José Luis Ortega Vidal
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Al dar a conocer los ingresos económicos producto de la actividad profesional del periodista Carlos Loret De Mola el presidente Andrés Manuel López Obrador violó su derecho humano a gozar de la secrecía de sus datos personales.
El Estado tiene la obligación de garantizar y vigilar el resguardo de la información privada que cada ciudadano entregue a instancias públicas y/o privadas para efectos del desarrollo de los distintos elementos esenciales en su vida: por ejemplo sus expedientes clínicos, sus ingresos económicos por cualquier vía siempre que sea legal, sus cuentas bancarias o sus datos de nómina; la información relativa a su patrimonio; las fuentes informativas en el caso de los periodistas; el nombre real de autores de obras artísticas quienes deseen firmar bajo la figura del anonimato o pseudónimo; etcétera.
El rompimiento de esta secrecía en cualesquiera de sus perspectivas constituye una violación del Estado de derecho.
Por tanto, Andrés Manuel López Obrador violó el Estado de derecho mexicano y al encabezar la Presidencia de la República su accionar constituyó -al mismo tiempo- una acción de doble y severa afectación a la ciudadanía mexicana en general, a un sector profesional -el de los periodistas- en particular y a una persona -el ciudadano mexicano Carlos Loret de Mola- de manera específica.
A Loret de Mola se le colocó desde el accionar presidencial en riesgo de ser agredido en su condición física -su vida- y en su patrimonio, pues fue exhibido y despojado de herramientas de protección cuya existencia surge de la dialéctica en una ley que existe justamente porque siempre es susceptiblemente violable.
El Derecho considera necesario dictar leyes, normas, porque en todos y cada uno de los ciudadanos existe un comportamiento natural a transgredir la ética y la moral; de modo que es necesario determinar las consecuencias de tales actos inevitables.
El manejo de tales normas desde la prevención y la aplicación de justicia está -por definición- en manos del Estado.
La afectación al ciudadano Loret de Mola, al ser periodista en activo, puso en peligro al gremio periodístico pues fue el jefe máximo del gobierno quien lo colocó en condición de debilidad, creando a partir de ello un discurso que se reprodujo como cascada por todo el territorio del Estado: a los comunicadores se les pueden violar sus derechos, se les puede retirar el resguardo de su derecho humano a la secrecía y por ende se les puede agredir bajo el efecto de la imitación de actos: es decir si el Presidente de la República lo hizo, cualquiera lo puede hacer…
Y finalmente a la ciudadanía en general lo anterior le resulta negativo porque se trata de un retraso político; padecimos el daño a una conquista histórica: el respeto bajo el amparo irrestricto de la ley a los derechos humanos como elementos de desarrollo social, de justicia para todos y de la construcción democrática.
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Yo no soy Loret de Mola, pero sí soy un ciudadano solidario con Carlos Loret de Mola ante la violación a sus derechos humanos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y soy un periodista alarmado por el incremento en las condiciones de violencia en contra del gremio del cual formo parte como ejercicio de vida.
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Resulta fundamental entender la existencia de otros enfoques argumentativos alrededor de la historia aquí aludida; por ejemplo la crítica al quehacer profesional del periodista Carlos Loret de Mola. Sin embargo, hemos elegido como eje de análisis la afectación a los derechos del ciudadano Carlos Loret de Mola, cuya posición dentro del Estado democrático está siempre por encima de cualesquiera otra circunstancia o coyuntura como su profesión y el desarrollo de ésta.
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El choque de rutas en el espectro ideológico de grupos de poder, de partidos políticos, de visiones e intereses dentro y alrededor de México, de igual modo exige análisis particular y de hecho en Claroscuros lo abordamos siempre.