Jorge Volpi
¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo arribamos a este 1º de junio de 2025 en que México se dispone a destruir su Poder Judicial? Los griegos llamaban kataklysmos arjé al origen de la catástrofe: el momento en el que la rueda del destino se echa a andar hacia la tragedia sin que ya nada pueda detenerla.
En nuestro caso, ocurrió cuando la Suprema Corte bloqueó la reforma eléctrica de López Obrador y continuó haciéndolo con otras de sus iniciativas. En ese momento, el Presidente tomó la decisión más drástica de su mandato: la única forma de transformar a México -de modelarlo a su imagen y semejanza- era concentrando todo el poder, dominando por entero el Estado mexicano como no ocurría desde las más duras épocas del priismo.
Al desechar los últimos resquicios democratizadores de su proyecto, AMLO optó por impulsar un modelo autoritario que, como es costumbre en esta época de newspeak, se atrevió a presentar como una exacerbación de la democracia. Una vez con el control tanto del Ejecutivo como del Legislativo, decidió eliminar de un plumazo los contrapesos que aún lo frenaban: los órganos autónomos y los jueces. La perversidad del ejercicio es inaudita: a fin de dominar no solo a la Suprema Corte -su esquiva antagonista-, sino al endeble sistema de justicia mexicano en su conjunto, el Presidente montó un gigantesco simulacro y delegó en los ciudadanos la tarea de liquidar hasta el menor resquicio de independencia que quedaba en el Poder Judicial.
Su intención nunca fue mejorar nuestro desastroso sistema de justicia: de haberlo buscado, habría contemplado la drástica transformación tanto de las leyes penales como de policías y fiscalías. El que ni siquiera las haya tomado en cuenta delata sus fines: barrer de tajo con la carrera judicial, reticente a su programa, y sustituirla por una masa amorfa carente de cualquier espíritu de cuerpo y, por supuesto, de cualquier capacidad de rebelarse contra sus dictados. Nada hay de democrático en enfrentar a los ciudadanos a un ejercicio imposible -decidir entre largas listas de nombres que nada significan-, excepto el pretexto para desarticular cualquier disidencia.
Al volver suya la reforma, Claudia Sheinbaum aparecería como la principal beneficiaria de esta brutal concentración de poder. Pero, si aún no logra tener bajo su mando ni al Legislativo -en manos de un lopezobradorista convencido y de un pragmático que solo protege su propio interés- ni a su Partido -infiltrado por el hijo de su predecesor-, nada indica que, en medio del desaseo del proceso, vaya a conseguir alinear a su proyecto personal a la nueva Suprema Corte y menos aún al adefesio que surgirá de las votaciones: una espinosa mezcla de intereses en la que, al lado de un puñado de profesionales, prevalecerán los juzgadores que le deberán sus puestos a los partidos de la 4T -en particular a Morena- o al crimen organizado, y que serán más vulnerables a las presiones económicas y políticas.
La discusión sobre votar o no se vuelve, en este contexto, estéril, como durante el férreo corporativismo priista: las elecciones están diseñadas para que los ciudadanos movilizados por la 4T sean quienes decidan -sin saber, en la mayoría de los casos, ni por quiénes votan- cada uno de los cargos relevantes. Que unos cuantos ciudadanos independientes acudan o no a las urnas, para enfrentarse a un examen imposible, será al cabo irrelevante. Al final, la Suprema Corte -que podría presidir una ministra que ha usado cínicamente su puesto para protegerse a sí misma-, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral quedarán supeditados a las distintas fuerzas de la 4T, mientras que en el resto del sistema se habrá conseguido lo que AMLO perseguía: la absoluta desarticulación política de la judicatura.
Pase lo que pase mañana domingo, la suerte está echada: la justicia en México será todavía más lenta, ineficiente y corrupta, y los más afectados serán, de nueva cuenta, los más pobres. Y, como ocurría en los sesenta o setenta, un mismo grupo -cuyas batallas internas, por cierto, no harán más que acendrarse- manejará a su capricho los tres poderes del Estado.
@jvolpi
