- “¡Fue el Estado!”. Contundente e irritada esa frase, y lo que significa, ha contribuido a ocultar la verdad sobre el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Referirse de esa manera a “el Estado” dice todo y dice nada.
Raúl Trejo Delarbre //cronica.com.mx
Estado son las instituciones que detentan el poder político, que distan de ser homogéneas. Pero en la apreciación elemental que propalan los simplificadores al Estado se le identifica con su cúpula, comenzando por el presidente de la República. De tanto repetir esa frase, en amplias zonas del espacio público se ha considerado que la muerte de los normalistas fue culpa de la administración de Peña Nieto. Ese presidente cometió numerosas torpezas, comenzando por su insufrible insensibilidad política. Pero no supo, ni pudo prever, ni evitar, la muerte de aquellos estudiantes.
“¡Fue el Estado!” ha sido una expresión que enmascara las truculencias de ese crimen pero que, sobre todo, lo politiza y lo convierte en tema de proselitismo. Entre los promotores y beneficiarios de esa frase estuvo Andrés Manuel López Obrador. Durante ocho años ha sido repetida tanto que muchos la creen, aunque no hay evidencias que la sustenten.
Culpar al gobierno anterior del asesinato de los normalistas se convirtió en uno de los ejes de la propaganda de Morena. Ahora, insistir en que autoridades como el ex procurador Murillo Karam tuvieron culpa en los asesinatos es parte de la operación política y mediática para, persiguiendo a funcionarios de ayer, disimular las torpezas y los abusos del gobierno de hoy.
Los 43 normalistas fueron asesinados en septiembre de 2014 por grupos del crimen organizado que contaron con la complicidad de policías municipales. Eso ya se sabía. El informe que la semana pasada presentó Alejandro Encinas, a nombre de la Comisión del gobierno para indagar la verdad en dicho caso, admite esa realidad.
Más allá de detalles y precisiones que no alteran los hechos fundamentales, las conclusiones del subsecretario Encinas son similares a las que presentó el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, en noviembre de 2014. Hubo muchos que no quisieron creer en la versión, terrible y estremecedora, del asesinato de los normalistas y la incineración de sus cuerpos. “Fue el Estado”, prefirieron corear con indignación. Esa engañosa expresión también la reproducen personajes de la oposición, como el senador Emilio Álvarez Icaza.
Los policías de Iguala y otros municipios que colaboraron con los asesinos no representan al Estado, si le damos a ese término sus alcances reales. Además hubo omisiones de miembros de corporaciones federales, incluyendo al Ejército Mexicano. Decir, por ello, que se trata de un “crimen de Estado” se convirtió en una consigna política muy eficaz. Encinas la repite, incurriendo en la demagogia que tanto ha nublado el completo esclarecimiento de los asesinatos de los normalistas.
La indagación más completa sobre ese crimen fue realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A fines de noviembre de 2018 Luis Raúl González Pérez, presidente de ese organismo cuando todavía era autónomo, presentó un apabullante documento de 2178 páginas, acompañado de numerosos anexos. Allí se condensó la investigación que ocupó más de un millón de páginas integradas en 1255 tomos y que fue dirigida por el maestro José Larrieta Carrasco, visitador general especial de esa Comisión. El informe que ahora presenta Encinas reitera, sin citar su origen, muchos de los hallazgos y observaciones de la la Comisión Nacional.
El Informe de la CNDH hace un compendio de los abusos cometidos durante la investigación a cargo de la PGR y otras dependencias, incluyendo errores de Murillo Karam cuando era procurador. Por ejemplo: “Las declaraciones contradictorias provocan el enrarecimiento y la obscuridad de una investigación, genera desconfianza en las víctimas directas e indirectas y en la sociedad, surgen dudas sobre si la autoridad realiza una investigación seria y eficaz. La autoridad está obligada a informar verazmente; está obligada a respetar el Derecho a la Verdad de las víctimas y de la sociedad” (página 1966).
En las pesquisas de la PGR y otras agencias judiciales se cometieron variados e inaceptables delitos. Hubo personas torturadas. Esos abusos han debido ser castigados. Pero no se han conocido evidencias de que Murillo hubiera ordenado tales atropellos y mucho menos participado en ellos.
Cuando se asegura “fue el Estado”, se cancela toda posibilidad para entender y hacer justicia. Si la averiguación y las sanciones ante un hecho criminal tan desmesurado están a cargo de instituciones que forman parte de ese Estado, entonces lo que hagan estará teñido por sospechas de complicidad.
Fernando Escalante Gonzalbo y Julián Canseco Ibarra escribieron un inteligente libro sobre los discursos de actores políticos y comentaristas ante el asesinato de los normalistas y la cultura antagónica que suscita desconfianzas automáticas frente a cualquier autoridad (De Iguala a Ayotzinapa. La escena y el crimen. Grano de Sal, México, 2019). Allí explican que la expresión “Fue el Estado” favorece la descontextualización del crimen: “para que resulte inteligible el acontecimiento como episodio de represión política, para que tenga sentido decir ‘Fue el Estado’, y que se entienda que fue el presidente de la república, se debe construir al Estado como una institución unificada, coordinada, monolítica, para que sus alcances y omisiones puedan leerse como parte de una estrategia dirigida verticalmente, y no como tropiezos o debilidades o fallas de comunicación, ineptitud, negligencia, corrupción”.
Al gobierno actual no le interesa la justicia, sino el lucro político. Insistir en que “fue el Estado” conduce a soslayar la culpabilidad de los grupos del crimen organizado que ordenaron y ejecutaron los asesinatos de los normalistas.
ALACENA: Rosario Robles
A Rosario Robles, el gobierno la tuvo encarcelada tres años sin pruebas consistentes. Ha sido una presa política del presidente López Obrador. Por eso es de celebrarse que haya salido de la cárcel. Más allá de la opinión que tengamos sobre su trayectoria política (que esta columna ha cuestionado desde hace tres décadas) se pueden reconocer la defensa que ha hecho de otras mujeres encarceladas y la entereza que mantuvo en prisión.
