Irineo Domínguez Pérez
Los elefantes blancos denominados: organismo público local electoral de Veracruz (OPLEV) y tribunal electoral de Veracruz (TEV) exhiben, otra vez, su hermanamiento. Por enésima ocasión, pretenden justificar su innecesaria existencia. El hermanamiento, en esta ocasión, consiste en que el consejo general del OPLEV ha asignado las regidurías violentando el principio de “no sobre representación”, por lo que, se presumen ilegales; principalmente en todos los ayuntamientos con más de una regiduría. La ilegalidad consiste en el rebase del 8% de votación obtenida al asignar regidurías a partidos que se ubican en este supuesto. La ilegalidad aprobada en el acuerdo OPLEV/CG399/2025, dio pauta a la interposición de nuevas impugnaciones ante el TEV; el cual, seguramente, ratificará como válidos los mecanismos aplicados por aquél en dicha distribución. Los representantes de los partidos políticos, como parte del consejo general del OPLEV, son cómplices de la conducta ilícita.
Es de recordarse la reiterada queja de la oposición respecto de la sobre representación que otorgó el consejo general del INE a la triada que “ganó” la mayoría calificada en la Cámara de Diputados Federal. Cada representante de partido opositor levantó la voz exigiendo se impidiera tal hecho; esto, en virtud de las asignaciones de curules por la vía plurinominal; como en el caso que nos ocupa en la asignación de regidurías.
Con nula autonomía, el OPLEV violentó el principio democrático de: “no sobre representación”, con la complicidad de los representantes de partidos; hecho comprobable toda vez que ninguno de ellos replicó la distribución de las regidurías. En la sesión correspondiente, como en tantas otras, “la camaradería” también sobresalió. Las botanas, que paga el pueblo, se hicieron notar; el cafecito, las galletas y otras menudencias fueron suficientes para soslayar la responsabilidad dada por los candidatos a regidores a esos representantes.
No es peccata minuta la omisión de réplica de los representantes de partidos. Todos, sin excepción, previeron que no interpondrían impugnación alguna utilizando el “Recurso de Inconformidad”; pues, su silencio y/o complicidad en la sesión, se consideran “actos consentidos”; por lo tanto, evitarán que “les den palo”. ¿Cuál fue el pacto entre los representantes para aprobar el acuerdo aludido? Nunca lo sabremos.
Entre los artículos violentados del Código Electoral Local por el consejo general está el artículo 108, que no incluye la facultad a dicho consejo general del OPLEV de entregar las constancias de regidurías; pues, dicha facultad la tienen los consejos municipales electorales, acorde al artículo 148 fracción XIII; las cuales, de manera personalísima, las entregan a los candidatos electos. Así las cosas, en petit comité, el consejo general del OPLEV, se presume que, previamente, acordó violentar la ley.
Para lavarse las manos, sin excepción, las dirigencias de los partidos políticos “invitarán” a los excandidatos perjudicados a que interpongan el Juicio para la Protección de los Derechos Político-electorales del Ciudadano, conocido como JDC contra la ilegal asignación de regidurías. La invitación tendrá como finalidad evitar la migración de esos excandidatos a otro partido y evitar ser descubiertos en su complicidad. Actuarán como Pilatos…
Las resoluciones que recaerán en los JDCs que se interpongan serán muy similares. Aplicando la técnica de “copia y pega”, resolverán a granel; pues, como se ha dicho en infinidad de ocasiones, carecen de autonomía; se desempeñan acorde a las indicaciones de quienes les dieron el cargo.
Otro sí digo. – El diputado morenista: Alfonso Ramírez Cuellar propone cobrar tenencia vehicular en todos los estados. El pueblo le cobrará su estúpida propuesta votando por otro partido.
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