El presidente de la República, en medio de la discusión para eliminar el outsourcing, prometió dar el buen ejemplo como patrón.
Se propuso respetar los derechos laborales y dar base a unos 500 mil trabajadores al servicio del Estado que están subcontratados.
Pero Andrés Manuel López Obrador no ha explicado que en el Presupuesto de Egresos del próximo año no hay recursos públicos para emplear a medio millón de personas.
Expertos en finanzas públicas estiman que para basificar a este volumen de empleados, el gobierno requiere un presupuesto anual, sólo de salarios, de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos.
Lo anterior no considera, además, la carga social, que podría disparar ese monto en un 25 por ciento adicional.
Un ejemplo: la Cámara de Diputados contrató a 462 personas de limpieza que estaban en el esquema de subcontratación con un salario de aproximadamente 4 mil 200 pesos mensuales.
Ahora, con su incorporación al Congreso, tendrán un salario de 9 mil 526 pesos y además acceso a una serie de prestaciones y apoyos que los llevarán a un salario integrado de 14 mil pesos al mes.
Pero adicional al salario hay que considerar factores como antigüedad que el trabajador tuvo en el esquema de subcontratación y los montos de seguridad social en la Afore, por decir algo.
Tampoco están garantizados la cobertura y la calidad de los servicios públicos de salud en el ISSSTE-FOVISSSTE.
Sin embargo aún hay más: los legisladores de Morena quieren modificar el apartado ‘B’ del artículo 123 de la Constitución, donde se establecen las garantías laborales de los empleados del gobierno.
El objetivo de la 4T, le decía el sábado, es darles libertad de asociación a estos sindicalizados al servicio del Estado que encabeza el líder de extracción priista, Joel Ayala.
“No vamos a entregar una FSTSE a un dirigente sindical que no sea de Morena”, comenta un cercano al senador Alejandro Armenta, el dedo chiquito de Ricardo Monreal que le procesa las iniciativas.