- De los 20 periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz entre 2010 y 2016,19 trabajaban en prensa escrita. La ONG Artículo 19 revisó cuáles eran los medios escritos con mayor estructura corporativa, mayor actividad o poder de marcar agenda. El resultado: hay tres compañías detrás de la edición de 23 medios y 35 empresas vinculadas a ellos y a nombres pesados de la política.
Por Ricardo Balderas y Paula Mónaco Felipe //proceso.com.mx
“Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes, de alguna u otra manera, tienen vinculación con estos grupos… Todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa… ¡Pórtense bien, por favor!, se los suplico. Vienen tiempos difíciles”, dijo Duarte y muchos lo tomaron como amenaza porque en ese momento ya sumaban 13 periodistas asesinados y tres desaparecidos durante su gobierno. Ese mismo día en el municipio Medellín mataban al reportero Juan Mendoza Delgado.
Pero no sólo dijo eso. En aquel evento de polémicas declaraciones, el gobernador dijo más:
“Quienes integran esas células delictivas tienen pugnas, quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con total conocimiento de causa, lamentablemente la delincuencia tiene puentes, nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos y también algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación, también están expuestos ante estas situaciones”.
Nombró Duarte a notarios, empresarios y funcionarios. Traspié, exceso de sinceridad, o lo que haya sido, develó un mapa de Veracruz más amplio que sólo pensar en el gobierno versus crimen, buenos versus malos. Se salió del libreto comunicacional que, hasta ese momento, su gobierno había sostenido.
Por esos días se tambaleaba ya su gestión. Periodistas habían develado redes de empresas fantasma que el gobernador, sus amigos y familiares usaron para desviar miles de millones de pesos, en teoría etiquetados para combatir la pobreza, donar a la Cruz Roja y otros fines presumiblemente nobles. Comenzaba a saberse que habían robado el dinero de tratamientos para niños con cáncer. Que algunos funcionarios habían comprado decenas de propiedades aquí y en otros países. Que la economía del estado marchaba hacia el colapso porque las finanzas públicas estaban en rojo, déficit total. Que desde las oficinas de gobierno se adjudicaban convenios millonarios en propaganda oficial sin concursos de por medio. Las famosas “licitaciones directas”.
Nadie sabe cuántos millones. Pero todos quienes fueron consultados saben que mucho del dinero era asignado para fortalecer la propaganda del estado. ¿Implicaba eso comerciales, fotos del gobernador o publicitar obras? No necesariamente. Periodistas que trabajaban entonces explican que las autoridades a veces pagaban para que se hablara bien de ellos (los políticos) fingiendo cuál era la postura editorial del medio, otras veces simplemente daban dinero como prebenda. Compraban silencio.
Hasta este momento se desconoce el monto total del dinero que se asignó para publicidad oficial en 2010-2016 pero aparecieron, al menos, dos pistas.
La primera en 2017, cuando en audiencia judicial el fiscal Julio Rodríguez Hernández dijo que fueron cerca de cinco mil millones de pesos, unos 294 millones de dólares. La segunda, casi al mismo tiempo pero muy disímil, llegó durante una comparecencia del siguiente gobernador, Miguel Ángel Yunes, ante el congreso veracruzano. Yunes dijo que “en 70 meses, el gobierno de Javier Duarte pagó dos mil 582 millones de pesos a periódicos, 152 millones a revistas, 15 millones a caricaturistas, dos mil 700 millones a televisoras, 515 millones a particulares y 280 millones de pesos en espectaculares, entre otros gastos relacionados con medios de comunicación.” Es decir, más de ocho mil millones de pesos, unos 470 millones de dólares. Casi el doble.
Empezamos esta investigación preguntando vía transparencia a la Coordinación de Comunicación Social y a la Secretaría de Finanzas y Planeación acerca de los convenios de publicidad oficial del periodo de 2010-2016. Las respuestas del estado veracruzano fueron negativas. “No se cuenta con información solicitada” y “No se encontró evidencia documental”, nos respondieron por ejemplo la jefa de oficina de Contratos y Convenios y el subdirector de Contrataciones Gubernamentales (oficios CGCS/DJ/OCC/006/2023 y SCGARA/199/2023).
Pero el silencio de las autoridades dijo mucho en su callar. Seguimos entonces la pista del mapa que abrió el propio Duarte con su pórtense bien. Donde antes había hoja en blanco fueron apareciendo cadenas montañosas que cubren el territorio con sus empresas, cuerpos de agua que reflejan redes de poder, límites claros y otros más difusos.
Encontramos un mapa.
Las empresas hacen dinero. A eso se dedican, para eso nacen, en eso ocupan sus esfuerzos.
