Jorge A. González | Periodista Freelance
Una bala puede explicar el mecanismo de una muerte, pero no identifica por sí sola quién accionó el arma, en qué circunstancias ocurrió ni cuál fue el motivo. Esa distinción debería ser el punto de partida de la investigación sobre el fallecimiento del diputado federal Zenyazen Escobar García.
El legislador fue localizado dentro de un vehículo en la zona de La Gloria, municipio de Puente Nacional, con una herida producida por arma de fuego. El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, sostuvo que no se trató de un atentado porque el automóvil no presentaba señales de una agresión exterior y el hecho habría ocurrido dentro de la unidad.
La declaración no necesariamente es contradictoria, pero sí parece anticipada. La ausencia de impactos en la carrocería solamente debilitaría la posibilidad de un ataque efectuado desde otro vehículo o desde el exterior. No permite descartar que otra persona hubiera estado dentro del automóvil, que se aproximara cuando alguna puerta o ventana estaba abierta, que se produjera una descarga accidental o que la escena hubiera sido modificada.
También sería incorrecto cometer el error contrario: concluir que necesariamente fue un atentado porque la víctima era diputado federal. Su condición política obliga a investigar un posible móvil relacionado con su actividad pública, pero no lo demuestra anticipadamente. La función de la Fiscalía consiste precisamente en sustituir las conjeturas por evidencias.
Zenyazen Escobar no comenzó su trayectoria dentro de la estructura tradicional de un partido. Antes de ocupar cargos públicos fue docente de telesecundaria y adquirió presencia pública desde el movimiento magisterial veracruzano. Participó en el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, vinculado con la CNTE, y fue una de las voces contrarias a la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En 2016 llegó al Congreso de Veracruz como diputado local de representación proporcional por Morena y coordinó la primera bancada de ese partido en la Legislatura estatal. El 1 de diciembre de 2018 fue nombrado secretario de Educación por el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Permaneció en la dependencia hasta el 13 de octubre de 2023, cuando dejó el puesto para participar en el proceso interno de Morena por la sucesión gubernamental.
Escobar se registró como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, paso previo a la candidatura por el Gobierno de Veracruz. Posteriormente respaldó a Rocío Nahle. En 2024 ganó la diputación federal por el Distrito 16, con cabecera en Córdoba, y se integró a la LXVI Legislatura.
Ese ascenso político también produjo diferencias públicas. Sectores del movimiento magisterial del que había surgido lo cuestionaron después de que pasó de dirigente opositor a secretario de Educación. Más recientemente sostuvo un intercambio de acusaciones con el exsecretario de Gobierno Éric Cisneros Burgos sobre las disputas internas de Morena durante la sucesión de 2023. Cisneros rechazó los señalamientos y respondió públicamente.
En mayo de 2026, Escobar también protagonizó un fuerte altercado en la Cámara de Diputados con el legislador priista Carlos Gutiérrez Mancilla. El enfrentamiento verbal estuvo cerca de convertirse en una pelea física y otros diputados tuvieron que intervenir.
Ninguno de estos antecedentes demuestra relación alguna con su muerte. Sería irresponsable presentar a un adversario político, sindical o legislativo como sospechoso sin evidencia. Sin embargo, la Fiscalía sí debe revisar si existieron amenazas recientes, denuncias, mensajes intimidatorios o conflictos que pudieran tener una conexión temporal y material con el fallecimiento. Si esa conexión no existe, las hipótesis deberán descartarse con la misma claridad.
El primer trabajo indispensable está en el vehículo. Los peritos deben establecer la posición exacta del cuerpo y del arma; revisar puertas, ventanas, asientos y cinturones; analizar manchas y proyecciones de sangre; buscar huellas, ADN, fibras, cabellos o rastros de una segunda persona, y determinar si el automóvil o el cuerpo fueron desplazados. La escena debe quedar documentada mediante fotografías, video, planimetría y una cadena de custodia completa.
La necropsia deberá determinar la trayectoria del proyectil, la distancia del disparo, el punto de entrada, la hora aproximada de muerte y la posición probable de la víctima. A ello deben sumarse los análisis balísticos, toxicológicos y químicos; la búsqueda de residuos de disparo en manos y ropa; las huellas y material genético encontrados en el arma; su propiedad y procedencia, y la comparación entre la bala, el casquillo y la pistola asegurada.
Ninguno de esos indicios, considerado aisladamente, debería utilizarse para cerrar el caso. Tener residuos de pólvora no prueba por sí solo que una persona disparó, así como la ausencia de esos residuos tampoco descarta totalmente que lo haya hecho. Las conclusiones deberán surgir de la concordancia entre todas las pruebas.
La segunda gran tarea consiste en reconstruir las últimas horas de Zenyazen Escobar. Será necesario revisar su teléfono, llamadas, mensajes, geolocalización, agenda, cámaras carreteras, arcos de vigilancia, casetas, movimientos bancarios y registros del vehículo. La autoridad deberá precisar de dónde venía, hacia dónde se dirigía, por qué se detuvo en ese punto y quién fue la última persona que tuvo contacto con él.
También debe aclararse si viajaba habitualmente con escoltas o colaboradores, por qué se encontraba solo, quién conocía su recorrido, quién encontró el automóvil y cuánto tiempo pasó entre el disparo y el aviso a las autoridades.
La revisión de su contexto debe abarcar su trabajo legislativo, su paso por la Secretaría de Educación, sus relaciones políticas, las disputas internas de Morena y cualquier amenaza relacionada con su representación en el Distrito de Córdoba. Paralelamente, deberán investigarse los ámbitos personal, familiar, financiero, médico y emocional, con absoluto respeto a su dignidad y a la de sus familiares.
Examinar esas circunstancias no significa respaldar anticipadamente la hipótesis de un suicidio. Del mismo modo, revisar su trayectoria política no equivale a sostener que fue víctima de un atentado. Investigar significa conservar abiertas todas las posibilidades hasta que la evidencia permita eliminar alguna.
La Fiscalía General de la República, que asumirá el caso por tratarse de un legislador federal, también deberá esclarecer sobre qué información pericial se apoyó el secretario de Gobierno para descartar públicamente un atentado cuando la investigación apenas comenzaba. Es necesario saber si quiso descartar exclusivamente una agresión desde el exterior o si contaba con elementos suficientes para excluir la intervención de otra persona.
La sociedad no necesita detalles morbosos, pero sí una explicación técnicamente sólida. Tiene derecho a conocer la causa de muerte, la mecánica del disparo, la cronología de los hechos y la clasificación jurídica que resulte de las pruebas.
Decir que se trató de un “lamentable fallecimiento con arma de fuego” describe el instrumento, pero no explica lo sucedido. Mientras no existan resultados periciales concluyentes, la postura institucional más responsable debería ser sencilla: ninguna línea está descartada.
Investigar no significa sospechar de todos. Significa no excluir posibilidades sin pruebas. Una bala abrió este caso; solamente la evidencia podrá cerrarlo.
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