***”El gobierno pretende tomar el control de la aplicación de la ley”: Salazar
Felipe Villanueva
Orizaba, Ver.- Ante el anuncio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de que cerrará 29 juzgados en toda la entidad para optimizar recursos, los representantes de los abogados aplicarán severas acciones contra esta medida toda vez que afecta la aplicación de la justicia, sobre todo a las clases más desprotegidas.
Miguel Ángel Salazar Torres, Presidente del Colegio de Abogados del Estado de Veracruz y Presidente de la Barra de Abogados de Orizaba, señaló que todas las agrupaciones del Estado de Veracruz están inconformes, porque esto no garantiza la aplicación de la justicia pronta y expedita, sino por el contrario, se van a saturar los juzgados porque al eliminar espacios de atención, las cargas de trabajo se van a aglomerar en otros juzgados, lo cual va a generar más retraso.
“Quieren ahorrar dinero, pero esto va a afectar a todos los veracruzanos porque los procesos se alargan más, si así se retrasa por la pandemia, esto provocará mayores problemas.
Salazar Torres cree que están actuando de forma sospechosa, porque la judicatura debe haber detectado malversación de fondos, y ahora, ellos quieren llevar esos recursos a promover la denominada Cuarta Transformación a costa de dejar sin empleo a cientos de trabajadores de este sistema judicial, toda vez que se quedarán sin trabajo.
“Ahora el gobierno quiere controlar este sistema de aplicación de justicia, cuando todavía hay necesidades para atender todos los asuntos ciudadanos, por ejemplo, la construcción de la ciudad judicial. Lo que quieren hacer es realmente arbitrario, nosotros vamos a tomar juzgados en el Estado para inconformarnos, toda vez que hay grupos de abogados que actúan a modo de quienes están en el poder, mientras que los demás estamos vulnerables, no nosotros, sino a quienes representamos”.
De esta forma estamos viendo una politización dentro del sistema penal para establecer un control, sin respetar a la propia Constitución, dejando a un lado la autonomía de la propia Carta Magna.
Creo que también hay que vigilar, cuanto se va a ahorrar el Tribunal, son más de 20 millones de pesos que se deben transparentar, es decir, debemos saber a donde serán aplicados. Corresponde a los sindicatos o representantes laborales de este sistema judicial, defender a sus agremiados, toda vez que serán cientos de desempleados lo que se quedarán sin trabajo”.
Concluye que toda la federación de los abogados tendrá reacciones en cadena, ya que la aplicación de justicia se verá afectada. Aún más, la gente de escasos recursos tendrá menos oportunidad de la aplicación de la justicia.