Carlos Sedano
Hay noticias que hace veinte años habrían pasado casi desapercibidas y que hoy producen exactamente el efecto contrario. Una de ellas es la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de mantener bajo reserva, durante cinco años, las comunicaciones diplomáticas sostenidas con el gobierno de Estados Unidos en torno a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, por sus presuntos nexos con el narcotrafico.
En términos prácticos, esto significa que la sociedad no podrá conocer el contenido de las notas diplomáticas, los intercambios oficiales, las solicitudes de cooperación, las respuestas institucionales ni otros documentos que permitan reconstruir cómo actuó el Estado mexicano frente a un asunto de enorme relevancia pública. La justificación oficial es la protección de la política exterior; el debate democrático, sin embargo, gira en torno al impacto que esa decisión tiene sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.
Con los años he aprendido que las instituciones no gobiernan únicamente mediante leyes, presupuestos o el uso legítimo de la fuerza. También gobiernan administrando incertidumbre. Cada documento que publican, cada explicación que ofrecen y cada silencio que guardan modifica la manera en que la sociedad interpreta la realidad. Gobernar también significa producir expectativas sobre el comportamiento futuro del propio Estado, y esa tarea depende tanto de la información que circula como de aquella que deliberadamente se reserva.
Durante décadas el secreto institucional transmitía una sensación de estabilidad. Se asumía que, si determinada información permanecía clasificada, existía una razón de Estado que tarde o temprano sería comprendida. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Cada expediente cerrado parece abrir decenas de interrogantes nuevas. No necesariamente porque exista algo que ocultar, sino porque la confianza que antes llenaba esos espacios vacíos se ha deteriorado profundamente. Y esa diferencia cambia por completo el significado político del silencio.
Las democracias modernas funcionan gracias a un mecanismo extraordinariamente frágil: confiamos diariamente en miles de decisiones públicas que jamás podremos verificar personalmente. Ningún ciudadano puede revisar todas las investigaciones, asistir a cada negociación diplomática o conocer todos los expedientes gubernamentales. La vida democrática solo es posible porque aceptamos procedimientos que reducen la incertidumbre y permiten suponer que las instituciones actúan conforme al interés público. Cuando esa confianza comienza a erosionarse, el procedimiento deja de ser suficiente.
Es entonces cuando aparece una de las paradojas más inquietantes de nuestro tiempo. Aquello que jurídicamente pretende proteger a las instituciones termina políticamente debilitándolas. El secreto deja de reducir la incertidumbre y comienza a multiplicarla. Cada documento reservado deja de ser simplemente un archivo administrativo para convertirse en un objeto permanente de especulación. Las redes sociales llenan el vacío con hipótesis; los medios con filtraciones; los adversarios con sospechas; los simpatizantes con defensas automáticas. El expediente permanece cerrado, pero la conversación pública nunca.
Sin embargo, quizá el aspecto más delicado de esta reserva no sea el contenido de los documentos, sino el proceso de decisión que permanecerá fuera del escrutinio público durante un lustro. Lo que queda oculto no es únicamente información; es la forma en que el propio Estado decidió actuar.
Ese punto merece una reflexión más profunda. En una democracia no basta con conocer el resultado de una decisión; también es indispensable comprender el camino que condujo hasta ella. La legitimidad no depende únicamente del desenlace, sino de que los ciudadanos puedan reconstruir quién sabía qué, cuándo lo supo, qué alternativas fueron consideradas y por qué se eligió un determinado curso de acción. A eso podríamos llamarlo trazabilidad institucional. Cuando esa posibilidad desaparece durante un periodo tan prolongado, la evaluación pública deja de descansar en hechos verificables y comienza a alimentarse de conjeturas y narrativas enfrentadas.
Quizá el verdadero cambio de nuestra época sea éste: durante mucho tiempo el poder administró información; hoy está obligado a administrar credibilidad. Y son dos tareas profundamente distintas. La información puede clasificarse, archivarse o reservarse. La credibilidad no. Solo existe cuando los ciudadanos consideran razonable creer en lo que las instituciones comunican, y esa confianza no puede decretarse desde un escritorio, publicarse en el Diario Oficial ni protegerse con un sello de “confidencial”. Se construye lentamente, pero puede perderse con una velocidad extraordinaria.
Por eso el debate no debería concentrarse exclusivamente en si la reserva de cinco años tiene fundamento jurídico. Esa discusión corresponde a los tribunales. La discusión verdaderamente importante pertenece a la democracia. Una democracia no se fortalece únicamente cuando actúa conforme a la ley; se fortalece cuando sus ciudadanos siguen creyendo que las instituciones utilizan esa legalidad para proteger el interés público y no para protegerse a sí mismas. La legalidad puede justificar una decisión; la confianza social es la que termina legitimándola.
He pensado muchas veces que vivimos una época obsesionada con exigir transparencia. Tal vez el problema sea todavía más profundo. No estamos atravesando únicamente una crisis de acceso a la información; estamos viviendo una crisis de producción de confianza. Esa diferencia explica por qué, cada vez que un gobierno guarda silencio frente a un asunto de enorme interés público, millones de personas ya no interpretan prudencia institucional, sino temor, cálculo político o incapacidad para rendir cuentas.
Quizá esa sea la paradoja más inquietante de nuestro tiempo: el secreto, que durante siglos fue uno de los instrumentos más eficaces del poder, comienza a convertirse en la evidencia más visible de su propia fragilidad.
