El INE, encargado de organizar el proceso de elección de ministros, magistrados y jueces, aprobó el monto que solicitará para esa tarea. El presupuesto deberá ser aprobado por el Congreso
Ciudad de México, 01/11/2024 (Más / IA).- La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad solicitar un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos para organizar la elección judicial de 2025, un proceso que permitirá a los ciudadanos elegir a ministros, magistrados y jueces en todo el país. Esta petición de recursos se enmarca en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, agradeció al personal involucrado en el proyecto y enfatizó el compromiso de la institución para cumplir con los requisitos de la elección judicial, aun cuando la reforma judicial que respalda este proceso aún se encuentra bajo revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN).
La cifra aprobada por el INE supera con creces la estimación presentada previamente por el legislador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien en julio de este año calculó que el proceso electoral podría realizarse con un presupuesto de entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos.
Monreal sugirió que, de ser necesario, se podrían destinar a la elección judicial algunos fondos de los 23 mil millones de pesos en fideicomisos que serían entregados a la Tesorería Federal.
El presupuesto solicitado por el INE equivale a casi tres veces el monto destinado a otras instituciones o programas clave. Por ejemplo, el presupuesto solicitado para la elección judicial es aproximadamente tres veces mayor que el asignado en 2024 al Instituto Nacional de Transparencia y también triplica el presupuesto del programa de Atención a Víctimas.
La solicitud del INE, aunque aún deberá ser aprobada por el Congreso, subraya la magnitud y los costos asociados a la organización de un proceso electoral extraordinario de esta naturaleza, que busca ampliar la participación ciudadana en la designación de jueces y magistrados en el contexto de la reforma judicial.