Por Marco A. Mares
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejará a su sucesor/a un delicado y complicado reto económico.
El Presidente de la República ha rechazado la posibilidad de que se registre una crisis económica, al final de su administración, como la ocurrida en la transición de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León.
Sin embargo, nada garantiza que el cúmulo de compromisos y problemas que se registran, deriven en la degradación crediticia de México, con todas las implicaciones negativas que ello representaría.
Ese parece un escenario cada vez más cercano, por la decisión del gobierno lopezobradorista de abandonar la estricta disciplina fiscal que mantuvo a lo largo de los primeros cinco años del sexenio.
Al final, el gobierno lopezobradorista optó por seguir financiando sus obras icónicas y programas sociales y decidió elevar la deuda gubernamental, en 1.9 billones de pesos para este año.
Prácticamente todos los analistas especializados advierten sobre el elevado nivel de déficit proyectado por el gobierno para el año en curso.
Para el ejercicio fiscal 2024 se prevé un déficit presupuestario de 1 billón 693 mil millones de pesos, equivalente a 4.9% del PIB.
Por otra parte, prácticamente desde el inicio del gobierno, con la aplicación de la contrarreforma petrolera, y la orientación de Pemex hacia un modelo de refinación, se elevaron los niveles de alerta.
La decisión de “rescatar” a Pemex, suspender las rondas petroleras –en las que comenzaron a participar las más reconocidas firmas internacionales– y, la aplicación de cuantiosos recursos del gobierno federal, para respaldar financieramente a la petrolera, se ha convertido en uno de los compromisos más riesgosos para la administración pública.
La complicada situación productiva y financiera de Pemex, parece el riesgo más inminente.Pemex no ha podido elevar su nivel de producción; ni siquiera ha alcanzado los objetivos que se autoimpuso; la estrategia de rehabilitar el sistema de refinación tampoco se ha logrado, respecto de lo que se proyectó y se ha invertido.
Y a pesar del elevado apoyo gubernamental, la elevada deuda de la petrolera continúa siendo una bomba de tiempo. Los últimos acontecimientos así lo dejan ver.
El viernes 9 y el martes 13 de febrero (de este año 2024), quedan inscritos como fechas que marcan la distancia entre el discurso oficial y la realidad.
En la retórica presidencial se escucha todos los días sobre el rescate de Pemex y la soberanía energética; de que se logró detener la caída de la producción; que México dejará de importar gasolina; que se ha logrado reducir su deuda y muchas cosas más.
Sin embargo, el viernes 9 de febrero, la agencia calificadora Moody´s anunció su decisión de degradar la calificación de Pemex.
Bajó la calificación de la deuda corporativa de la petrolera mexicana a B3 desde B1. Desde el año 2020 la misma agencia calificadora le quitó el grado de inversión.En ésta última ocasión, Moodys, la colocó a un peldaño de la calificación altamente especulativa.
La agencia fue muy clara al señalar el elevado nivel de endeudamiento de la empresa, los próximos vencimientos, cercanos a los 11 mil millones de dólares, la incapacidad para generar flujo de efectivo y las pérdidas en el negocio de refinación.
Destacó que frente al elevado déficit público el gobierno mexicano podría no tener la capacidad para seguir apoyando a Pemex.
En reacción casi inmediata, el gobierno federal, publicó el martes 13 un decreto para eximir a Pemex del pago de su principal tributo, el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) de los meses de octubre a diciembre del 2023 y de enero de este 2024, por un total estimado de 4 mil 100 millones de dólares, de acuerdo con cálculos extraoficiales.
Es un nuevo “salvavidas” de Hacienda a Petróleos Mexicanos.
¿Por qué será que, si desde la perspectiva oficial, a Pemex le está yendo tan bien, le siguen inyectando tanto dinero?
Hasta ahora, el gobierno ha apoyado a Pemex con 1.5 billones de pesos, el 60% de ese gran total, ha sido vía aportaciones de capital, 28% en reducciones al DUC y más de 10% a estímulos fiscales.
Pemex ya no aporta como solía hacerlo a las finanzas públicas. Ahora las finanzas públicas le aportan a la petrolera.
Pemex ni con aportaciones de capital, reducciones en el pago del DUC del 60 al 30% y otras facilidades, está logrando mejorar su condición operativa y financiera.
Todo indica que el próximo gobierno tendrá que cambiar de estrategia, en su política energética, si quiere evitar la degradación crediticia y una mucho mayor complicación de las finanzas públicas. Veremos.
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