El exgobernador del PAN recibe a EL PAÍS en su casa de Ensenada, en Baja California, donde cumple prisión domiciliaria. Defiende su inocencia en la trama de huachicol fiscal y abre la puerta a que su hija sea candidata a la gubernatura
Zedryk Raziel
Podría ser el apartamento de un estudiante universitario o la prisión domiciliaria de un hombre septuagenario. Mide unos 35 metros cuadrados. Tiene una cama matrimonial, dos sillones que dan a una TV, un escritorio, una cocineta, un baño. Hay que caminar bordeándolo todo, entre figuras de acción coleccionables —sobre todo de Star Wars—, retratos de su familia, pósters —de Batman, de los Beatles—, revistas, un juego de dardos, las mil cositas que se acumulan a lo largo de una vida. Ernesto Ruffo, de 74 años, vive desde 2012 en este piso que le construyeron sus padres en la parte trasera de la casa familiar tras concluir la universidad, hace ya unas décadas. “No se necesita más para vivir”, justifica el exgobernador de Baja California (1989-1995).
Necesite mucho o poco, ahora está obligado a permanecer dentro de los cuatro flancos de la casa donde creció, en Ensenada, en el Pacífico mexicano, después de que una jueza le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria para enfrentar la acusación de huachicol que le imputa la Fiscalía. Hace una semana salió del penal de máxima seguridad de Almoloya, en el centro de México, y desde entonces al menos dos camionetas y una decena de elementos de la Guardia Nacional vigilan permanentemente la casa. “Yo creo que, más que evitar que yo me escape, están cuidando que no me pase nada”, sopesa.

El político del conservador PAN, de buen humor, recibe a EL PAÍS en la vivienda, ubicada en un barrio acomodado de la ciudad. En la calle, a la entrada, hay colgado un cartel que pone: “Ruffo, preso político”. El exgobernador, riéndose, recuerda: “Un día, en uno de los pasillos de Almoloya, escuché que gritaban: ¡Ya llegó Ruffo Mandela!”. La Fiscalía afirma que la empresa donde es accionista, Ingemar, conspiró para contrabandear a México 18 millones de litros de combustible desde Estados Unidos, acusación que él niega. En un principio, el juez le impuso la prisión preventiva oficiosa, aunque, por ser mayor de 70 años, según la ley mexicana, tenía derecho a una medida cautelar menos drástica.
Pregunta. ¿Cómo es que el primer gobernador de oposición pasa a estar preso, acusado de corrupción?
Respuesta. En los intermedios de que fui senador y comisionado de la Frontera Norte, hice de consultor empresarial para desarrollar negocios. En Ensenada, que es una gran bahía, se prestó la posibilidad de hacer una terminal de combustibles con alguien que conozco de hace muchos años y tiene una concesión portuaria. Esto empezó en 2017. Luego llegó el Gobierno de López Obrador [en 2018] y empezó a desconocer los permisos. En Ingemar, donde soy accionista, habíamos invertido en la ingeniería para la terminal. Entonces nos quedamos con esa inversión y continuamos el papeleo para el permiso de importación [de hidrocarburos]. Lo logramos después de amparos. Ese fue nuestro rol, solamente importar cuando nos lo solicitaba el comercializador, Crismon, es la única compañía con la que tuvimos la relación, con nadie más.
P. A usted se le señala de ser una de las principales cabezas de esta red de contrabando.
R. Así lo han dicho ellos, pero mi rol exclusivamente fue fungir como secretario del consejo de administración cuando hubo asambleas, que no fueron más de tres. No pasé de allí: no operé la empresa, nunca gestioné nada ni vi nada. Solo colaboré con el desarrollo del negocio hasta que llegó el permiso de importación.

P. En el caso de Ingemar, ¿usted niega tener alguna culpabilidad?
R. Absolutamente. Este asunto empezó en 2025 y desde entonces declaré que estaba dispuesto: “Aquí estoy y la documentación que necesiten, pídanmela”. Pero nunca pasó eso. Fui citado por la Fiscalía a comparecer el 20 de noviembre del año pasado [en Ciudad de México] y lo hice.
P. Hay una transferencia de 18 millones de pesos de Ingemar a sus cuentas. Es por lo que la Fiscalía asegura que usted se benefició de la supuesta red de huachicol.
R. Sí, fue un préstamo que me hizo la empresa a cuenta de que declaráramos utilidades en el momento correspondiente. Desde el punto de vista del registro contable, es un préstamo a tres años, que todavía no se cumplen. Pero ahora la compañía está cerrada porque el mismo SAT nos canceló los registros. Entonces así se quedó el asunto, como en tránsito.
P. Su hija cuenta que en 2024 usted empezó a sospechar que algo andaba mal con Ingemar.
R. El permiso [de importación] empezó a funcionar en 2024 y a partir de ahí aparecían frente a la oficina personajes de esos que dices: “¡Ay, caray! Están medio impresentables”. Y eso hizo a mi socio, José Merino Valdez Cuervo, ir otra vez a la Secretaría de Energía a preguntar. Entonces, de una manera amable, nos dan una lista de gente para comercializar, porque es el requisito que establece la ley para poder utilizar el permiso. Y así fue. Lo que buscábamos era la transparencia de la gestión. Por eso escogimos solo a una compañía importadora, porque se veía el asunto tan preocupante que no queríamos tener enredos con nadie más, y se llevó un control administrativo pedimento por pedimento, de forma de que pudiera ser fácil la trazabilidad de cómo se había dado cada importación.
P. ¿Ustedes eligen a Crismon con base en esa lista?
R. Sí. Nos dieron cinco, escogimos una.
P. Entonces, lo que le hace sospechar es aquella gente extraña…
R. No, el ambiente ya rumoraba, por abril o mayo de 2024, todos estos temas de huachicol, que en aquel momento era principalmente que rompían los oleoductos.
P. ¿Y qué hace a partir de esas sospechas?
R. Pues dije: “¡No, yo mejor vendo mis acciones!”. Se las ofrecí a mi socio Valdés, pero él no quería. Se hizo el intento de vender a Crismón, pero tampoco fructificó. Hay un papel donde consta que se ideó el acuerdo de compraventa de las acciones con Crismon, pero ya no se pudo materializar.

