Rogelio Mirazo Román
El gobierno federal, a través de un decreto publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), impuso nuevos aranceles que van del 5% al 35% a 185 fracciones arancelarias y ajustó los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC). La medida, que busca proteger a la manufactura intermedia y a la industria ligera nacional, generó un intenso debate sobre su efectividad y sus efectos colaterales, particularmente en el sector automotriz, la columna vertebral de las exportaciones mexicanas.
La política combina una protección arancelaria general con exenciones selectivas en los PROSEC, con el objetivo dual de blindar la proveeduría nacional y preservar la integración regional bajo el marco del T-MEC. Los sectores directamente beneficiados son el textil-confección —con aranceles del 35% a tejidos de algodón, mezclilla y sintéticos—, la industria química y de plásticos —con gravámenes del 25% al 35% a insumos clave—, y la siderúrgica y metalmecánica, que recibió un 35% en ferroaleaciones, tubos y tornillería. La intención explícita es fomentar la sustitución de importaciones y dar un respiro a industrias vulnerables frente a la tensión externa y la competencia internacional.
En contraparte, los sectores que utilizan estos insumos protegidos, como la industria del mueble, juguetería y artículos deportivos, enfrentarán una presión inmediata sobre sus costos. El decreto también anticipa un impacto inflacionario en el corto plazo. Bienes finales de consumo masivo con alta ponderación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), como bicicletas (35%), cuadernos (35%) y cocinas de hierro (35%), experimentarán un aumento directo al consumidor, salvo que la oferta nacional compita en precio y reaccione de inmediato, lo cual se considera difícil en el corto plazo. Asimismo, los insumos y empaques (papel prensa y envases metálicos) tendrán un efecto indirecto sobre los precios al productor y al consumidor.
El punto más álgido del decreto es su impacto en el sector automotriz. Aunque la administración exentó algunos insumos críticos de acero vía los PROSEC, otras fracciones genéricas de autopartes, como la 8708.29.99, recibieron un arancel del 35%. Esto afecta directamente la importación de facias, molduras, biseles, componentes interiores y unidades de iluminación, piezas que mayoritariamente provienen de Asia. Datos del sector indican que países sin Tratado de Libre Comercio, principalmente China, representan más del 20% de las importaciones mexicanas de autopartes, lo que elevará los costos de las ensambladoras que aún dependen de proveedores no regionales.
La verdadera ventaja competitiva del decreto no reside en el arancel general, sino en los ajustes al Artículo 5 del PROSEC, que exentan de gravamen ciertas láminas de acero para los sectores eléctrico, electrónico y automotriz. Asimismo, la medida es clara al eximir de estos nuevos aranceles a las mercancías originarias de Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC, una señal de alineamiento crucial en un año marcado por la renegociación del tratado, con el fin de preservar las cadenas de suministro de Norteamérica.
No obstante, el balance sobre competitividad e impulso al comercio es dual, por un lado, busca fortalecer a la industria nacional, y por el otro, introduce costos que la desafían. Esto último es particularmente notorio para el caso de la industria automotriz, principal motor exportador del país. El arancel del 35% a autopartes no originarias de América del Norte es claramente un desincentivo directo a la importación de insumos asiáticos, generando un choque de costos para las ensambladoras que no han regionalizado su cadena de suministro.
Marcas asiáticas como Morris Garages (MG), Build Your Dreams (BYD) o Geely, que carecen de una base de proveedores local fuerte, son las más vulnerables y podrían verse forzadas a acelerar inversiones productivas en México para eludir el gravamen. Incluso para las armadoras tradicionales como Nissan, General Motors o Ford, el costo de oportunidad es alto, en un momento en que México ya registró una caída en sus exportaciones de autopartes a Estados Unidos del -1.7% en 2025.
Este reacomodo de costos se produce en un contexto de alta tensión geopolítica, donde Estados Unidos ha puesto sobre la mesa de renegociación del T-MEC la propuesta de elevar los requisitos de origen, lo que puede fragmentar aún más las cadenas y elevar los costos de transición.
En conclusión, el decreto protege la producción local y empleos en eslabones clave. Sus exenciones vía PROSEC y el trato preferencial del T-MEC mitigan impactos para los insumos estratégicos reforzando cadenas de suministro regionales. Al mismo tiempo impone un choque de costos que impactará a la industria vinculada a insumos protegidos. Sin embargo, su efecto neto sobre el crecimiento y las exportaciones mexicanas será limitado si no se acompaña de políticas complementarias de inversión pública y fortalecimiento de la productividad. En lo inmediato, el choque de costos en sectores como el de autopartes reconfigurará las decisiones de suministro y la ubicación industrial, en una estrategia que claramente busca reducir la dependencia de productos e insumos de origen asiático.