La Contraparte // Óscar Pedro Reyes Castelán
Veracruz, Ver. – Todos, o casi todos de los que no pertenecen o tienen vínculo con el gobierno estatal, han expresado críticas sobre la persecución emprendida contra figuras políticas opositoras. Uno de ellos es Tito Delfín Cano, ex alcalde de Tierra Blanca y ex candidato a la presidencia del PAN en el estado, cargo, éste último, por el que le habrían echado encima toda la caballería, como coloquialmente se dice, para evitar que llegara a ese cargo; al gobierno del estado le convenía la reelección de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés en la dirigencia azul, enemigo de los Yunes del Estero, quitando de en medio a Tito, alfil de ese grupo, quien finalmente, desde la cárcel, ganó la elección. Al ex edil lo detuvieron en noviembre del año pasado, acusado de desvío de recursos durante su gestión como presidente municipal, delito por el cual un juez federal lo exoneró al dictar un amparo liso y llano con el cual pudo abandonar el penal de Pacho Viejo, pero al salir de donde estuvo recluido once meses, le fue ejecutada otra orden de aprehensión por delitos ambientales, que presumiblemente cometió durante su encargo de Alcalde. De haber obtenido su libertad, Delfín asumiría el cargo para el que fue electo, el liderato del PAN, y los Yunes se habrían vuelto a empoderar políticamente. No lo permitió el aparato de gobierno. A pesar de que el delito por el que lo acusan no es grave, dado que con una fianza de 20 mil pesos puede dejar la cárcel, el abogado defensor, Fidel Ordóñez, atribuye la permanencia de Delfín en prisión a un asunto meramente político. Es un caso idéntico al de otro dirigente opositor, Rogelio Franco Castán, del PRD, quien lleva más de año y medio encarcelado, bajo el cargo de ultrajes a la autoridad primero, anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por atentar contra los Derechos Humanos, pero le acumularon otros delitos –igual que se hizo con Tito– para mantener recluído a quien se le considera el primer preso político del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. El otro caso más reciente fue el de Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a quien se le atribuyó el delito de homicidio culposo del ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, René Tovar Tovar, por lo cual pasó seis meses en reclusión, hasta que un juez federal ordenó su liberación –confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de Veracruz– por considerar que no había pruebas suficientes ni sólidas para inculparlo, asunto relacionado al enfrentamiento entre el presidente de la República con el líder senatorial Ricardo Monreal Ávila, su jefe, y con Dante Delgado Rannauro, líder de MC con quien tiene cercanía, que el mandatario veracruzano compró como propio, en lo que es el tercer asunto penal con raíz política. Sólo faltaría que García abra proceso penal contra el líder de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, aunque ya hubo una intentona de la que dio marcha atrás, o a Marlon Ramírez Marín, presidente del Partido Revolucionario Institucional, para meter a la cárcel a todos los líderes opositores del actual gobierno y tener el camino libre para Rocio Nahle García, Sergio Gutiérrez Luna, o quien sea designado desde lo más alto del poder como candidato del partido oficial a gobernador en la elección del 2024. Esa embestida del gobierno veracruzano contra los dirigentes y partidos opositores, a quienes se pretende borrar del mapa estatal, no ha sido bien vista por los ciudadanos y sería una causa más de reprobación contra el partido MORENA, que dentro de dos años deberá depender de sí mismo para ganar votos, sin remolques como el que tuvieron en 2018 con Andrés Manuel López Obrador.
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