- Diputado pide a la población no tener miedo a la transformación de Veracruz, por el contrario hay que participar
Por Máxima García Guevara
Xalapa, Ver.- Con la homologación de la Constitución Política de Veracruz, a la Carta Magna federal en materia de Reforma al Poder judicial, se democratiza el proceso de elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces, dijo el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.
Pidió a la población no tener miedo a la transformación de Veracruz, por el contrario hay que participar.
Con esa reforma se dio un gran paso para que los veracruzanos cuenten con un Poder Judicial independiente, imparcial y cercano a la ciudadanía, aseguró el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México.
“Aunque se tenían 180 días para reformar la Carta Magna local, se legisló en tiempo y forma tomando en cuenta que el Organismo Público Local Electoral (OPLE), y el Instituto Nacional Electoral (INE) deben tener condiciones para organizar las elecciones de magistradas, magistrados, juezas y jueces”.
De esta manera el Congreso de Veracruz contribuye a que existan condiciones de igualdad, claridad electoral y derecho de participación, agregó Carlos Marcelo Ruiz.
Indicó que todas las leyes son perfectibles, “la ductilidad del derecho tiene que ver con la movilidad social, con la participación ciudadana y con la condición de transformación de la sociedad”.
El pueblo quiere justicia, transparencia e inclusión, igualdad, por eso el Congreso aprobó dicha reforma, expresó el diputado integrante de la LXVII Legislatura de Veracruz.
Es una reforma de avanzada, incluye crear un Órgano de Administración Judicial, un Tribunal de Disciplina Judicial, elimina fideicomisos y fondos, para dar paso a la democratización y la rendición de cuentas, destacó.
El gran reto es garantizar que el Poder Judicial cumpla con su normatividad y exista justicia pronta y expedita, abundó el legislador; habrá sanción para juzgadores que trastoquen la ley, privilegia la equidad de género o igualdad sustantiva, y contempla candados para evitar que deudores alimentarios ocupen cargos de jueces o magistrados.