Y aunque no acostumbramos a mirar desde esa perspectiva, resulta innegable que los medios de comunicación son empresas. En los dos significados que la palabra puede tener: son organizaciones dedicadas al lucro y son la difícil tarea de concretar un fin. La empresa diaria para que cada amanecer tengas un periódico en tus manos, con esa portada y con cada una de las palabras que contienen sus hojas. La empresa mensual de tener anunciantes, pagar sueldos o que al picar el apagador en la redacción se encienda una luz.
Como empresas, los medios de comunicación están obligados a tomar las decisiones necesarias para sobrevivir pero la particularidad de los periódicos, televisoras y radioemisoras es que trabajan con palabras, imágenes, información: contenidos indisociables de ideologías e intereses varios. Es imposible -e ingenuo- pensar que las empresas mediáticas puedan estar libres de ello, es decir, de tomar decisiones difíciles.
Imposible es también que los medios de comunicación no tengan dueños. Pero quiénes sean los dueños determina en gran medida cuáles serán los mensajes que emitan (y cuáles no). De qué hablarán, acerca de qué callarán.
Aquí es cuando la situación se complejiza. El punto gris del cruce entre la empresa y la libertad de expresión. Complejo porque es un horizonte deseable, una bandera innegociable, pero también a veces intangible (o moldeable). Aquí, en el cruce empresa-dueños-intereses, es donde todo baja de la nube de lo ideal hacia lo posible, hacia los pies en la tierra, baja a estrellarse no pocas veces.
Somos periodistas, trabajamos con medios-empresas (o en ellos) y ahora queremos mirar de otra manera. Más bien porque las empresas, la parte comercial de ellas, es tal vez una de las piezas que le faltan a nuestro rompecabezas ya que los factores hasta ahora analizados no alcanzan a explicar por completo las violencias que han costado la vida de casi 200 periodistas en México en los últimos 23 años.
Ya no alcanza con mirar sólo a la delincuencia o a las autoridades: hay un tercer factor, que es el sector privado. Existen, están ahí, son parte fundamental de la maquinaria de información, y las empresas mediáticas son parte fundamental de ese sector privado.
Para mirarlos ahora partimos de dos supuestos. Que esos medios-empresas se inscriben en tiempo y espacio: contextos. En vínculos comerciales, políticos e ideológicos con otras personas, empresas o grupos: redes. Situaciones todas determinantes porque de la forma que adquieran esas redes y los contextos en los cuales se inscriban definirán qué tan libre será el periodismo, qué tan atado y a qué.
Miramos a Veracruz durante el periodo 2010-2016 enfocando aquí en las relaciones medio-empresa. Buscamos entender mejor qué ocurrió entonces y, desde esa clave, ¿por qué no han dejado de matarnos?
Encontramos un mapa distinto al que conocíamos antes.
Topografía de la concentración
La mayoría de los medios impresos del Estado de Veracruz son propiedad de unas pocas familias. Un oligopolio disfrazado de pluralidad. En el periodo analizado, 24 periódicos, revistas y páginas de internet son editadas por empresas que pertenecen a sólo tres grupos editoriales (y familiares) cuyos accionistas y representantes legales están a su vez vinculados con una red de al menos 34 razones sociales relacionadas.
El Grupo Editorial Sánchez, propiedad de la familia Sánchez Macías, llegó a tener nueve medios en Veracruz (más uno en Chiapas y otro en Tabasco); el grupo La Voz del Istmo, de la familia Robles, al menos siete medios impresos; y el Grupo Olmeca, de la familia Álvarez Peña, al menos otros ocho medios en Veracruz (más dos en Tabasco y dos en Chiapas).
Buscamos documentos para entender cómo se conformaron y organizan esas empresas. Varias particularidades topográficas generales surgen de los 106 documentos que se cuentan en esta investigación, entre actas varias del Registro Público del Comercio y del Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En primer lugar, la mayoría de las empresas que editan medios en Veracruz son sociedades anónimas de capital variable. Es decir una de las figuras comerciales más utilizadas en México porque es relativamente fácil de gestionar y permite muchos movimientos al interior: cambiar accionistas, modificar cargos internos y volumen de capital, como también permiten que sus accionistas -dueños- sean personas físicas o morales, es decir otras empresas. Una situación que utiliza por ejemplo Editora La Voz del Istmo, a su vez compuesta por otras empresas de los mismos dueños que fungen como accionistas: INBE del Istmo S.A. de C.V., Impresora La Voz del Istmo S.A. de C.V., Inmobiliaria La Voz del Istmo S.A. de C.V.
En lo que refiere a movimientos de accionistas, encontramos muchos. Cada grupo está conformado casi siempre por personas emparentadas, familiares con mismos apellidos, quienes además optan por una endogamia del trámite al utilizar en repetidas ocasiones a los mismos notarios.
