el ojo del huracán.
@YamiriRodriguez
