Raúl Rodríguez Cortés
El primero de julio de 2019, al cumplirse un año de su victoria electoral, Andrés Manuel López Obrador declaró: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no lo necesita y que la defensa de la nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos; (pero desaparecerlo) no lo puedo hacer porque hay resistencias (y) una cosa es lo deseable y otra lo posible”.
La Guardia Nacional (GN) no tenía entonces ni cuatro meses de creada, de manera que la declaración hecha por AMLO en entrevista con el diario La Jornada se interpretó como una especie de bendición al nuevo cuerpo creado para garantizar la seguridad pública e interna del país y como una justificación retórica ante el incumplimiento de su promesa de campaña de regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles.
La amenaza de una intervención militar con la que insistentemente nos amaga Donald Trump en estos tiempos, deja ver hoy la magnitud de aquel disparate declarativo de desaparecer al Ejército porque no lo necesitamos por ser pacifistas, pero también sugiere que en la mente de AMLO era absolutamente real esa intención de desaparecerlo, aunque contradictoriamente, le encomendaría como nunca todo tipo de responsabilidades ajenas a su función sustantiva.
Al cabo de casi siete años la GN, en efecto, está totalmente integrada a la estructura militar de la Sedena mientras que el Ejército y la Marina se han ocupado de la construcción de obras emblemáticas del gobierno (AIFA, Tren Maya y Tren Interoceánico) y se ocupan de operarlas y administrarlas al igual que a los puertos y las aduanas, lo que ha llevado a que las fuerzas armadas manejen recursos públicos que pasaron en ese período de un marginal tres por ciento del presupuesto a un muy significativo 20 por ciento, con un aumento absoluto de 154 mil millones de pesos.
Pero ese nunca visto empoderamiento presupuestal y político de las fuerzas armadas no representó una expansión de su poder de fuego o una modernización bélica del instituto armado. Ha sido, más bien, una especie de militarización de la inversión pública que encubre la verdadera intención de AMLO y Morena de debilitarlo, según sugiere la hipótesis de un grupo de altos mandos militares en retiro que se reúnen periódicamente para analizar la actual coyuntura del país y de las fuerzas armadas.
Incluso van más allá al considerar que la ampliación de sus encomiendas y los enormes fondos públicos entregados para realizarlas, le apostaron a corromperlas y, en consecuencia, debilitarlas.
Esto se ha conseguido si nos atenemos a datos sobre los que así lo corroboran de acuerdo con la propia Sedena y los blogs especializados Global Firepower e Infodefensa:
- Tenemos una artillería de hace setenta años, en medio siglo no se incrementó significativamente el armamento mayor (aviones, helicópteros, buques, blindados) y, por el contrario, varios programas de modernización fueron cancelados entre 2017 y 2024; la fuerza Aérea no opera cazas de combate desde 2005 y no tenemos un solo submarino.
- Las fuerzas armadas suman un total de poco más de 405 mil efectivos (170 mil del Ejército, 15 mil de la Fuerza Aérea, 80 mil de la Marina-Armada de México y 140 mil de la Guardia Nacional). Las bajas aumentaron notablemente entre 2019 y 2024, un total de 95 mil 399, de las que al menos 936 fueron por deserción (normalmente asociada a corrupción) y 188 por muertes en servicio.
No sin vergüenza -según los mismos altos mandos en retiro consultados- reconocen que en términos estrictamente militares no hay manera de confrontar el poderío estadounidense que se desplegaría en una eventual intervención armada y aceptan que, como ha ocurrido desde siempre, los servicios de inteligencia militar y de sus agencias de seguridad (DEA, FBI y CIA, entre otras) trabajan regularmente sobre nuestro territorio.
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