Para ser más exactos, el 55% de las empresas analizadas fueron registradas sólo por cuatro notarios públicos. Francisco Javier García Gea y Juan Hillman Jiménez, también pariente de los accionistas, llevan gran parte de los documentos del grupo La Voz del Istmo. En empresas del Grupo Olmeca aparece como notario Flavino Ríos Alvarado, político priista quien fue el último secretario de gobierno del entonces gobernador Javier Duarte y quedó como gobernador interino cuando el titular se fugó.
Otra característica de las empresas de medios en Veracruz es que son negocios de familia. En general cuentan con trayectoria de varias décadas en el tema editorial-informativo, pero sorprende que las personas públicamente identificadas como dueños muchas veces no aparecen así en los registros oficiales. En lo que a documentos se refiere, por ejemplo actas de constitución de asociaciones de capital variable, esos apellidos de peso están ausentes o aparecen con identidades de hijos, sobrinos, primos, hermanos, mientras las personas públicas, aquellas a quienes todos identifican como dueños, en el papel son apenas accionistas, incluso minoritarios.
Ese es el caso del exmagistrado Edel Humberto Álvarez Peña, ausente en las conformaciones iniciales de la mayoría de las sociedades que editan medios y pertenecen a su familia, sólo públicamente accionista en Novedades del Golfo S.A. de C.V., de acuerdo a documentos hallados. Sin embargo, los nombres que sí aparecen muestran que la línea fronteriza entre lo público y privado es delgadísima: su esposa, sus hijos y su hermano son los dueños en los papeles.
Por otra parte, así como casi todas las empresas son sociedades anónimas de capital variable, sorprende que prácticamente ninguna tiene por “objeto social”, es decir actividades comerciales autorizadas, editar medios de comunicación. Es decir, ninguna se dedica exclusivamente a eso.
Algunas lo mencionan, como las empresas del Grupo Editorial Sánchez, que tienen idéntico objeto social en prácticamente todas sus sociedades, pero otras apenas lo incluyen en el inicio de una extensa -y muy diversa- lista que siempre incluye compra-venta de bienes inmuebles y celebrar diversos tipos de contratos. Declaran como sus actividades principales situaciones de lo más diversas y disímiles de la edición de noticias.
Por ejemplo, Infosur S.A. de C.V. (FME 3072), empresa creada en 2001 que edita el Diario Acayucan define el objeto de su negocio como compraventa y suministro, distribución, importación, exportación, mantenimiento, fabricación y proveeduría de “cualquier equipo eléctrico, electrodoméstico, electrónico equipo de cómputo (…) de aire acondicionado (…) plantas de emergencia (…) sistemas de alarmas (…) todo tipo de agregados, acabados, pinturas y materiales para la construcción (…) artículos de papelería, bienes muebles e inmuebles (…) compra y renta de membresías en clubes deportivos culturales y sociales (…) telemarketing (…) vehículos y maquinaria (…) servicio de televisión por cable”, entre otros. Apenas en 2020 agregaron a su objeto la “elaboración, impresión y venta de periódicos, revistas y cualquier clase de medio de comunicación o publicidad impreso y digital”.
Y si el objeto social representa las actividades comerciales que las empresas declaran ante las autoridades que son capaces de hacer y para las cuales solicitaron aval legal, ¿cómo interpretar que quienes editan medios no declaren que editan medios? Objetos sociales con errores de tipeo, ortografía, mal cortado-pegados, pero sobre todo de tal amplitud que resultan carta abierta para cualquier tipo de negocios, no sólo medios de comunicación.
Grupo Olmeca-familia Álvarez Peña
El Grupo Olmeca edita al menos 12 medios de comunicación, ocho de ellos en Veracruz, dos en Tabasco y dos en Chiapas. Con sólo mencionar alguno de los periódicos, enseguida en Veracruz surge el nombre de Edel Humberto Álvarez Peña.
No es periodista, es abogado. En varias décadas de trayectoria política fue presidente municipal de Coatzacoalcos (1991-1994), presidente estatal del PRI, coordinador de asesores del gobierno estatal y director del Registro Público de la Propiedad (2006-2010), entre otros cargos. En 2010 fue propuesto magistrado por el entonces gobernador Fidel Herrera, uno de los hombres más fuertes del priismo en Veracruz, y nombrado por el congreso estatal en los últimos días de esa gestión. Después, en diciembre de 2016, el primer día del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, Álvarez Peña fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Se retiró hace poco y ha sido señalado por presunta corrupción: simular contratos por unos 350 millones de pesos con empresas fantasma vinculadas al escándalo internacional de lavado conocido como los Papeles de Panamá, de acuerdo a la investigación periodística de Flavia Morales.
Mientras su carrera política ascendía, también crecía la lista de empresas ligadas a su familia y a él mismo, aunque no resulta sencillo seguir ese rastro. Porque él, conocido hombre de peso en el Grupo Olmeca, está ausente en la mayoría de las constituciones de sociedades y apenas aparece en documentos posteriores, en cambios de accionistas, como ocurre en Novedades del Golfo S.A. de C.V. (FME 1582), donde es incorporado más tarde. Caminos que complican todo para seguir la ruta de dueños y dinero.
