Juan Carlos H. Blanco
La bala que asesinó a Carlos Manzo, dio también en el centro de la narrativa de la política de seguridad federal. Evidenció la ausencia de estrategias regionales para entender las causas de la violencia y la falta de capacidades institucionales de los gobiernos estatales y locales, condiciones necesarias para intervenir de manera eficaz. Es el resultado de una política contra el narco que, con sus acentos o prioridades, sexenio a sexenio se repite. Nuestros expresidentes, lectores avezados de Samuel Becket, siempre se han obstinado a lo peor. Ensayan los mismos programas de seguridad que han demostrado ser un fiasco, como si quisieran demostrar que ellos pueden fracasar mejor. Son exploradores del abismo. Pero es también, la consecuencia de años de recentralización emprendida en el sexenio pasado, más poder y recursos para la federación, menos para las entidades. En esta ecuación, los gobiernos municipales son casi un lastre.
El crimen fue un resorte que activó nuestra memoria traumática. Desveló que la gobernanza criminal sobrevive en este régimen híbrido que es nuestro país, donde coexiste democratización electoral y autoritarismo. Lo formal y lo informal. La connivencia entre poderes instituidos y generadores de violencia. La captura de instituciones y actores clave dentro de los gobiernos estatales y municipales por parte de las redes criminales. Y algo de lo que poco se habla: la ineficacia gubernativa. Instituciones o áreas de gobierno sin organigramas orientados para obtener resultados, sin cuadros técnicos, y ahora sin recursos. Diseños institucionales formales, pero prácticamente inoperantes. Transitamos a una democracia formal, pero hemos sido incapaces de armar una estructura político- administrativa solvente. El Estado de derecho es un animal amorfo. Lo hay para algunos y no lo hay para otros; se manifiesta en algunas áreas de nuestra vida pública, y en otras es un fantasma. Gobiernos van y gobiernos vienen, pero los resultados brillan como un hoyo negro. Los cárteles son como los ajolotes, se les corta una extremidad y se regeneran. Los líderes de los cárteles nunca se fueron. Recompusieron sus alianzas, establecieron nuevos pactos, financiaron candidaturas, ajustaron gustosos sus máscaras. La liberalización política y la pluralidad partidaria, no fue un obstáculo para ellos. La clase política siguió siendo la misma: gobernadores y alcaldes convertidos en vulgares avariciosos, en administradores mezquinos. Saltimbanquis codiciosos sin ideología, ansiosos de usar sus puestecitos en sus particulares escaleras de ascenso social. No andaban perdidos.
La economía criminal siguió adelante. Precursores de fentanilo entrando por el puerto de Lázaro Cárdenas, laboratorios de metanfetaminas y fentanilo en Tierra Caliente y en la zona serrana. Batallas por los territorios para la extracción de rentas masivas. Reparto de municipios en función de las rutas de trasiego o de los tramos del negocio ilícito. Los puestos políticos, la lucha electoral, en una buena parte de las alcaldías, no es para proveer de bienes públicos a las comunidades, son espacios en disputa de los cárteles para garantizar impunidad, obtener influencia y acceder a recursos públicos.
Esteban Barragán, nos dice que el ranchero se autodenomina como gente de razón, descendiente de colonizadores y colonos, mestizos o criollos, pero culturalmente inclinado hacia el elemento español. Carlos Manzo era un ranchero comprometido con su pueblo. Conservador en su cultura, católico de buena sangre, de familia de agricultores de aguacates y limones. Un politólogo ilustrado, educado con los jesuitas. Había en él lucidez e indignación moral en partes iguales. Temerario y bragado, valores respetados entre los suyos, tuvo más arrojo que estrategias para enfrentarse al crimen. Manzo representaba lo que esperaban sus paisanos de un alcalde: alguien que diera la cara por la gente frente a los extorsionadores. Cuando dio la orden a sus policías, que aquel delincuente armado que se resistiera al arresto, lo abatieran. Habló desde la orfandad institucional: el abandono del gobierno estatal y el tibio apoyo federal. No fue su mejor momento. Viridiana Ríos, una corifea del régimen, esquemática y convenenciera, ha utilizado esto para señalar que era de ultraderecha. Hay, evidentemente, una tendencia a descalificar su lucha y su persona. Lo quieren emparentar con Bukele. Es un despropósito. Había también en Manzo muchos de los atributos que los mexicanos compartimos, un hombre de mediana edad que se enfrenta al crimen, que dice basta. Que acepta tener miedo pero que le da sentido a su cargo con valentía. Un ranchero que estaba orgulloso de su identidad. Usaba el sombrero como el estandarte de su movimiento. Padre de dos niños pequeños y esposo de una mujer que caminaba a su lado. Grecia Quiroz tiene luz propia, irreductible en sus demandas, consecuente, hay en sus palabras y en sus gestos una dignidad insólita en el ámbito político, acaso eso explica la identificación de muchos y indignación nacional. Ellos son gente como uno en un momento decisivo.
Michoacán es una entidad biológicamente diversa casi como Oaxaca, Chiapas o Veracruz. Uno de los motores agrícolas del país, y Uruapan: el corazón económico de la entidad. Ellos tienen un pasado de resistencia y una historia que merece un mejor futuro. Por su parte, Guerrero es desde hace años una entidad fallida, donde el narco desembarca en sus playas la cocaína que viene del sur. La inteligencia norteamericana lo sabe, más allá de la política expansionista de Trump hacia América y de la cuestionable justificación de sus acciones, no es fortuito que hace apenas dos semanas se atacó a una embarcación 800 km de Acapulco. Sinaloa cumplió dos años desde el segundo Culiacanazo y sigue siendo zona de guerra. Mientras lo gobierna un ser abyecto e impasible. Jalisco vive una crisis humanitaria de desaparecidos. Tamaulipas, es un emprendimiento gigantesco de huachicol y tráfico de drogas. Guanajuato, con su tasa de homicidios de tendencia centroamericana; por mencionar sólo algunas entidades, no son las únicas. Todos esos estados comparten instituciones disfuncionales y, sobre todo, redes de macro criminalidad -ese entramado donde participan políticos, empresarios y criminales, y donde algunos son las tres cosas al mismo tiempo-. Mientras eso no se ataque, todo esfuerzo caerá en la indolencia. No bastan rondines de militares, sabemos que eso aumenta el índice de letalidad de la población civil en los enfrentamientos. Se requiere inteligencia para desmontar las estructuras financieras de los negocios. Se necesita una reingeniería de las fiscalías estatales para reducir la impunidad.
La muerte de Carlos Manzo significa la entronización de la vía carismática y la derrota de la vía institucional. El mensaje de sus asesinos es claro: que nadie se atreva a levantarse contra el orden criminal. Manzo nos recuerda la valentía y la indignación acallada de tantos años de violencia, pero más que líderes necesitamos instituciones que funcionen, esa debería ser la exigencia, no es un eslogan atractivo en una marcha, lo sé. Pero nada de eso no parece estar en la agenda pública. La inmensa vesania de estos años, homicidios y desparecidos, no sólo ha dejado un rastro de dolor en miles de familias enlutadas, también, la normalización de la violencia: la aceptación social de una cultura de la ilegalidad.
Las ideas y opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de PALABRA DE VERACRUZANO. Respetamos el derecho a la libertad de expresión