Por Devan Cole
CNN – Una decisión de la Corte Suprema el mes pasado que limitó el uso de medidas cautelares a nivel nacional parecía allanar el camino para que el presidente Donald Trump comenzara a aplicar este domingo su plan para poner fin a la ciudadanía por nacimiento este domingo. Pero los tribunales inferiores lo frenaron.
El presidente podría haber comenzado a aplicar la orden si estos tribunales inferiores hubieran modificado significativamente una serie de medidas cautelares antes de que venciera el plazo de 30 días otorgado por los jueces. Pero eso no ocurrió. De hecho, los jueces de tribunales inferiores tomaron una dirección distinta e impidieron que el decreto de Trump para terminar con la ciudadanía por nacimiento entre en vigor ahora —y posiblemente nunca— mediante tres nuevos fallos adversos. Y podrían venir más decisiones judiciales en contra del Gobierno.
A principios de este mes, un juez federal en New Hampshire bloqueó la orden de Trump a nivel nacional a través de una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Este tipo de demandas son una de las formas en que la Corte Suprema sugirió que los demandantes podrían intentar frenar la aplicación de la política para quienes se verían afectados por ella.
El Departamento de Justicia no ha apelado ese fallo del juez de distrito de EE. UU. Joseph LaPlante, quien fue nombrado por el expresidente George W. Bush.
El Gobierno sufrió otro revés la semana pasada, luego de que un tribunal federal de apelaciones decidiera que una medida cautelar a nivel nacional emitida por un juez en Seattle a principios de este año contra la orden de Trump no representaba un exceso judicial que debía limitarse a la luz del fallo de la Corte Suprema.
La Corte Suprema ordenó a los tribunales inferiores que emitieron o mantuvieron intactas medidas cautelares amplias que reconsideraran esos fallos para determinar si cumplían con la decisión de los jueces de que tales medidas pueden no ser necesarias para proporcionar a los litigantes el “alivio completo” que buscan.
“Concluimos que el tribunal de distrito no abusó de su discreción al emitir una orden cautelar universal para dar a los estados un alivio completo”, dijo el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. en una decisión de 2-1 en un caso presentado por varios estados liderados por demócratas contra la orden de Trump.
El Gobierno aún no ha apelado ese fallo. La decisión del 9º Circuito podría llevar pronto el tema de la ciudadanía por nacimiento nuevamente ante la Corte Suprema, ya que el tribunal de apelaciones también revisó los méritos del decreto y concluyó que era inconstitucional. La decisión de la Corte Suprema del 27 de junio no abordó la legalidad de la política, solo el uso de medidas cautelares a nivel nacional.
Otro golpe llegó el viernes, cuando el juez de distrito de EE.UU. Leo Sorokin determinó que su medida cautelar previa a nivel nacional contra la política de ciudadanía por nacimiento no podía reducirse de una manera que “protegiera de manera factible y adecuada” contra los daños que más de una docena de fiscales generales estatales demócratas, el Distrito de Columbia y varias ciudades dijeron que enfrentarían si la política se aplicara, incluso parcialmente.
En ese fallo, Sorokin, un designado del expresidente Barack Obama que ocupa un cargo en el tribunal federal de Boston, reiteró su conclusión de que la orden de Trump “es inconstitucional y contraria a una ley federal”.
El Departamento de Justicia no ha apelado ese fallo del juez de distrito de EE. UU. Joseph LaPlante, quien fue nombrado por el expresidente George W. Bush.
El Gobierno sufrió otro revés la semana pasada, luego de que un tribunal federal de apelaciones decidiera que una medida cautelar a nivel nacional emitida por un juez en Seattle a principios de este año contra la orden de Trump no representaba un exceso judicial que debía limitarse a la luz del fallo de la Corte Suprema.
La Corte Suprema ordenó a los tribunales inferiores que emitieron o mantuvieron intactas medidas cautelares amplias que reconsideraran esos fallos para determinar si cumplían con la decisión de los jueces de que tales medidas pueden no ser necesarias para proporcionar a los litigantes el “alivio completo” que buscan.
“Concluimos que el tribunal de distrito no abusó de su discreción al emitir una orden cautelar universal para dar a los estados un alivio completo”, dijo el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. en una decisión de 2-1 en un caso presentado por varios estados liderados por demócratas contra la orden de Trump.
El Gobierno aún no ha apelado ese fallo. La decisión del 9º Circuito podría llevar pronto el tema de la ciudadanía por nacimiento nuevamente ante la Corte Suprema, ya que el tribunal de apelaciones también revisó los méritos del decreto y concluyó que era inconstitucional. La decisión de la Corte Suprema del 27 de junio no abordó la legalidad de la política, solo el uso de medidas cautelares a nivel nacional.
Otro golpe llegó el viernes, cuando el juez de distrito de EE.UU. Leo Sorokin determinó que su medida cautelar previa a nivel nacional contra la política de ciudadanía por nacimiento no podía reducirse de una manera que “protegiera de manera factible y adecuada” contra los daños que más de una docena de fiscales generales estatales demócratas, el Distrito de Columbia y varias ciudades dijeron que enfrentarían si la política se aplicara, incluso parcialmente.
En ese fallo, Sorokin, un designado del expresidente Barack Obama que ocupa un cargo en el tribunal federal de Boston, reiteró su conclusión de que la orden de Trump “es inconstitucional y contraria a una ley federal”.
