Por José Luis Pérez Cruz
Crónicas del Poder
– Morena busca combatirlo pero es protagonistas muchas historias familiares en palacios municipales
En Veracruz, donde durante décadas la política se heredó como si fuera una parcela familiar, la propuesta de Morena para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral abre un debate incómodo, pero necesario: ¿el poder público pertenece a la ciudadanía o a los mismos grupos que se lo rotan entre parientes?
La iniciativa presentada en el Congreso local por la diputada Lucía Begoña Canales Barturen intenta colocar un freno constitucional a una práctica que en muchos municipios ya parecía normalizada.
Alcaldes que impulsan a esposas, hermanos, hijos o compadres para sucederlos; diputaciones convertidas en franquicias familiares; ayuntamientos donde el apellido pesa más que la preparación o la capacidad política. La democracia, en esos casos, deja de ser competencia y se convierte en una mesa apartada donde siempre comen los mismos.
Y llama la atención que la propuesta venga de Morena, que en los últimos años se ha convertido en el mejor ejemplo del nepotismo en el Estado de Veracruz.
Sólo basta con echar un ojo a los actuales municipios, donde gobierna desde hace ocho años en el sur de Veracruz.
DESDE EL HERMANO HASTA LA NOVIA DEL HIJO
Allí hay administraciones, donde en los puestos claves, se olvidó la capacidad y el perfil para ubicar en áreas como adquisiciones al sobrino, a la nuera, la novia del hijo, o hasta el ahijado. Y es que en la más elemental lógica, buscan cubrirse las espaldas, o en algunos casos, hacer negocios y que mejor confianza el de tener a un familiar al frente de estas áreas.
En otros casos, los hijos de algunos alcaldes o ex alcaldes, sin estar en nómina, cumplen con las funciones de “vicepresidente” y al interior y al exterior son los segundos que mandan. Minatitlán, Nanchital y Agua Dulce siguen en el pasado y presente dando ejemplos.
Cuando se cuestiona al edil en turno, la respuesta es fácil para ellos: “no cobran, no están en nómina sólo me ayudan”, pero ahí pasan muchas horas en los pasillos del palacio municipal.
Pese al discurso terminan normalizando la situación.
El nepotismo electoral y el administrativo erosiona la confianza ciudadana porque manda un mensaje devastador: no importa el mérito ni las propuestas, sino el árbol genealógico correcto.
Cuando la política se percibe como una herencia familiar, la participación ciudadana se desmorona y crece el desencanto con las instituciones. La gente deja de votar con esperanza y empieza a hacerlo con resignación.
Sin embargo, el debate no debe quedarse en el discurso moral. La prohibición del nepotismo y de la reelección inmediata también revela una contradicción política de fondo.
Durante años, la reelección consecutiva fue defendida como una herramienta para profesionalizar el servicio público y permitir que la ciudadanía premiara o castigara resultados. Hoy, el péndulo vuelve al extremo contrario: impedir que alguien permanezca en el mismo cargo de manera consecutiva.
EL USO PATRIMONIAL DEL PODER
Ahí surge la gran pregunta: ¿el problema era la reelección o el uso patrimonial del poder?
Porque un mal alcalde seguirá siendo malo aunque solo dure un periodo, y un buen legislador podría verse obligado a abandonar proyectos útiles por una restricción constitucional. El riesgo es que, en nombre de combatir cacicazgos, se fortalezca la improvisación política y el reciclaje de figuras en distintos cargos.
La metáfora es inevitable: Veracruz parece intentar apagar un incendio con una cubeta de agua mientras el bosque sigue lleno de gasolina.
El nepotismo no nace únicamente de la ley; nace de una cultura política donde los partidos privilegian lealtades internas sobre perfiles ciudadanos, y donde las estructuras electorales siguen dependiendo de grupos cerrados de poder.
Además, el hecho de que las reformas entren en vigor hasta 2030 despierta suspicacias. El mensaje político puede interpretarse como una medida correcta, pero cuidadosamente diferida para no alterar los equilibrios inmediatos. Es decir, una cirugía anunciada para después de la próxima batalla electoral.
Aun así, sería un error minimizar el alcance simbólico de la propuesta. En un estado marcado históricamente por cacicazgos regionales y redes familiares de poder, establecer límites constitucionales manda una señal relevante: el acceso a los cargos públicos no debería depender de la sangre, sino de la legitimidad democrática y la capacidad de gobernar.
La verdadera prueba no estará en la aprobación de la reforma, sino en su aplicación futura. Porque las familias políticas rara vez desaparecen; simplemente aprenden a disfrazarse. Cambian de siglas, colocan operadores en la sombra o trasladan el poder a otros espacios.
La democracia veracruzana necesita oxígeno, competencia real y ciudadanos convencidos de que pueden llegar al poder sin pertenecer a una dinastía. La reforma puede ser un primer paso. Pero si no va acompañada de partidos más abiertos, vigilancia ciudadana y auténtica rendición de cuentas, el riesgo es terminar con menos reelección… y exactamente los mismos apellidos.