José Lorrimer Álvarez Peña, su hermano, es quien aparece en documentos oficiales como administrador y accionista en la mayoría de las 14 empresas de Grupo Olmeca que están vinculadas de diversas formas a medios de comunicación. Situación similar ocurre con María Inés Núñez Monreal, ahijada del exmagistrado, y su hermana Margarita Núñez Monreal, ambas accionistas y a veces apoderadas.
Pero en dos empresas de ese grupo se hacen más delgadas las fronteras: El Liberal del Sur S.A. de C.V. (FME 604), que edita Liberal del Sur, y Editoriales Cempoala S.A. de C.V. (FME 25637), que edita Diario Cardel. La primera fue fundada en 1999 y la segunda en 2008. En la primera el administrador único es José Lorrimer Álvarez Peña, su hermano, y la presidenta del consejo de administración del medio es Amalia Delong Tapia, su esposa. En la segunda los accionistas son Amalia Delong Tapia y José Edel y Juan Pablo Edel Delong, es decir esposa e hijos del exmagistrado.
Delgadísima línea, de puntitos ya, entre el político-funcionario-magistrado y sus familiares; entre empresas de medios e instituciones de estado y gobierno.
Grupo Editorial Sánchez
Entre 2010 y 2016, el Grupo Editorial Sánchez editaba al menos 11 medios, nueve de ellos en el estado de Veracruz, sin esconder la apuesta general: la mayoría de los periódicos se llaman heraldos. El Heraldo de Xalapa, El Heraldo de Veracruz, El Heraldo de Tuxpan, El Heraldo de Poza Rica, El Heraldo de Martínez, El Heraldo de Coatzacoalcos y El Heraldo de Córdoba. Además, Revista El Heraldo de Veracruz y El Diario Martinense.
El grupo editorial tenía -y tiene- presencia en prácticamente todo el territorio veracruzano. Se hallaron actas constitutivas y documentos varios de 12 empresas de esa familia, de las cuales ocho se dedican exclusivamente al negocio editorial (en Veracruz y Chiapas) y otras dos a la agroindustria. Prácticamente en todas el administrador único es Eduardo Sánchez Macías, accionista también junto a sus hermanos Francisco Javier y Stalin, todos de apellidos Sánchez Macías. En general, los tres están presentes en cada empresa aunque va variando el porcentaje de sus acciones.
Las sorpresas están en los picos de crecimiento. Durante el periodo que estudiamos nacieron al menos tres de sus empresas de prensa: Editora Sur Centro S.A. de C.V. (FME 14563), que edita El Heraldo de Coatzacoalcos; Editora SAMHE S.A. de C.V. (FME 29786), que edita El Heraldo de Xalapa; Revista Heraldo de Veracruz S.A. de C.V. (FME 1421), que publica con el mismo nombre.
Es decir, fueron buenos tiempos los del duartismo para este grupo editorial. Pero no fueron los primeros, antes también tuvieron dos picos de prosperidad: 1998, cuando fundaron dos empresas y 2007 cuando fundaron tres.
Y esas eran trillizas dedicadas al negocio editorial: todas nacieron en el 2007, tienen idéntico objeto social e idéntico administrador, Eduardo Sánchez Macías. Las empresas nacieron con apenas semanas de diferencia: Diario de Campo S.A. de C.V. (FME 989) el 29 de junio, Diario de Poza Rica S.A. de C.V. (FME 7005) el 18 de septiembre y Diario de Tantoyuca S.A. de C.V (FME 2173) el 24 de octubre.
¿Por qué crear tres empresas idénticas con diversos nombres? ¿Cómo leer estos picos de prosperidad?
Veamos estas seis empresas -y dos picos- en contexto. El periodo 2007-2010 coincide con el tiempo en que Javier Duarte fue subsecretario y secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz (2004-2008 y todo 2008, respectivamente). El segundo pico de crecimiento del grupo editorial, 2010-2015, coincide con el tiempo en que Duarte fue diputado federal (2009-2010) y gobernador (2010-2016).
¿Simplemente tuvieron buena relación con el político en ascenso? ¿Fueron favorecidos por convenios?
Hay un tercer factor que se maneja: parentesco. El grupo editorial está encabezado por personas de apellidos Sánchez Macías: comparten el segundo con la esposa de Javier Duarte, Karime Macías. Pero de eso hablaremos más adelante.
Basta ahora mencionar que Eduardo Sánchez Macías fue empresario de medios al mismo tiempo que político y gobernante, caminaba por el sector público al mismo tiempo que por el privado. Era director del grupo de medios y administrador único de todas sus empresas al mismo tiempo que diputado local del Partido Verde por el distrito VIII, Martínez de la Torre (2013-2016). Para mayor contradicción, era también secretario de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP).
