Isabel Sepúlveda
Dedico este artículo a los muertos y desaparecidos y a sus familiares, víctimas de un gobierno federal que durante seis años permitió la expansión del CO para mantenerse en el poder.
El resultado es un gobierno debilitado por la amplia penetración del narco en el comercio y la política en gran parte del territorio nacional.
Si la intención de la presidenta Sheinbaum es recuperar el país para gobernar bajo un Estado de derecho que garantice la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad económica, solo lo logrará convocando cordialmente a la unión de todos los mexicanos.
Por eso no se entiende que, a la par de llevar a cabo una estrategia de desmantelamiento del CO, con aprobación general, la Presidenta se obstine en su iniciativa de reforma electoral elaborada discrecionalmente sin tomar en cuenta ni a partidos políticos ni a expertos ni a la sociedad civil. Solo a la élite del partido en el poder, no para mejorar las instituciones democráticas anuladas por la 4T, sino para terminar de aniquilarlas y eternizarse en el poder sin esas estorbosas instituciones que garantizan los derechos y libertades ciudadanos.
En el proyecto de reforma no hay un solo argumento que valide como democrático su contenido ni que considere oportuna su presentación. Académicos expertos en la materia, ex consejeros electorales, empresarios, analistas, la oposición y la sociedad civil se han manifestado en contra con argumentos irrefutables, por los efectos letales que tendrá en la moribunda democracia que han dejado los gobiernos morenistas.
Lo único comprobable es la intención de control total del poder a través de las elecciones, peor aún que en la época priista.
El pasado lunes Coparmex nacional expresó públicamente las razones por las que no es momento de una reforma electoral, sino de priorizar a nivel nacional la seguridad y la inversión. El país necesita estabilidad y eficacia gubernamental, no discusiones que puedan generar mayor división. Cualquier señal que sugiera el debilitamiento de la libertad democrática de los ciudadanos y de las instituciones, incrementa la incertidumbre y frena aún más la inversión y la creación de empleos. En este contexto, discutir una reforma electoral sin consenso ciudadano resulta riesgoso e inoportuno.
Toda reforma electoral debe tener cinco pilares fundamentales: 1. Autonomía de las autoridades encargadas de organizar las elecciones, con capacidad operativa suficiente y una estructura profesional y confiable de carácter permanente, no improvisada. 2. Pluralidad legislativa que refleje la diversidad política y social del país. 3. Inclusión de minorías evitando barreras que limiten la participación política y el surgimiento de nuevas fuerzas. 4. Fiscalización sólida y efectiva que garantice condiciones equitativas de competencia. 5. Certeza jurídica, con reglas claras, estables y previsibles.
La reforma, en vez de cumplir con estas premisas básicas, las suprime.
La forma más efectiva utilizada por el CO para controlar municipios, estados y puestos de elección popular, ha sido la extorsión y el financiamiento ilícito. El proyecto no contiene una sola mención sobre la participación del CO en las elecciones ni contempla medida alguna para combatirla, a pesar de haber propuestas ciudadanas concretas para impedirla.
La iniciativa también desaparece el PREP, que es una de las herramientas que más certeza da a las elecciones al ser un reporte en tiempo real para vigilar el conteo de votos. El posterior cómputo distrital es el conteo oficial. El cruce de información entre las dos herramientas sirve para probar una elección válida o fraudulenta. Todo llevado a cabo por ciudadanos del distrito electoral correspondiente y el equipo profesional de la junta distrital. Al suprimir el PREP y desaparecer el servicio profesional electoral, la certeza de una elección válida desaparece.
Dice la Presidenta que se debe reducir el financiamiento al INE. Además de estar comprobado el mínimo costo del sistema electoral frente a los beneficios que representa, lo peligroso no es el costo sino la desaparición de un sistema electoral que había demostrado, hasta antes de ser capturado por Morena, su autonomía y eficiencia.
De ser aprobada, desaparecerán la competencia y el pluralismo bajo el pretexto de austeridad y “eficiencia”. Ni uno ni lo otro, lo que se busca es el poder sin contrapesos.
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