Hora Cero//Luis Romero Herrera
En la política municipal mexicana hay prácticas que se repiten con frecuencia, inventarios manipulados, bienes públicos que cambian de dueño sin explicación, y expedientes administrativos que, en el papel, justifican decisiones difíciles de defender en la realidad.
El reciente anuncio del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, de reforzar los controles para evitar la venta irregular de bienes municipales, muestra que ese problema existe y que se buscará erradicar y sancionarlo.
En el municipio de Mixtla de Altamirano, por ejemplo, el Congreso autorizó la venta de vehículos municipales con base en documentos que aseguraban que las unidades estaban inservibles; sin embargo, posteriormente se detectó que algunos de esos vehículos se encontraban en buen estado e incluso en manos de particulares.
En un caso citado públicamente, una camioneta modelo reciente valuada en más de un millón de pesos habría sido incluida en un paquete de bienes vendidos por una cantidad muy inferior a su valor real.
Esteban Bautista reconoció que el Congreso fue sorprendido con información que no correspondía con la realidad, lo que motivó la decisión de endurecer los controles.
En pocas palabras, antes de autorizar la venta o baja de bienes municipales, el Congreso realizará verificaciones físicas y revisiones más detalladas, peritajes para confirmar que lo que dicen los expedientes coincida con el estado real de los bienes.
La medida anunciada por el presidente de la Jucopo aborda un tema de fondo, la corrupción cotidiana en algunos gobiernos municipales.
El problema es que cuando un ayuntamiento declara como chatarra una unidad que aún funciona y que está en buen estado, incurre en una práctica de corrupción que atenta contra el patrimonio público.
Durante años, esa práctica ha sido recurrente, sobre todo en el llamado año de Hidalgo de los alcaldes salientes. Al final, bienes adquiridos con recursos públicos terminen vendidos a precios simbólicos o en manos cercanas al poder local.
Por eso la postura de Bautista Hernández tiene un valor importante, porque intenta cerrar la puerta a prácticas que durante años han operado con discreción en varios municipios.
La advertencia del diputado va directo a los alcaldes, ya no podrán presentar expedientes incompletos o engañosos esperando que el Legislativo los apruebe sin mayor revisión; incluso, se habla de responsabilidades legales.
En el caso de Mixtla, se ha señalado que corresponde a la actual administración municipal presentar denuncias por posible daño patrimonial si se confirma que hubo irregularidades en la venta de bienes públicos.
Ese punto es importante, porque el combate a estas prácticas no puede quedarse solo en el terreno administrativo. Si hubo actos de corrupción, falsificación de información o abuso de funciones, el asunto debe traducirse en denuncias legales.
La decisión de reforzar la supervisión puede parecer un paso pequeño, pero tiene un efecto importante; primero, recuerda que los bienes municipales no pertenecen a los funcionarios en turno, sino a los ciudadanos; segundo, cierra a puerta a la vieja costumbre de autoridades municipales, de convertir el patrimonio público en botín de salida.
@luisromero85
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