En 2019 fue detenido y sometido a proceso acusado por desvío de fondos y de asignar dinero público del Congreso a sus propios periódicos.
La voz del Istmo-familia Robles Barajas (y Hillman)
La Voz del Istmo es un grupo que nace en la zona de Coatzacoalcos a fines de la década de los años noventa pero que ha ido expandiéndose hacia otras latitudes. Editan una revista, Llave Negocios Política, y siete periódicos: El Diario del Istmo, Imagen de Veracruz e Imagen del Golfo, y los órale: Órale!, Jarocho Órale! y Xalapa Órale!
En lo administrativo son una empresa hecha de empresas, algo que está permitido por la ley aunque difumina un poco los nombres de personas físicas para sustituirlos por personas morales siempre cambiantes, menos transparentes.
Y aunque el nombre común es Editora La Voz del Istmo, al mirar a detalle los documentos aparece una particularidad: los mismos accionistas tienen dos empresas con nombres prácticamente idénticos: Editora La Voz del Istmo Sociedad Anónima de Capital Variable (FME 10404) y Editora La Voz del Istmo S.A. de C.V (FME 4767). Creada una en 1999, la otra en 2006. Extraño.
En este grupo editorial hay una pareja fundadora, el patriarca José Pablo Robles Martínez y la matriarca Roselia Margarita Barajas y Olea, nacidos en 1937 y 1938, respectivamente. Están presentes en la mayoría de las empresas pero conforme pasa el tiempo han ido adquiriendo más relevancia sus descendientes: sus hijos José Pablo, Laura, Jair y Mónica, todos de apellidos Robles Barajas.
Resulta el grupo una suerte de múltiples combinaciones entre los apellidos Robles, Martínez, Barajas y Hillman: abuelos, padres, hijos, hermanos, esposos. Los familiares van rotando en los cargos decisivos -por ejemplo el de “administrador único”-, van “donándose” o “cediéndose” acciones entre sí, y las empresas también van pasándose acciones de una a otra en un movimiento que parece infinito.
En cuanto al objeto social, en general se centran en temas informativos pero también aparecen algunas con actividades más amplias. Por ejemplo, Orbi Conecta S.A. de C.V. (FME N-2020029096) está habilitado igual para editar medios, difundir contenidos y realizar marketing como también para otras tareas del tipo comercio exterior, títulos de crédito, franquicias y compraventa de toda clase de inmuebles.
Y en este paisaje regional resulta útil mirar con más distancia: la familia Robles-Barajas no se dedica únicamente a editar periódicos. La matriarca, Roselia Margarita Barajas y Olea, fue diputada federal (1997-2000) y siguió en el mundo político; ha sido embajadora en Costa Rica enviada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su hija Mónica Robles Barajas, quien en los documentos es administradora única de la mayoría de las empresas de medios y públicamente presidenta del corporativo Imagen del Golfo, fue diputada estatal por el Partido Verde en la 63 legislatura (2013-2016) y por Morena en la 65 legislatura (2018-2021). El esposo de Mónica, Iván Hillman Chapoy, fue alcalde de Coatzacoalcos (2004-2007) y su hermano, Pablo Robles Barajas, biólogo y también parte de las empresas, es desde el año 2021 alto funcionario de la Comisión Nacional del Agua.
Mientras era diputada local, Mónica Robles Barajas aparece en documentos oficiales de la autoridad electoral como representante legal del medio Imagen del Golfo Multimedios S.A. de C.V. (número 47 entre 88 autorizadas para publicidad oficial) y actualmente (2023) sigue designada en cargos jerárquicos del grupo mediático, según el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación.
Así es como la familia Robles-Barajas (y Hillman) camina con un pie del lado de la política, del gobierno, y el otro del lado de los medios de comunicación. Frecuentemente se han visto atorados en barros de polémicas diversas. En el pasado, el exgobernador Fidel Herrera criticó al patriarca de ese grupo, Pablo Robles Martínez, a quien llamó “el succionador profesional” en referencia a la cantidad de convenios que dijo conseguía. En otros tiempos la familia denunció ser víctima de persecución política y ahora parece vivir tiempos apacibles: este año hasta los visitó en su redacción el entonces secretario de gobernación federal, Adán Augusto López Hernández.
Mapa político: conflicto de interés
La esposa y los hijos del magistrado son dueños de varios periódicos. El diputado preside un grupo de diarios. La embajadora es accionista en varias publicaciones. Muchos medios veracruzanos no sólo pertenecen a familias poderosas o adineradas: sus dueños también fueron y/o eran políticos y funcionarios al mismo tiempo que empresarios de medios. Eran parte del sector público en simultáneo que del privado.
