Opinión//Fred Alvarez Palafox
El fantasma en los cielos del sur
Para entender la verdadera magnitud del caso 25-cr-090 (RC) en los tribunales federales de Washington, D.C., primero hay que mirar hacia las rutas aéreas silenciosas que conectan a Ecuador y Costa Rica con el Pacífico mexicano. Allí operaba Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”. No era un operador común; era el piloto y hombre de absoluta confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
Su modus operandi ilustra la sofisticación y el mimetismo de “Los Chapitos”: utilizando el pasaporte de su primo, Alejandro Ojeda Ávila, “El Jando” logró ocultar su verdadera identidad durante años. Bajo ese disfraz de normalidad, movilizó cientos de kilos de cocaína y armamento, surcando los cielos como un fantasma intocable para los radares de seguridad.
La captura en Jesús María
El telón de su impunidad cayó en febrero de 2025. Fue en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán —un territorio cuyas cicatrices aún laten en la memoria colectiva por operativos pasados—, donde elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lograron su detención.
El parte oficial de Omarg García Harfuch fue escueto pero revelador: “En Culiacán, Sinaloa, derivado de trabajos de inteligencia, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Mauro ‘N’, identificado como piloto aviador y operador clave… En esta acción lamentablemente perdió la vida un elemento del Ejército Mexicano”.
En un principio, la Fiscalía General de la República (FGR) lo procesó bajo un guion predecible: delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Sin embargo, el verdadero peso de Núñez Ojeda no radicaba en el armamento que le fue incautado, sino en los secretos que guardaba su memoria.
El quid de la seguridad: ¿Por qué ceder la pieza maestra?
Como lo apunté en La Silla Rota, el 12 de agosto el Gobierno de México entregó a 26 internos de alta peligrosidad —vinculados al CJNG y al Cártel de Sinaloa— a Estados Unidos. Entre los trasladados figuraban Servando Gómez “La Tuta”, Abigael González Valencia “El Cuini” y Pablo Edwin Huerta “El Flaquito”. No reparé, entonces, en la discreta presencia de “El Jando”.
Aquel operativo requirió 988 efectivos, 90 vehículos artillados y 11 aeronaves militares. Y tal como ocurrió el pasado 27 de febrero, la entrega no se realizó mediante los tratados formales de extradición. El Gabinete de Seguridad y la FGR fundamentaron la acción en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y en la Convención de Palermo, optando por un proceso simplificado bajo la promesa de que no se aplicaría la pena de muerte.
Mientras Omar García Harfuch argumentaba que la decisión buscaba neutralizar un “riesgo inaceptable” de fuga, la presidenta Claudia Sheinbaum declaraba que se trataba de una “decisión soberana” motivada exclusivamente por la seguridad interna, ajena a peticiones extranjeras.
En abierto contraste, García Harfuch, el fiscal Gertz Manero y el mismísimo embajador estadounidense Ronald Johnson confirmaron que el traslado obedeció a una solicitud expresa del Departamento de Justicia. El embajador incluso lo celebró en X (antes Twitter)..”Este traslado es otro ejemplo de lo que es posible cuando dos gobiernos se mantienen unidos”.
Esta entrega expedita no solo exhibió la vulnerabilidad del sistema penitenciario nacional, incapaz de contener las operaciones intramuros, sino que cuestionó la solidez de nuestro Poder Judicial ante la facilidad con la que se otorgan amparos; pero esa es otra historia.
El silencio de México, la ganancia de Washington
Es aquí donde la crónica judicial se convierte en un profundo cuestionamiento político. Las autoridades confirmaron recientemente que “El Jando” presuntamente operó el vuelo utilizado para el secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael Zambada.
La gran interrogante, el quid que sigue sin resolverse, recae en las decisiones del Gabinete de Seguridad operado desde Palacio Nacional: si “El Jando” era la pieza maestra, el eslabón fundamental para desentrañar exactamente qué ocurrió y cómo se orquestó la traición de aquel jueves 25 de julio de 2024, ¿por qué el Estado mexicano facilitó con tanta urgencia su traslado a Estados Unidos?
Al entregarlo, el gobierno abdicó de su oportunidad para interrogar, procesar y descubrir, en nuestro propio territorio, la verdad detrás de uno de los episodios más opacos en la historia reciente del narcotráfico. Hoy, frente a cargos gravísimos, el piloto ha hecho lo esperado: acogerse al pragmatismo del sistema estadounidense mediante un acuerdo de culpabilidad (Plea Agreement). El hombre que trabajó para “Los Chapitos” durante años, hoy canta en Washington.
Mientras la justicia estadounidense capitaliza la inteligencia criminal de este piloto, en México nos quedamos con el eco de una pregunta incómoda. Entregar a “El Jando” significó, en la práctica, exportar nuestra verdad; fue abandonar la memoria de aquel 25 de julio a merced de los expedientes de una corte extranjera.
Queda entonces la duda ineludible: ¿quién en el Gabinete de Seguridad —o acaso fueron todos— autorizó este traslado en las sombras?
Lo he dicho y hoy lo sostengo: en cualquier democracia madura, este nivel de opacidad ya habría provocado renuncias en la mesa de seguridad y, más importante aún, funcionarios imputados por omisión.
Las ideas y opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de PALABRA DE VERACRUZANO. Respetamos el derecho a la libertad de expresión