Felio Kuishí
Reflexión.
El trágico asesinato de Doña Ana María Jerónimo Morales, una comerciante de 50 años que perdió la vida en un ataque armado en el mercado de Acayucan, es un recordatorio desgarrador de la fragilidad de la seguridad pública en nuestra región.
A pesar de los discursos optimistas del alcalde Raúl David Salomón García y de las autoridades como la sindica sobre la supuesta protección en el centro del municipio, la realidad se manifiesta con violencia y sufrimiento en las calles donde habitan nuestros ciudadanos.
Doña Ana María, conocida por su dedicación al comercio de verduras y su labor diaria al lado de su hija, se convirtió en la víctima inocente de un contexto sumamente complicado. Su muerte no puede ser justificada como “daño colateral”.
La inseguridad en Acayucan representa la descomposición social que se ha apoderado de nuestro Municipio y la situación de inseguridad está afectando a familias enteras. Cada vez son más los hechos reales de inseguridad que se suman a esta historia de dolor y sufrimiento, exponiendo la incapacidad del gobierno municipal y del Mandatario del Estado Rocío Nahle para garantizar la vida y la seguridad de sus habitantes.
Las palabras de la síndica Alma Rosa, quien sostiene que “la seguridad en el centro existe”, resuenan huecas ante la evidencia de que la realidad es diametralmente opuesta. El ataque armado, lejos de ser un fenómeno aislado, se inscribe en un patrón de violencia que asola a nuestra comunidad. El hecho de que las autoridades puedan controlar lo que sucede en el centro, pero no en las afueras, es un reflejo de una política fallida que prioriza la imagen política pero no soluciona con la efectividad lo real.
Este suceso ha dejado a muchos ciudadanos, comerciantes y familiares de Doña Ana María en estado de shock y en búsqueda de justicia.
Exigimos no solo el esclarecimiento de este crimen, sino también un cambio real en la estrategia de seguridad que garantice la integridad de cada persona en Acayucan. Los discursos populistas que minimizan la situación actual deben dar paso a acciones concretas que protejan a quienes, como Doña Ana María, solo deseaban vivir y trabajar en paz.
Es imperativo que se escuche la voz del pueblo, un clamor que exige medidas efectivas contra la delincuencia y que pone de manifiesto la necesidad urgente de una política de seguridad integral que vaya más allá de las promesas vacías. Basta ya de ignorar la realidad; es hora de actuar antes de que otro nombre se sume a la larga lista de víctimas de esta violencia que tanto nos duele.
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