Una de las consecuencias de esa doble pertenencia es que puede condicionar la línea editorial a sus intereses políticos y los de sus compañeros de partido, gobierno o tendencia ideológica. También, como funcionarios o políticos, quedan en posibilidad de participar en la asignación de recursos públicos a sus empresas (es decir, a sí mismos).
En el mapa de medios de Veracruz hay todavía más ejemplos que aquellos de las tres regiones ya mencionadas. Por mirar algunos:
Alejandro Montano fue diputado federal entre 2012 y 2015 mientras dirigía Milenio El Portal, filial en la capital veracruzana del diario nacional Milenio.
Marco Antonio Anaya Huerta, representante legal de Notisur, uno de los periódicos más influyentes de la zona de Coatzacoalcos, era al mismo tiempo secretario de obras públicas de la alcaldía de Marcos Theurel en Coatzacoalcos (2011-2014).
Gabriela Arango Gibb, diputada priista, es una de las dueñas de La Opinión de Poza Rica.
El dueño de Radiocentro de Córdoba y Xalapa, José Luis Oliva Meza, fue diputado por Misantla.
Muchas, si no la mayoría de las empresas que editaban periódicos en Veracruz entre 2010 y 2016 tienen como accionistas y fundadores a personas de la política, sean funcionarios públicos o gobernantes por cargos de elección popular.
Queda claro que en Veracruz entonces -y probablemente también en otros tiempos-, muchos de los medios de comunicación han sido negocios de políticos, de gobernantes y funcionarios beneficiados por sus propios compañeros o incluso personas que pudieron autoasignarse recursos. Infinitas puertas giratorias al clima de confusión y a los riesgos que enfrentó la prensa en cada territorio. ¿Cuántos de esos negocios condicionaron, arriesgaron y empujaron a reporteros, fotógrafos y editores a exponerse en balaceras a ciegas?
Primos no-primos
Un mismo apellido: Macías. Lo lleva Eduardo Sánchez Macías, dueño y titular de prácticamente todos los 11 medios del Grupo Editorial Sánchez. Lo lleva Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Alrededor, una polémica que se extiende durante años: ¿son o no son primos el mayor empresario de medios de Veracruz y la pareja buscada por delitos de corrupción, preso él y con pedido de extradición ella?
Aunque en Veracruz los rumores indican que el padre de Karime Macías, Antonio Tony Macías Yazegey, tiene participación decisiva en las empresas del Grupo Editorial Sánchez, lo cierto es que no aparece nombrado en ninguno de los documentos hallados para esta investigación, donde los titulares son siempre Eduardo, Francisco Javier y Stalin Sánchez Macías.
Como cierto es también que estaba presente en la inauguración del edificio de El Heraldo de Córdoba, símbolo inequívoco de la expansión de ese grupo durante el duartismo. “Correspondió al empresario coatzacoalquense Antonio Macías Yazegey el honor de ser quien hiciera el corte del listón inaugural”, dice la crónica del evento, publicada el 21 de marzo de 2014. En la foto de portada hay varias personas: todas muy sonrientes, todas tijera en mano, listas para abrir el nuevo periódico. Al centro está Tony Macías Yazegey, a su derecha Eduardo Sánchez Macías.
Nada se dice en la crónica del supuesto lazo sanguíneo, pero son muchas las publicaciones de entonces que refieren a que el empresario y la esposa del gobernador eran primos (primos lejanos dicen algunos, primos a secas dicen otros). A nadie molestaba entonces la mención de parentesco, incluso Duarte aparece en alguna fotografía abrazando al empresario Sánchez Macías, pero algunos años más tarde comenzaron a desconocerse.
Todo inició en 2015 con el capitán Israel Ruiz Zepeda. Un hombre joven que en aquella inauguración también estaba en la primera fila, sonriente y tijera en mano, lo habían designado primer director de El Heraldo de Córdoba. Meses más tarde denunciaba que Eduardo Sánchez Macías “con engaños lo convenció para que realizara una inversión superior a los 10 millones de pesos para establecer el periódico”, que luego lo despojó de la marca y que buscaba “aparentar que los medios de Editorial Sánchez Macías eran más grandes de lo que en realidad son y así hacerse de contratos más importantes” (por parte del gobierno). Más aún, acusó a Eduardo Sánchez Macías de “peinar”, “presionar” y “chantajear” a presidentes municipales y diversas autoridades utilizando el supuesto parentesco con la familia que ocupaba la gubernatura. Dijo que les pedía cuotas mensuales de 39 mil pesos más IVA.
En 2018, caídos ya en desgracia Duarte y su esposa, él en la cárcel y ella prófuga, Eduardo Sánchez Macías envió una carta a la Revista Proceso donde aseguró que no existe tal parentesco, que no son primos. Al año siguiente, en noviembre de 2019, fue detenido por delito de fraude por simulación (y vinculado a redes fraudulentas también quedó después el padre de Karime).
