Dos temas acaparan la atención de los veracruzanos y tienen que ver con el futuro de la Universidad Veracruzana y el de respeto al voto popular para elegir a los más altos cargos del Poder Judicial en Veracruz.
Los dos casos no son menores.
En primer lugar, el tema que inició por una serie de señalamientos que dieron a conocer varios de los aspirantes a suceder al actual Rector, Martín Aguilar, hicieron ver que con urgencia la UV requería un cambio no solo de Rector, sino de rumbo y miras.
En segundo lugar, y quizá el más importante, que la Junta de Gobierno de la UV no responde ni representa los intereses de Veracruz, ni los intereses de superación de la Universidad.
Lo que implica la urgencia de desarticular primero la Junta de Gobierno porque no solo esta vez, sino históricamente ha sido un brazo del gobierno en turno, que desmantela con cada una de sus decisiones la Autonomía de la Universidad.
El otro tema que acapara la atención pública y política de los veracruzanos, es lo que ha salido desde las entrañas del Organo Electoral de Veracruz (OPLE).
Es obvio que en el OPLE se entramparon en sus propias redes de corrupción. Es obvio que no les cuadran las cuentas. Es obvio que ese organismo no es el que la sociedad civil defendió en las calles hace pocos meses, al tiempo de exigir que no se tocara.
En los dos casos no cabe el famoso borrón y cuenta nueva. Debe haber investigados, tanto entre los integrantes de la Junta de Gobierno de la UV, como entre los Consejeros del OPLE, desde la propia Presidencia del Organismo hasta el último de los consejeros que por su incapacidad se encuentran hoy en el ojo del huracán y deben responder al menos a las siguientes preguntas de forma rápida para no seguir ahondando en la sospecha de la falta de legitimidad de los conteos:
1.- ¿Qué fue lo que pasó en el fondo con el programa del conteo de votos?
2.- ¿Qué empresa fue contratada para tal fin?
3.- ¿Por qué el conteo de votos no se trasladó de inmediato a otra instancia como el INE, como autoridad superior cuyo programa sí funcionó para el conteo nacional?
4.- ¿Cuánto costó el programa fallido?
5.- ¿Habrá borrón y cuenta nueva a un organismo que cuando favorece no se debe tocar, pero que cuando falla se debe quitar?
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