Ángeles González Ceballos
El alcalde del municipio de Santiago Tuxtla, Noé Domínguez Cadena, reveló que su gobierno detectó un presunto daño patrimonial que podría superar los 133 millones de pesos, durante la administración encabezada por su antecesora, Brianda Kristel Hernández Topete, lo que calificó como un escándalo financiero de gran tamaño.
Explicó que dicha suma de dinero surge de una auditoría realizada por su administración en la que se encontraron «graves inconsistencias» en al menos 64 obras ejecutadas entre 2024 y 2025, muchas de ellas presuntamente fuera de los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), sólo en el rubro de obra pública y las observaciones rebasan los 80 millones de pesos.
«Pero el golpe más fuerte no está sólo en las obras, sino que la administración anterior dejó adeudos fiscales por alrededor de 53.7 millones de pesos, dinero que sí estaba presupuestado, pero nunca se pagó», señaló.
Puntualizó que entre los pendientes detectados se encuentran, retenciones de ISR no enteradas a la Federación, falta de pago del 3% sobre la nómina, derechos y obligaciones incumplidas con Hacienda Estatal y Federal, entre otros.
“Ese dinero lo tenían, lo presupuestaron, pero simplemente no lo pagaron”, denunció el edil.
Por lo cual advirtió que estas omisiones hoy tienen consecuencias directas para el municipio, ya que las participaciones federales llegan con descuentos por multas, recargos y créditos fiscales generados por esos incumplimientos.
Fue ahí donde adelantó que en los próximos días presentará más de siete denuncias formales contra exfuncionarios de la administración pasada, las acusaciones incluirán presuntos delitos como peculado, desvío de recursos, incumplimiento de un deber legal, omisión y corrupción.
Además, el Ayuntamiento iniciará procesos administrativos para buscar la inhabilitación de varios exservidores públicos, entre ellos integrantes de la Comisión de Hacienda, la exalcaldesa, el exsíndico, la exregidora primera, la excontralora, funcionarios de obras públicas y el extesorero municipal.
Sumado a esto, informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya notificó una observación adicional por 16 millones de pesos, considerada como falta grave, por lo que ordenó abrir una investigación administrativa al área de Contraloría Interna que podría derivar en sanciones e inhabilitaciones.
Manifestó que debido a todo esto han tenido que realizar esfuerzos extraordinarios para cumplir con pagos básicos, ya que los adeudos heredados generan descuentos en las participaciones federales.
Domínguez Cadena indicó que han tratado de mantener estabilidad financiera y aseguró que desde el primer día están «estirando» los recursos.
«A pesar de que no había dinero, fuimos de los pocos ayuntamientos que pagaron la primera quincena y seguimos cumpliendo nuestras obligaciones para que la población sea la menos afectada”, sostuvo.
Cabe mencionar que con todo esto, la administración de Kristel Hernández Topete se perfila para ser uno de los escándalos administrativos más graves en la historia reciente de Santiago Tuxtla, por lo que serán las autoridades fiscalizadoras y judiciales, las que lo resuelvan.