Primos o no, el Grupo Editorial Sánchez, tuvo esplendores coincidentes con tiempos de Javier Duarte en poder de asignar recursos (como subsecretario y secretario de finanzas). Pero más aún se expandió y fortaleció durante el periodo 2010-2016, cuando el esposo de Karime Macías fue gobernador. Miguel Ángel Yunes, quien sucedió a Duarte en la gubernatura, ha denunciado que en menos de seis años le asignaron al Grupo Editorial Sánchez publicidad oficial por cerca de 230 millones de pesos, es decir unos 14 millones de dólares. Pero 13 años y dos gobernadores después, no existen todavía certezas acerca de los montos que le fueron asignados en propaganda o algún otro tipo de convenio.
Negocios diversos
No sólo de periódicos se vive: algunos de los empresarios de medios veracruzanos también explotan otros negocios bastante diversos.
Edel Humberto Álvarez Peña, el hombre que fue alcalde de Coatzacoalcos, magistrado y político del PRI, está vinculado al Grupo Editorial Olmeca pero además es administrador único de dos empresas del rubro petrolero dedicadas a la venta de hidrocarburos: Servicios y Suministros Pétreos Sociedad Anónima de Capital Variable (FME 12760) y Servicios y Suministros Pétreos S.A. de C.V (FME 10023); y es también accionista de una empresa constructiva para servicios y concesiones, Jakarta S.A. de C.V. (FME 114).
Las sociedades fueron creadas en 2002, 2009 y 1999, respectivamente. Es decir, Jakarta (constructora) fue creada mientras Álvarez Peña era alcalde de Coatzacoalcos, y al menos una de las petroleras mientras era director del Registro Público de la Propiedad de Veracruz (2006-2010). En Jakarta S.A. de C.V. no aparece en su documento fundacional aunque ya es representante a partir de documentos fechados en 2002.
En documentos oficiales, Álvarez Peña aparece también como parte de otras dos empresas con objeto social sumamente amplio que va de calzado a vinos y licores, minerales, artesanías, créditos, compra-venta de propiedades, patentes y fraccionamientos inmobiliarios, entre otros negocios posibles. Son Comercializadora Kabator S.A. de C.V. y Melting Point International S.A. de C.V., 2000 y 1999, compañías que públicamente presumen algunos de sus convenios con el Estado (Kabator, por ejemplo, obtuvo varios contratos para instalaciones de fiscalías y Pemex).
Otro grupo editorial que tiene negocios diversos es el de los Sánchez Macías. Además de periódicos por todo el estado, a partir de 2016 parece haber virado hacia a la agroindustria. En un mismo día fundó un par de empresas gemelas, con mismos accionistas e idéntico objeto social: Ganado y Campo S.P.R. de R.L. de C.V. (FME N-2016009352) y Sembrando con entusiasmo y cosechando feliz S.P.R. de R.L. de C.V (FME N-2016008371). Las gemelas nacieron el 7 de junio de 2016, en plena tormenta por escándalos de corrupción, renuncias de funcionarios y poco antes de que Javier Duarte pidiera licencia y se diera a la fuga. El mapa se estaba reconfigurando.
Desigualdad
Aún cuando en teoría recibían grandes convenios de publicidad oficial -existe una investigación judicial por cerca de mil millones de pesos en seis años-, los periódicos veracruzanos pagaban sueldos de miseria a sus reporteros. Peor aún era la desigualdad en los casos de reporteros de fuente policiaca y sin estudios profesionales, a quienes llamaron empíricos. Ellos cobraban entre 20 y 40 pesos por nota o de mil 500 a tres mil pesos por mes.
La mayoría de los asesinados y desaparecidos en ese periodo son periodistas que no tuvieron posibilidad de estudiar, empíricos. De las 20 víctimas, sólo tres habían tenido la posibilidad de estudiar periodismo.
Resulta evidente que políticos y empresarios de medios, en general pertenecientes a clases altas, a la oligarquía o enriquecidos de reciente data, usaron a los periódicos como instrumentos para bajar recursos del Estado. Grandes montos quedaron en sus manos pero no implicaron mejores sueldos para sus trabajadores. Por el contrario, arrastraron a reporteros y fotógrafos a cada vez mayores riesgos al quedar atrapados en medio de ambiciones, disputas y negocios ajenos.
Para el Grupo Olmeca trabajaron tres periodistas víctimas en el periodo 2010-2016. Gabriel Fonseca y Sergio Landa, desaparecidos en 2011 y 2013, colaboraron como reporteros en Diario de Acayucan y Diario Cardel. Gregorio Jiménez, asesinado en 2014, colaboraba como reportero y fotógrafo en Liberal del Sur.
Periodistas que alguna vez participaron con la CEAPP cuentan que mejorar las condiciones parece imposible. Aunque sí lo intentaron algunas personas.
