- Es mentira lo que dijo el Presidente, que la víspera comenzó a aplicarse el Plan DN-3 y el Plan Marina, porque éstos se ejecutan una vez que el siniestro pasó.
Raymundo Riva Palacio //financiero.com.mx
El recuento de los daños por el huracán Otis avanza a cuentagotas, con una incapacidad para tener estimaciones oficiales de manera más expedita que apure la ayuda de emergencia, o con un ocultamiento deliberado para neutralizar el costo político para el gobierno, que es una externalidad común. Esta díada no es nueva y siempre detonan los desastres naturales –en México y otros países– una discusión paralela por la forma como actuó el gobierno en turno. La única diferencia hoy, en el primer desastre natural del sexenio, es cómo ha respondido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Presidente de piel ultrasensible ha dedicado más tiempo a denostar que a informar. Ninguno de sus antecesores se victimizó y, se puede argumentar, tampoco actuó tan erráticamente. El presidente Enrique Peña Nieto, criticado –incluso por López Obrador– fuertemente por su gestión en los sismos de 2017, tuvo un manejo más eficiente, si analizamos la toma decisiones entre ambos. Al presidente Miguel de la Madrid le fue peor en la crítica en los sismos de 1985, y aunque aún arrastra la mentira de que se escondió en Los Pinos, su manejo limitado y torpe en los primeros días no fue tan desastroso como ahora.
López Obrador y su gobierno se hundieron por desestimar irresponsablemente a Otis y, en algunos casos, de manera criminal. En este espacio se dio a conocer la semana pasada la hoja de ruta de Otis y la fuerza que iba siendo registrada por el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Miami, que tiene comunicación fluida con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que muestra cómo casi 12 horas antes de que golpeara Otis a Acapulco, se supo de su letalidad potencial, y a poco más de nueve horas que entrara al puerto, ya había sido considerado “extremadamente peligroso”.
López Obrador, ante las críticas por su gestión, dijo que sí informó del huracán, mostrando un mensaje en X a las 8:25 de la noche de ese día alertando, en efecto, que Otis llegaría con mucha fuerza y que estaban perifoneando en el puerto. A esa hora, todo era inútil por extemporáneo, pero lo más grave es cómo llegó el Presidente, junto su gobierno, a ese punto.
Primero, de acuerdo con una primera reconstrucción, porque López Obrador estuvo desconectado todo el día de la evolución de Otis. En Palacio Nacional minimizaron las alertas tempranas, y vieron a Otis como algo natural, no extraordinario. La noche del martes, la única instrucción que dio el Presidente fue a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, para que escribiera la escueta alerta en las redes sociales. Nada más. Buenas noches. Y se fue a dormir.
Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, debió haber advertido al Presidente en lo que se estaba convirtiendo Otis, pero nunca sonó las alarmas en el gobierno pese a las banderas rojas que levantó el CNH. Hubo acciones preventivas individuales limitadas del Ejército y la Comisión Federal de Electricidad, reforzando su personal en Acapulco. La gobernadora Evelyn Salgado estaba en la Riviera Nayarita e ignoró la amenaza para su estado. En Acapulco, la vida nocturna siguió como siempre.
La columna Red Compartida del diario La Prensa reveló el sábado que el secretario general de Gobierno, Saúl López, inauguró la Convención Internacional Minera a las siete y media de la noche en Punta Diamante, e invitó a recorrer los stands y a la cena, a la que se quedó el comandante de la 27ª Zona Militar, general de Brigada Martín Gerardo Franco, a quien atrapó el huracán en el hotel donde era el evento, y se quedó varado hasta que al día siguiente, gracias a los teléfonos satelitales de los convencionistas, pudo pedir ayuda para que lo rescataran. La gobernadora Salgado fue obligada a regresar a Guerrero en un transporte aéreo de la Marina, y la primera acción presidencial a la mañana siguiente fue viajar por carretera a Acapulco, contra la sugerencia del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que tenía un helicóptero listo para llevarlo.
No es cierto, como dijo el Presidente, que la víspera comenzó a aplicarse el Plan DN-3 y el Plan Marina, porque éstos se ejecutan una vez que el siniestro pasó. Lo cierto es que no hizo nada de lo que hicieron sus antecesores en situaciones similares. Peña Nieto ordenó a una parte de su gabinete legal y ampliado irse a vivir a Los Cabos, cuando lo arrasó el huracán Odile, bajo la coordinación de la exsecretaria de Turismo Claudia Ruiz Massieu; López Obrador tiene a su gabinete más ocupado en preparar reportes y enlaces para sus clips y mañaneras que atender íntegramente la crisis. En 1997, cuando el huracán Paulina golpeó Guerrero, el presidente Ernesto Zedillo exigió el restablecimiento de la energía eléctrica y ayuda urgente para compensar la pérdida de los medios de subsistencia; López Obrador invierte más tiempo en atacar a la prensa y andar de gira, que en dedicarse de tiempo completo a la emergencia.
Sus fobias y limitaciones no le permiten ver algunas consecuencias del fenómeno. Por ejemplo, el pillaje. López Obrador ordenó retenes y cordón militar para evitar el saqueo, que tiene una razón distinta al vandalismo, aunque siempre hay quienes aprovechan cualquier coyuntura. Para una población que vive en efectivo y al día, como cerca de un millón de personas en Acapulco, la falta de energía eléctrica apagó los cajeros automáticos, a lo que se sumaron las instrucciones contradictorias del Presidente sobre la concentración y distribución de la ayuda. Esa debía ser la prioridad, con un enfoque social, no sólo con disuasión militar.
Otis fue un huracán atípico que a cualquier gobierno hubiera rebasado. La diferencia entre López Obrador y sus antecesores es que ninguno se fue a dormir y dejó la emergencia al garete. Todos instalaron gabinetes para la contingencia en lugar de irse a viajar a zonas alejadas del epicentro del desastre. Todos tenían un equipo profesional, no a una runfla de incompetentes que, en algunos casos, podrían llegar a ser acusados de homicidio culposo por omisión de responsabilidades.