Las investigaciones por la implicación del exsecretario de Marina Rafael Ojeda en Tamaulipas, ya han llegado a otros estados del país
El pasado 10 de septiembre se realizó un operativo donde se aseguraron propiedades de Jorge Wenceslao Santiago Téllez, donde se halló documentación que prueba los vínculos con la red distribuidora
Pablo Filiberto Hernández Vélez
Puebla, Pue. – Una investigación federal ha puesto al descubierto una red de “huachicol fiscal” con operación en varios estados del país, incluyendo Veracruz, Puebla y Tamaulipas. En el centro del esquema aparece Jorge Wenceslao Santiago Téllez, propietario de la empresa Transportes JWST, y su padre, Wenceslao Santiago Castro, alcalde electo de Tecolutla y esposo de la actual alcaldesa, Gabriela Valdez Santes.
Según fuentes cercanas a la indagatoria, Transportes JWST habría sido utilizada como parte de una estructura logística destinada al traslado y almacenamiento de combustible de procedencia ilícita. La empresa, registrada formalmente a nombre de Santiago Castro, estaría operando como una firma fachada para facilitar el movimiento del hidrocarburo por carreteras federales.
Los señalamientos no son menores. De acuerdo con la misma fuente, Santiago Castro —quien ya ha sido vinculado en anteriores investigaciones con presuntos nexos la delincuencia organizada — habría aportado recursos y conexiones políticas para blindar las operaciones logísticas en Costa Esmeralda, una región estratégica por su cercanía a puntos de desembarco y rutas comerciales clave y donde actualmente mantiene el control pues la alcaldesa es su esposa.
Las autoridades han asegurado tractocamiones y pipas que presuntamente forman parte de esta red. Los vehículos eran operados por personal contratado bajo esquemas irregulares, en rutas que conectaban bodegas y puntos de distribución en municipios como Vigas de Ramírez, Perote, La Joya, Tecolutla, y zonas rurales de Puebla y Tamaulipas.
Además, se ha documentado la participación de empresas ligadas a políticos poblanos y sus familiares, quienes habrían facilitado la entrada del combustible al mercado mediante operaciones de compraventa simuladas y documentación alterada para evadir controles fiscales.
El caso, que ya es seguido de cerca por instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), podría derivar en un nuevo golpe al esquema de distribución clandestina de hidrocarburos en el país, conocido popularmente como “huachicol”.
Encuentran documentos que prueban los vínculos con red distribuidora
El pasado 10 de septiembre de realizó un operativo por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, en coordinación con la Marina, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la Gerencia de Inteligencia Logística de Pemex.
El aseguramiento incluyó cuatro oficinas corporativas en Ciudad Judicial, San Andrés Cholula, propiedad de Jorge Wenceslao Santiago Téllez, donde informó la autoridad, se halló documentación que prueba los vínculos con la red distribuidora.
En el, aseguraron dos centros de almacenamiento y cuatro gasolineras que vendían el huachicol fiscal.
Las autoridades no han emitido aún una postura oficial sobre las imputaciones directas, aunque se espera que en los próximos días se liberen órdenes de aprehensión y se amplíe la lista de involucrados.