–Llevamos un proyecto al Congreso del estado para que los convenios que diera el gobierno del estado a los medios de comunicación grandes estuvieran sustentados en que todos los medios de comunicación le estuvieran pagando, salarios profesionales a los reporteros y que les dieran seguro social, que es lo mínimo que deberíamos de tener. Y ninguna fracción parlamentaria le quiso entrar, ninguna.
Extinción
Al menos 27 medios, casi todos periódicos, cerraron en Veracruz alrededor del año 2016, cuando concluía el sexenio encabezado por Javier Duarte. Otros cinco periódicos cancelaron ediciones impresas y migraron a ser puramente digitales.
Algunos de los que cerraron están vinculados con políticos y es público que recibían importantes cifras en convenios de publicidad oficial. Por ejemplo AZ Veracruz, Milenio El Portal, Oye Veracruz y Capital Veracruz.
Tan grande puede ser el financiamiento gubernamental a medios que un ejemplo ocurrido en el Estado de México lo ilustra: el empresario Luis Maccise Uribe, dueño de Capital Media (Reporte Índigo, Efekto TV, entre otros), quien en el periodo estudiado era dueño de Capital Veracruz, anunció abiertamente a sus trabajadores que dejaría de imprimir periódicos y desmantelaría sus emisoras de radio y TV una vez que se quedara sin convenios.
Y hacia el cierre del periodo Duarte, frente a la casa de gobierno protestaron algunos periodistas y directivos en demanda de convenios impagos, mientras de la cuenta pública se filtró una lista con las deudas específicas que la administración tenía con medios, personas y empresas diversas por concepto de publicidad oficial.
Evidente es que muchos medios tuvieron que cerrar cuando naufragaba y terminaba el gobierno 2010-2016: así de importante en sus finanzas internas eran los recursos que recibían del gobierno.
Evidente es: hay medios que nacen cuando empieza un sexenio y mueren con él.
Sin ley ni límites, opacidad
Escala es la relación que existe entre una dimensión representada en un mapa y el tamaño real en el mundo. ¿Cuál será la escala de los convenios de propaganda oficial, cuánto el dinero que asignaron?
En el periodo 2010-2016, el estado de Veracruz no contaba con legislación ni marco legal que delimitara la asignación de recursos públicos para publicidad o propaganda oficial. Contratos, convenios y toda suerte de publicidad oficial podían tener cualquier monto o destinatario, las decisiones siempre quedaban a criterio de funcionarios y de la oficina de comunicación social.
La situación no era excepcional ya que a nivel federal recién en 2018 se creó una Ley General de Comunicación Social como base reglamentaria y en 2022 se fijó un tope máximo del 0.1% del presupuesto anual de egresos de cada estado. Fue un avance importante pero duró poco: en 2023 el tope fue removido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar todo el paquete de reformas electorales.
Aunque a nivel nacional los primeros avances legales llegaron en 2018, parece que en Veracruz las reglas a convenios avanzan con especial lentitud: apenas el 15 de marzo de 2021 el Congreso de ese estado aprobó una Ley de Comunicación Social que sí define parámetros pero no establece monto o porcentaje límite para convenios, publicidad o propaganda oficial.
Y 13 años después del final del gobierno encabezado por Duarte todavía no se han hecho públicos documentos que aporten datos precisos sobre el monto real de dinero que destinaron a supuesta publicidad oficial. No hay listados, certezas ni mucho menos contratos. Apenas filtraciones pequeñas en relación al total posible.
Preguntamos a las autoridades al iniciar esta investigación y respondieron negativo. Volvimos a preguntar cuando ya cerrábamos este texto. La última respuesta resulta especialmente reveladora: no existen contratos ni existirán porque nunca se contrató publicidad oficial pero además todo se destruye pasado un año y aún si existiera no podríamos darles porque es información clasificada.
Textualmente, dicen:
“Por medio del presente y en observación a la instrucción relativa y conforme a la petición del oficio N° cgcs/ut/084/2023 de fecha 23 de octubre de 2023, turnado por usted para dar contestación al requerimiento de información con número de folio 301147623000023, me permito informarle que, NO se cuenta con la información solicitada.” (Gobierno de Veracruz)
“Al respecto me permito adjuntar al presente, el oficio N° CGE/UAIP/271 de fecha de 29 de mayo del año en curso, signado por el Lic. Pedro José Vargas Zarrabal, Director General de Integridad y Ética de Servidores Públicos de la Contraloría General, así como el acta de la quinta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de esta dependencia, a través de los cuales se clasifica como confidencial la información solicitada por usted.” (Contraloría de Veracruz)
“Me permito informarle que, NO se cuenta con la información solicitada toda vez que no se contrataron gastos en publicidad” (Coordinación de Comunicación Social).
El dinero y los nombres de quienes se lo llevaron siguen siendo secreto de Estado.
Se borra el mapa, no tiene bordes. Sólo quedan silencios.
