Vivir en el Golfo//Rodolfo Herrera
Recientemente, el diputado José Reveriano Marín Hernández presentó una iniciativa en el Congreso local de Veracruz para sancionar las denuncias falsas contra docentes. La propuesta busca equilibrar la legítima protección de los estudiantes con el derecho de los maestros a no ser suspendidos de inmediato, sin oportunidad de defensa, por señalamientos infundados. Algunos aplauden la medida; otros la ven con recelo. Pero la pregunta de fondo es incómoda y necesaria: ¿en la actual administración de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), al mando de Claudia Tello, es realmente urgente blindar al magisterio de acusaciones malintencionadas? La evidencia sugiere que sí, y de manera apremiante. 
La estrategia de la “Línea Educativa Ciudadana”, promovida desde la SEV y replicada con celo en instancias como la Coordinación Estatal de Telebachillerato Comunitario bajo Ulyses Eduardo Pino Carro, nació supuestamente con el noble fin de canalizar quejas y mejorar la gestión. En la práctica, se ha convertido en un mecanismo que, llevado al extremo, fomenta el señalamiento anónimo y la presunción de culpabilidad. Videos del año pasado, surgidos en medio de denuncias de acoso laboral por parte de docentes y administrativos, muestran con crudeza cómo se instruye a los profesores: se les trata como sospechosos de entrada, se levantan actas administrativas a partir de llamadas sin rostro y una coordinación educativa asume roles que rayan en los de una fiscalía paralela. 
Esto no es mera percepción. Protocolos que activan suspensiones preventivas con solo una denuncia —incluso anónima— colocan al docente en estado de indefensión. Su nombramiento queda en suspenso, su reputación dañada y su trayectoria profesional en riesgo, mientras la investigación avanza con lentitud o sesgos. Padres enojados por una calificación baja, alumnos resentidos por una llamada de atención o, peor aún, intereses internos de control y depuración, encuentran en estos “buzones de voz” una herramienta fácil para ajustar cuentas. El resultado: un clima de miedo en las aulas, donde los maestros prefieren no intervenir en conflictos, no exigir rigor académico y, en última instancia, bajar la calidad educativa para evitar problemas.
La iniciativa de Reveriano Marín, quien además es líder magisterial en la Sección 56 del SNTE, no busca impunidad para abusadores. Al contrario: enfatiza que las denuncias acreditadas deben investigarse con rigor y sancionarse con severidad, porque la prioridad es siempre la integridad de niñas, niños y adolescentes. Pero también reconoce la otra cara de la moneda: maestros que ven destruidas sus carreras por falsedades, sin contrapeso ni sanción al denunciante malicioso. Proponer multas económicas y responsabilidades penales para quienes mienten no es un exceso; es justicia mínima en un sistema que hoy parece inclinarse más por la persecución que por el debido proceso. 
En una administración que pregona humanismo, justicia social y revalorización docente, resulta paradójico que se toleren prácticas que criminalizan preventivamente al magisterio. El acoso laboral denunciado por diversos sectores educativos no solo afecta a los profesores: erosiona la autoridad en las escuelas, desmotiva a los buenos docentes y, en última instancia, perjudica a los estudiantes que más necesitan modelos de integridad y profesionalismo.
Proteger al magisterio de denuncias falsas no es un capricho sindical ni un retroceso. Es una exigencia de equilibrio, legalidad y sentido común. Si la SEV y sus coordinaciones insisten en actuar como juez y parte sin garantías mínimas, el Congreso debe avanzar con firmeza en esta iniciativa. Veracruz necesita maestros comprometidos, no aterrorizados. Y los niños merecen una educación de calidad, no un sistema donde el miedo y la delación anónima dicten el día a día en las aulas.
Es hora de que las autoridades educativas demuestren con hechos su compromiso con la justicia, no solo con los discursos. El magisterio veracruzano no está pidiendo privilegios: pide que no se le trate como enemigo por default.
Las ideas y opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de PALABRA DE VERACRUZANO. Respetamos el derecho a la libertad de expresión
