Por Mónica Mendoza Madrigal
violaciones y otras vejaciones.
Es verdaderamente terrible constatar cómo las instituciones todas – tanto públicas como privadas, sean nacionales o estatales – están cometiendo un error básico: lo que les interesa no es resolver estos hechos o evitar que sigan sucediendo, sino que lo que intentan es evitar que se hagan públicos para no dañar su reputación, buscando acallar los señalamientos y en su lugar proponer salidas fáciles que en poco o nada contribuyen a combatir un problema que, en buena medida, han propiciado.
Esto sucede principalmente en las instituciones escolares, que es donde las jóvenes se han armado de un valor colosal que las lleva a enfrentar a sus agresores y a desafiar a las autoridades; cosa que no sucede en los ámbitos laborales y no porque estén exentos de que estas prácticas sucedan, sino porque para las mujeres trabajadoras, el riesgo de perder su empleo por denunciar a sus jefes las lleva a callar.
Muchas son las instituciones que hoy se regodean de contar con protocolos contra el acoso y el hostigamiento sexual y laboral. Pero estos instrumentos por sí mismos no hacen magia si no se socializan entre quienes conforman las instituciones y si no hay un esquema de sanciones ejemplar que inhiba a quienes siguen incurriendo en estos delitos, amparados por la protección que el poder les brinda.
Las instituciones están haciendo las cosas mal. Y lo peor del caso es que el problema puede llegar a alcanzar proporciones incalculables y de ello serán las únicas responsables.