Ángeles González Ceballos
Aún y cuando el ORFIS llevó a cabo la capacitación para que las autoridades municipales salientes como para las autoridades entrantes, para que la transiciones o las entregas-recepción ocurrieran de manera tranquila, la auditora general del ente fiscalizador Delia González Cobos, lamentó que algunas autoridades se hayan llevado desde documentos, muebles, computadoras o hayan intentado llevarse vehículos como en el caso de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Norma Estela Hernández.
Y es que la ahora exedil presentó información y evidencia fotográfica falsa al Congreso del Estado sobre un vehículo que supuestamente era chatarra para poderlo vender, pero se trataba de una camioneta de lujo en la que se trasladaba.
«Es muy lamentable lo que ocurrió en este municipio y ya sabemos de otros casos en los que ha habido irregularidades que lamentablemente y no obstante que dijimos en los cursos que son bienes públicos tanto un documento como los equipos informáticos, los vehículos, el mobiliario, en todos esos casos, los dictámenes serán de gran valía para el trabajo de fiscalización», aseveró.
Durante su comparecencia ante las y los diputados, recordó que en mayo del año pasado llevaron a cabo la capacitación para las autoridades salientes y, en noviembre hicieron lo correspondiente con las autoridades municipales entrantes.
«En ambos casos tuvimos una gran recepción acerca de esta capacitación, atendimos dudas y dimos seguimiento para la conformación de los comités tanto salientes como entrantes. El ORFIS funge como coadyuvante en el cumplimiento de las obligaciones con un enfoque preventivo y por eso ha sido el interés constante para dar las herramientas para que puedan fortalecer y mejorar la gestión pública.
En la Ley para la entrega y recepción se prevé un procedimiento que está efectuándose en esta nueva administración en la que se formula un dictamen para conocer en qué términos se recibió la administración municipal, que será sometido a la consideración del ayuntamiento en los 5 días hábiles siguientes para llamar a las personas servidoras públicas salientes, a fin de que aclaren las situaciones en que se hizo la entrega», detalló.
Esto significa que tanto el Congreso del Estado como el ORFIS estarán recibiendo la información de esos dictámenes que son útiles para la fiscalización, porque les indican las alarmas y puntos rojos en los que hay irregularidades.
En relación a la deuda pública, al cierre de 2024, era por 51 mil 276 millones de pesos que corresponden a la deuda pública y a obligaciones del ejercicio 47 mil 074 millones, mientras que de deuda pública de los entes municipales, es de 3 mil 954 millones de pesos.
Agregó que del Poder Judicial por 8 ciudades judiciales, corresponde 242 millones, lo que en total hace un monto de 51 mil 276 millones, lo que corresponde el total de la deuda para ese año.
«En 2025 vamos a hacer apenas la revisión, porque estos números son al final de 2024, entonces vamos a hacer la revisión y esto nos va a dar un poco más de información acerca de esta deuda», aseveró.