CDMX. El juicio de amparo es, desde hace más de un siglo, el blindaje ciudadano contra los abusos del poder. No se trata de un lujo procesal sino del último recurso para que un individuo pueda detener un acto de autoridad que viola sus derechos. Alterar ese mecanismo debería ser un asunto de máxima responsabilidad, pero en el Senado se hizo lo contrario: se manipuló el dictamen para introducir, en el último minuto, una cláusula de retroactividad que golpea el corazón del artículo 14 constitucional. Y el artífice de esa jugada no fue otro que Manuel Huerta.
Lo que no estaba en la iniciativa presidencial ni en el dictamen de comisiones apareció mágicamente en el Pleno, con dedicatoria para modificar juicios en curso y beneficiar a quienes tienen cuentas millonarias que arreglar. No es casualidad que en el radar aparezca el nombre de Ricardo Salinas Pliego, el gran deudor fiscal que litiga miles de millones contra el SAT. A nadie le extraña entonces que Huerta metiera mano: el que es traidor, siempre saca el cobre.
Se puede vestir el asunto con tecnicismos y pretextos de “modernización procesal”, pero el golpe es evidente. La retroactividad en amparo no solo choca con la Constitución, sino que abre la puerta a la inseguridad jurídica, cambia las reglas del juego a la mitad del partido y deja indefensos a colectivos, comunidades y ciudadanos que ya confiaban en la protección de la ley. Mientras tanto, el senador que se toma atribuciones para meter trampas ni siquiera puede presumir una sola iniciativa propia, ni un proyecto que defienda causas reales. Lo que hace es pura estupidez, y esta vez su ocurrencia puede tener un costo mayúsculo para el país.
Hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó de la reserva y el ministro presidente de la Corte advirtió que no debió aprobarse. Pero Huerta insiste, como si la Constitución fuera plastilina y el juicio de amparo un botín político más. Ahí está el verdadero rostro de un legislador que no construye nada, que no aporta, que solo mete mano para favorecer a los de arriba mientras deja en la indefensión a los de abajo. Beneficiar a los deudores millonarios a costa de los derechos ciudadanos no es reforma, es traición.
La pregunta es si la Cámara de Diputados y la Corte permitirán que semejante despropósito prospere. Porque si esto se consolida, no será la gente la que se ampare contra el poder, sino el poder el que se ampare contra la gente. Y eso sería la derrota final de un derecho que nació para protegernos de los abusos que hoy, gracias a políticos como Manuel Huerta, vuelven a colarse por la puerta de atrás del Congreso.