P. Si usted no es el responsable del huachicol que la Fiscalía le imputa a Ingemar, ¿quién lo es?
R. La aduana. Ese es el gran elefante en la sala del Gobierno federal. Quien coteja los pedimentos contra lo que trae el transportista es la aduana. Ahora, ¿quién recibía los combustibles? Crismon.
P. ¿Cuál era el rol de esa empresa?
R. Era el comercializador. Él va y le compra a la refinería [en Estados Unidos], va y contrata el ferrocarril o los camiones y él recibe después de pasar la aduana. Nosotros lo único que sabíamos era que el comercializador nos pedía: “Importa este volumen, ahí les va la factura”. Con eso gestionábamos el pedimento de importación, por lo que él nos pidió. La aduana es la que tiene que verificar que lo que diga el pedimento y lo que trae el transporte se corresponda.
P. ¿El comercializador les pedía el 10% de la capacidad del vehículo?
R. El volumen generalmente eran 10.000 litros.
P. Pero en realidad eran 100.000…
R. Al ferrotanque le caben 110.000, entonces era otro elemento más de decir “esto está raro”. Pero tú no puedes ver lo que va dentro del tanque, el que lo ve es la aduana.
P. ¿Entonces se ponían de acuerdo Crismon y la aduana?
R. Pues eso es lo que aparenta la situación, es lo que debe de averiguar la Fiscalía. Hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, la mayoría de estos ferrotanques venían cargados de la refinería de Deer Park, propiedad de Pemex en el Estado de Texas. Ahí debe haber registros también.
P. Ha contado que vio a los hermanos Farías Laguna en el penal.
R. Sí, los veía y los saludaba. Decían que no pertenecían a la aduana marítima donde aparecieron estos barcos irregulares para la importación, que estaban asignados a otras funciones, y que de alguna manera, a mucha distancia, [las autoridades] pepenaron datos y los aglomeraron en una causa penal. Algo parecido a mi caso.
P. Ellos también dicen que no son esas cabezas criminales que pinta la Fiscalía. ¿Le dijeron, entonces, quién lideraba?
R. Lo que más querían era que el tío [el almirante Rafael Ojeda] comparezca.

P. ¿El huachicol fiscal es solo un problema de Morena, o trasciende partidos y sexenios?
R. En Pemex siempre ha habido problemas. El presidente Felipe Calderón me invitó a que tuviera funciones ahí y le dije que no, porque, si yo actuaba como sé que se debe de actuar, me iba a pasar algo. Yo sostengo que hay que ayudar a la presidenta Claudia Sheinbaum para que pueda aliviar estos asuntos, pero ella tiene que tomar resoluciones de que las investigaciones sean transparentes. Porque las cosas se están precipitando mal para el Gobierno, y si continúa avanzando como va, puede sobrevenir un caos.
P. Su caso ha revivido políticamente el apellido Ruffo. ¿Cómo piensa aprovechar eso?
R. Yo no he pensado en aprovecharlo, yo andaba retirado. A mí me regresaron al tema de la política. Ya tengo 74 años, ¿a qué le tiro? Ya me duele cuando me agacho. Me revivieron. Y ahora, en una situación de crisis de la política interna de México, creo que puedo colaborar. Yo he sido siempre integrante de Acción Nacional. También soy miembro del consejo consultivo de Somos, un partido en formación de inspiración ciudadana, donde ayudo a celebrar procesos de selección a candidaturas con transparencia. Creo que puedo influir en esas cosas, porque la vida me puso de nuevo en este escenario.
P. Parece que su hija, Verónica Ruffo, apunta a la gubernatura de Baja California.
R. Ella empezó a gestionar en defensa de su papá, no andaba buscando ninguna candidatura. Sin embargo, con la cobertura de los medios, la gente la fue conociendo. En Almoloya le llamaban “la guerrera”. Entonces, se le acercó Acción Nacional y le comentaron la posibilidad. La pusieron a vivir un tema que ni siquiera tenía pensado. Ella es ciudadana americana, hija de papás mexicanos. Y los de Morena andan modificando la ley de nacionalidad. Entonces, ella tiene que considerar.

P. ¿Cómo ve los problemas de la gobernadora Marina del Pilar?
R. Es de gran preocupación. Ya no puede un gobernador cruzar [a Estados Unidos] y eso afecta las relaciones binacionales. No es un caso exclusivo de ella. Luego, pasa lo de su exesposo, Carlos Torres. Va a haber un desenlace, yo lo veo muy cercano ya.
P. ¿Qué desenlace ve?
R. Pues lo señaló el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Eso no es una pequeña cosa.
P. ¿Qué lección le deja a usted su experiencia reciente?
R. Que no tienes en la vida asegurado nada. Yo el 15 de julio andaba caminando por la banqueta muy a gusto. No sabía que al día siguiente me iban a detener.