Cruce de Ideas
Por Martín Calderón Flores
Hay asuntos que dentro del mundo político no pueden tomarse con simpleza y uno de ellos es la violencia política en razón de género, y no porque esté de moda, sino porque realmente tiene consecuencias para quienes son parte del ejercicio del poder, razón por la cual llama la atención los hechos que rodean al ayuntamiento en Acayucan.
Le explico el contexto. La regidora séptima de Movimiento Ciudadano de esta ciudad, Monserrat Mendoza Arvea, denunció al alcalde Raúl David Salomón García ante el Tribunal Electoral de Veracruz por presuntos actos de violencia política en razón de género. Hasta aquí vale la pena aclarar que el Tribunal consideró que existen elementos suficientes para otorgar medidas de protección a favor de la regidora y que aún no emite una resolución que determine si el alcalde es o no responsable.
Y es que mire, una cosa es que exista una acusación y otra muy distinta que una autoridad electoral decida intervenir y ordenar medidas cautelares. Dicho en palabras simples y sin tanto adorno, el Tribunal consideró que el asunto merecía atención inmediata y eso por sí solo ya coloca el caso en otro nivel.
Ahora bien, este episodio no surge en un vacío político, pues durante los últimos meses la administración municipal de Acayucan ha enfrentado problemáticas que han generado cuestionamientos entre la población. Ahí está la polémica derivada de la resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que ordena al Gobierno de Acayucan la reinstalación de trabajadores despedidos desde 2014 y el pago de salarios y prestaciones acumuladas durante más de una década o también están críticas ciudadanas por la mala ejecución de obras públicas, particularmente por los trabajos de bacheo en algunas de las principales vialidades de la ciudad, pues vecinos y comerciantes manifiestan inconformidades por los tiempos así como las afectaciones económicas que han provocado y ya sin tocar el tema de seguridad, en el que el alcalde ha demostrado pocos resultados.
Por supuesto, ninguno de estos temas guarda relación jurídica con la denuncia presentada por la regidora Monserrat Mendoza Arvea, pues son asuntos distintos, sin embargo, las percepciones también cuentan políticamente hablando y cuando varias polémicas comienzan a acumularse alrededor de una misma administración y del mismo alcalde, el desgaste termina siendo inevitable.
Ahora bien, lo interesante es que esta historia apenas comienza, pues si la regidora decide continuar con el procedimiento instaurado y las autoridades electorales terminan confirmando la existencia de violencia política en razón de género, las consecuencias podrían alcanzar directamente las aspiraciones políticas del alcalde acayuquense, pues más allá de las obvias multas o sanciones, existe la posibilidad de terminar inscrito en el padrón nacional de violentadores políticos, situación que inevitablemente se convierte en una pesada losa para cualquiera que aspire a seguir construyendo una carrera pública.
Por eso, lejos de una simple diferencia entre el alcalde y la regidora, lo que está en juego es la forma en que se ejerce el poder al interior del ayuntamiento de Acayucan y la forma en que se relacionan los integrantes del cabildo.
Al final serán las autoridades quienes determinen si existe o no la conducta denunciada, pero mientras tanto, la intervención del Tribunal Electoral así como la orden de las medidas de protección, ya están sobre la mesa y muy difícilmente puede decirse que se trate de un tema que deba tomarse a la ligera, porque si algo es cierto es que en la política, golpes como esté hacen evidente que muchas veces el desgaste comienza mucho antes de que llegue la sentencia, y el alcalde Raúl Salomón suma una polemica más en solo 6 meses de gestión administrativa.
Es cuanto.
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